Los daños del Tren Maya no terminaron tras la construcción de los tramos ferroviarios. Además del impacto ambiental, las comunidades de la Península de Yucatán se enfrentan ahora a una creciente militarización y violencia impulsadas por la operación y la vigilancia del megaproyecto. Desde que inició la construcción, diversas organizaciones no gubernamentales estudian y documentan las afectaciones del tren. Este martes presentaron su informe más reciente, después de realizar en abril una Misión Civil de Observación sobre los impactos en los tramos 5, 6 y 7, que atraviesan Quintana Roo y Campeche.
Sus resultados son abrumadores. Estiman una pérdida de 20 millones de árboles; la destrucción o perforación de 130 cenotes y cavernas; la contaminación de acuíferos por la colocación de 15,000 pilas de acero y la consiguiente corrosión de este metal. “En la Península de Yucatán se ha desencadenado uno de los procesos más devastadores de nuestro mundo actual. Quizás, con buenas intenciones, y eso es parte de la tragedia. Con la intención de sacar de la pobreza, de incluir en la modernidad a los pueblos y comunidades tradicionales”, afirmó Enrique Leff, sociólogo ambiental de la UNAM. La llegada del tren impulsa en la región el desarrollo inmobiliario y urbano, con consecuencias negativas para los habitantes de la zona: tienen más dificultades para acceder al agua; ven cómo suben los precios de la canasta básica y la vida cotidiana se militariza, a la par de que el crimen organizado se extiende con una ola de violencia, desapariciones, desplazamientos y despojos. “A partir de 2020, (llega) lo que no pasaba en nuestras comunidades: ejecuciones, asesinatos, muchas desapariciones. Nosotros tenemos registros locales de jóvenes, de niños, de hombres, trabajadores del tren”, explicó María Elena Hernández, habitante de una comunidad del sur de Campeche por donde corre el Tramo 1 e integrante del Colectivo Vida. Estas afectaciones, sin embargo, son la punta del iceberg , aseguró el grupo de especialistas. A medida que el Tren Maya siga operando, otros daños se harán presentes. Porque, acusaron, esta obra del sexenio de Andrés Manuel López Obrador no es un proyecto ferroviario o turístico, sino un plan para extender la urbanización en la Península de Yucatán. “Nunca hubo un estudio que nos dijera cuáles podrían ser las afectaciones a mediano y a largo plazo; pero es un daño inconmensurable. Apenas vamos a empezar a darnos cuenta de la suma de estas afectaciones para los próximos 10, 15, 30 años”, advierte Guillermo D’Christy, miembro de la organización Cenotes Urbanos. En la presentación del nuevo informe dijo que la especulación inmobiliaria en las comunidades que circundan el tren da cuenta de la poca selva que queda. Ahí se construyen desarrollos sin atender los temas de drenaje y el tratamiento de aguas residuales. Todo genera una presión hídrica y energética. “Estamos yendo directamente hacia una crisis hídrica en la Península de Yucatán. No porque no haya agua, sino porque, por un lado, se está contaminando y, por otro lado, la estamos sobreexplotando”, comentó.
Militarización y violencia El megaproyecto trajo de todo a las comunidades, menos progreso. Decenas de militares fueron desplegados para construir y vigilar el tren. Su presencia altera la vida cotidiana, denunciaron los expertos. “Creo que lo que más nos preocupa en este momento a las comunidades es el aumento de la violencia”, subrayó María Elena Hernández.
Hablar de lo que pasa es un riesgo. El informe da cuenta de varios defensores del medioambiente amenazados y perseguidos; de despojos y violaciones a derechos humanos. “Parece que Campeche es un lugar muy tranquilo, pero la verdad es que ya no”, lamentó. Lázaro Sánchez, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, observa que la violencia en el sureste arreció a partir de 2021 y alcanzó a Chiapas, a pesar de que la Guardia Nacional colocó 10 de sus sedes en el estado. “A la par de que se militariza, a la par de que se incrementa la delincuencia organizada, también incrementa el desplazamiento, las desapariciones, las ejecuciones”, señaló. “Con el disfraz del desarrollo, se sigue despojando a los pueblos”, agregó. Giovanna Gasparello concuerda. Es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la segunda institución gubernamental que más promueve el Tren Maya. Sin embargo, reconoce que este megaproyecto se acompaña de una «sistemática violación de los derechos humanos de las comunidades”, sin que existan mecanismos institucionales para quejas o denuncias. La presencia militar, lejos de producir seguridad a los habitantes, creó un clima de indefensión y mantiene un control de los espacios públicos. Afirmó que las playas, plazas y otros sitios están cercados. La población no accede a ellos sin pasar diversos filtros custodiados por personas armadas. “Con pretexto de patrullaje y mantener la seguridad, ya hay una presencia de actores armados desde los supermercados hasta las plazas públicas, las playas. Cualquier lugar de espacio público se encuentra militarizado”, declaró.
Sin justicia Durante la presentación del informe, Viridiana Maldonado, del colectivo Terra Vida, recordó que el proyecto se hizo sin contar con impactos ambientales adecuados. Los que sí se emitieron, fueron hechos de manera fragmentada. Las decenas de amparos interpuestos no lograron detener la operación del Tren Maya, debido a una serie de obstáculos en la justicia, que van desde atrasar audiencias y perder expedientes hasta ignorar la evidencia. Con la llegada de los nuevos jueces, elegidos por el voto popular después de la reforma judicial, tampoco ven solución. Ni aunque el nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, sea un representante indígena. Las organizaciones señalan al ministro de contribuir a realizar consultas irregulares sobre el Tren Maya en las comunidades. “No esperamos realmente nada de él, más con esta reforma judicial. Estamos totalmente abandonados”, dijo Guillermo D’Christy. Por todos los daños, el grupo de especialistas insiste en que es necesario cancelar el proyecto, que las autoridades buscan extender a Guatemala. El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza les da la razón. En septiembre emitió una resolución donde avala la violación al derecho a un medio ambiente sano. Francesco Martone, juez de ese órgano, explicó que la sentencia se envió a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la secretaria de Medioambiente, Alicia Bárcena, pero no reciben aún comunicación al respecto. Bárcena declaró hace unos meses que se diseñaría un plan de restauración para las zonas afectadas por el Tren Maya, en diálogo con la sociedad civil. Estas organizaciones no han sido convocadas todavía.
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