Las organizaciones Instituto para las Mujeres en Migración (Imumi) y Justice for Migrant Women pidieron al Gobierno de México y a la presidenta Claudia Sheinbaum ampliar la atención a migrantes deportados por Estados Unidos, en especial a las mujeres, pues enfrentan condiciones particulares de vulnerabilidad. Rossy Antúnez, encargada de Familias Transnacionales en Imumi, sostuvo que el Gobierno de México se ha enfocado en la atención a los mexicanos repatriados por Estados Unidos solo al momento de su llegada a territorio nacional. Sin embargo, consideró que los procesos de deportación y adaptación llevan años, en especial cuando los mexicanos son repatriados después de pasar un promedio de dos décadas en el país del norte.
La activista señaló la necesidad de atender a las mujeres migrantes, en especial a aquellas de origen indígena y afrodescendiente, pues indicó que, además de la deportación, enfrentan la separación de sus hijos, violencia familiar o económica y obstáculos en el acceso a sus derechos. «Como mujeres deportadas en México exhortamos de manera directa al Gobierno mexicano para que pueda diseñar políticas públicas con enfoque de género, pero también desde un enfoque cultural y antiracista. «No solo se ve afectada la persona deportada sino toda la estructura familiar y esa carga se la llevan mayoritariamente las mujeres porque históricamente se les ha colocado en esta posición de cuidados», afirmó Antúnez durante el encuentro entre las organizaciones y activistas por los derechos de las personas migrantes. Sobre el programa ‘México te abraza’, que otorga un apoyo económico de 2,000 pesos, acceso a servicios de salud pública, a través del IMSS, y transporte a sus comunidades para las y los mexicanos deportados, Antúnez consideró que este programa es «un eufemismo». «No hemos tenido ninguna atención por parte del gobierno mexicano y lo que sí tenemos por primera vez es esta estrategia», comentó. Sin embargo, consideró que se concentra la atención en la frontera, cuando –agregó– es necesario un seguimiento después de la deportación, pues no se consideran los riesgos para los mexicanos repatriados como la presencia del crimen organizado y la falta de oportunidades laborales. Librada Paz, activista mexico-americana por los derechos de los trabajadores agrícolas, afirmó que existe esclavitud moderna en contra de las y los trabajadores migrantes en Estados Unidos. Pidió además informar a las personas sobre sus derechos en el país del norte antes de que migren. «Tenemos que empoderar a la gente antes de que se vayan de aquí para allá. Hay muchísimos abusos y esos abusos nunca van a terminar, pero que se disminuyan», dijo la activista.
Laura Isabel Cortés Ladino, de la organización Caminantas Red de Mujeres Migrantes con sede en Guadalajara, destacó la necesidad de dar apoyo a las personas migrantes de otros países que llegan a México, en especial a las mujeres, pues acusó que enfrentan la falta de una red de apoyo y de información pública sobre el acceso a derechos y trámites. «México no es un país de paso, también es un país de recepción», dijo Cortés. Claudia Cortés de la Rocha, originaria de Sonora y abogada dedicada a la defensa de los derechos de los obreros migrantes en Estados Unidos, consideró que es necesario conectar a los trabajadores a recursos legales y mejores oportunidades de trabajo para combatir los abusos en los espacios laborales. «La lucha por la justicia social y la equidad no ha terminado», señaló.
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