Con o sin prórroga para proceder al registro de telefonía celular , 10,300 ciudadanos se mantienen en resistencia jurídica para evitar que su línea e información sean almacenados en bases de datos, ante el riesgo de mal uso de su información personal. Hasta ahora son 1,300 amparos colectivos y 9,000 individuales en contra de la medida y la próxima semana se anunciará un plan de acción y visitas a las 32 entidades del país para ampliar la defensa jurídica a más ciudadanos, advierte el diputado de Movimiento Ciudadano (MC) en Chihuahua, Francisco Sánchez Villegas.
Sánchez Villegas, coordinador de la bancada de MC en Chihuahua, encabeza hasta ahora la promoción de los amparos, presentados en el décimo segundo Juzgado de distrito en el estado de Chihuahua con el número de expediente 1581/ 2026 y en espera de admisión y eventual suspensión provisional. “Tuvimos un gran amparo, un amparo masivo, el más grande en la historia del país en contra del registro de líneas celulares, es un amparo colectivo, 1,300 personas se sumaron a este recurso legal», dice. “Pedimos al juez de distrito declare una suspensión, que las telefónicas estén impedidas de suspender nuestra línea telefónica, de dejarnos sin llamadas, de dejarnos sin mensajes, sin Internet, sin WhatsApp, sin datos si no registramos nuestra línea celular, pero además promovimos amparos individuales en todo el país hemos presentado ya más de 9,000”, señala. Es decir, explicó el legislador, la prórroga anunciada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para registrar los móviles hasta el 31 de diciembre no sirve, pues el objetivo de los amparos es frenar la obligación de registro de las líneas de telefonía celular. “Nosotros no queremos prórroga , nosotros queremos que se agarre el registro de celulares y se tire a la basura”, advierte. De acuerdo a Sánchez Villegas, el amago de las empresas telefónicas es meter a los usuarios a una “ prisión digital ” en la que no puedan usar sus teléfonos celulares ni datos. “Queremos parar la ley espía ”, añade el diputado al recordar que esa base de datos telefónica, de acuerdo a la ley, se conectará con diversas autoridades de seguridad y fiscales, por lo que la información está en riesgo de circular sin controles ya que los ciudadanos no tienen garantía sobre la seguridad de sus datos personales. Este, recordó, “es el gobierno más hackeado del mundo. Hackearon a la Sedena a través de Guacamaya Leaks, hackearon al Servicio de Administración Tributaria (SAT) ». “Por todo eso hemos diseñado una serie de acciones jurídicas y legislativas para para echar abajo el registro de líneas celulares, la curp biométrica, la imposición del dinero digital”, indica. Así, anticipó que se impugnará, una vez que se oficialice, el acuerdo de la CRT. Aseguró que se busca también que haya registro automático sin la voluntad década usuario y “manoseando nuestros datos”, lo que además viola los contratos con las telefónicas y la protección de los datos personales.
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