El silencio que antecede a la ruptura
Hay una crisis que el gobierno de Claudia Sheinbaum hereda sin querer nombrarla y que Andrés Manuel López Obrador incubó con la misma negligencia institucional con que trató todo aquello que no le resultaba políticamente rentable. Las Fuerzas Armadas mexicanas —el Ejército y la Guardia Nacional— atraviesan un proceso de descomposición interna silencioso pero acelerado, cuyo síntoma más elocuente es una cifra que nadie en Palacio Nacional quiere pronunciar en voz alta: la deserción.
Vivir en la trinchera del olvido presupuestal
No como fenómeno aislado. Como tendencia. Como respuesta orgánica a un abandono sistemático que lleva años gestándose desde las más altas esferas del poder civil. Hablar de deserción en las fuerzas armadas mexicanas no es hablar de cobardes ni de traidores. Es hablar de hombres y mujeres que decidieron, con frialdad aritmética, que los costos de permanecer superan con creces los beneficios de servir. Y cuando un soldado llega a esa conclusión, el Estado ha fallado antes que él. La realidad operativa y material de los soldados rasos, cabos y sargentos del Ejército Mexicano y de los elementos de la Guardia Nacional —la tropa que ejecuta, que patrulla, que muere— es un retrato de abandono institucional que ofende por su crudeza. Las raciones alimentarias durante operaciones de campo son insuficientes y de ínfima calidad; el propio personal las describe con un término que ningún documento oficial recoge pero que circula con amargura en los cuarteles: basura. Los chalecos antibalas están deteriorados. Los uniformes, de calidad tan precaria que resulta casi una ironía vestirlos en zonas de conflicto armado. El equipamiento táctico es caduco en un país donde el crimen organizado porta armamento de grado militar importado ilegalmente. Lo que sigue ya roza el absurdo: elementos castrenses han tenido que adquirir con recursos propios insumos mínimos para operar en campo. Cámaras corporales. Equipo de comunicación básico. Herramientas elementales de sobrevivencia. El Estado les exige jugarse la vida; ellos ponen además el dinero. Las instalaciones donde descansa la tropa —cuando descansa— presentan condiciones de precariedad que ningún servidor público de rango medio toleraría por una semana. La sobreexplotación del recurso humano castrense es una política no escrita pero religiosamente practicada.
El escalafonario roto y el mérito invisibilizado Políticas públicas urgentes, no buenas intenciones
El sistema escalafonario en las fuerzas armadas mexicanas lleva décadas con fracturas que ninguna administración ha tenido la voluntad política de reparar. Para los rangos bajos —que constituyen la masa operativa real del aparato de seguridad del Estado—, la movilidad ascendente es lenta, discrecional y frecuentemente ajena al mérito en campo. Un elemento que ha participado en decenas de operativos de alto riesgo puede permanecer años en el mismo rango, con el mismo sueldo raquítico, sin homologación salarial real frente a la inflación, sin reconocimiento institucional de sus acciones. Y ahí está el agravio que más duele, porque es el más visible y el más obsceno: el crédito político de las operaciones exitosas no va a quien las ejecuta. Va a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien con aplomo comunicacional se apropia de los resultados operativos que construyeron, con sus cuerpos y su sangre, los elementos castrenses. El soldado corre el riesgo; el funcionario cosecha los reflectores. Esa ecuación es moralmente insostenible y políticamente corrosiva. El diagnóstico exige respuesta concreta. Primero: una revisión inmediata y transparente del presupuesto operativo de tropa, con partidas etiquetadas para alimentación, equipamiento y mantenimiento de instalaciones, sujetas a contraloría social y auditoría externa. Segundo: una reforma escalafonaria que vincule los ascensos al desempeño verificable en campo, con criterios objetivos, plazos definidos y supervisión civil. Tercero: la creación de un sistema de reconocimiento institucional formal —no simbólico— que acredite públicamente las acciones de los elementos que operan en terreno. Cuarto: la homologación salarial real de los rangos bajos, con un incremento progresivo que corrija años de rezago frente al costo de vida. Quinto: un protocolo de salud mental y bienestar integral para personal en zonas de alta conflictividad, hoy prácticamente inexistente.
El costo de seguir mirando hacia otro lado
México ha construido en los últimos seis años un modelo de seguridad que depende estructuralmente de sus fuerzas armadas mientras las trata institucionalmente como prescindibles. Esa contradicción no es sostenible. La deserción es el primer aviso. Lo que viene después —degradación operativa, permeabilidad ante el crimen organizado, colapso de la moral de unidad— será incomparablemente más costoso que cualquier reforma presupuestal o escalafonaria hoy postergada. Claudia Sheinbaum tiene aún margen para corregir. Pero ese margen se estrecha cada día que un soldado decide que su país no lo merece. ____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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