«La despenalización social del aborto es necesaria para eliminar la criminalización de las mujeres y personas gestantes», sostuvieron organizaciones por los derechos sexuales y reproductivos, luego de que la reforma para quitar el delito de aborto del Código Penal en la Ciudad de México quedara en pausa. En un pronunciamiento conjunto, organizaciones como GIRE, Ledeser, Católicas por el Derecho a Decidir y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir subrayaron que la «despenalización social» también es importante porque genera entornos que posibilitan la despenalización legal.
“La (Suprema) Corte no se la hubiera rifado a hablar de aborto antes si no hubiera visto que había un movimiento feminista detrás, que las marchas estaban más grandes que nunca, que las mujeres estaban en las calles demandando el aborto”, señaló Friné Salguero, directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. La iniciativa presentada por la diputada morenista, Yuriri Ayala, contó con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso de la ciudad (a excepción del PAN) y avanzó hasta la aprobación de su dictamen el 4 de noviembre. Sin embargo se detuvo su discusión frente a las críticas de grupos próvida y de la Iglesia Católica. “El aborto no va a desaparecer, ha estado siempre y va a seguir estando. Despenalizar el aborto es una estrategia próvida, es una estrategia por la vida de las mujeres”, apuntó Salguero. Rebeca Ramos, directora de GIRE, aseguró que hay una contradicción sobre el aborto, pues mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que ninguna persona puede ser condenada a prisión por ese delito, al mantenerse como tal, las mujeres sí pueden ser investigadas por los ministerios públicos. “Hoy en día lo que tenemos en México en términos de regulación legal es algo esquizofrénico: por una parte tenemos el reconocimiento en la Corte en política pública del aborto como un servicio esencial de salud; al mismo tiempo tenemos en todos los Códigos Penales de este país el delito de aborto voluntario”, dijo.
Aprobar la reforma en la CDMX significaría dejar de tratar un servicio de salud pública como un delito, apuntó Laura Hernández, de Litigio Estratégico en Derechos Sexuales y Reproductivos (Ledeser). “La regulación del aborto sabemos que no puede ser desde el derecho penal. Este enfoque está basado en la criminalización y no sólo ha sido ineficaz, sino que también ha perpetuado desigualdades, discriminaciones y violencias institucionales hacia mujeres y personas con capacidad de gestar”, añadió. En Canadá, por ejemplo, el aborto quedó fuera del Código Penal 36 años atrás, no obstante el 92% de los procedimientos de interrupción del embarazo se realizan en las primeras 12 semanas de gestación y es considerado un servicio de salud, planteó Fernanda Díaz de León, subdirectora de Incidencia Política de Ipas Latinoamérica y El Caribe. Ya en la Ciudad de México, así como otras entidades federativas, se realizan procedimientos de aborto en estados más avanzados de gestación, en casos como cuando la concepción es producto de una violación o se encuentra en peligro la vida o la salud de la embarazada. “La realidad es que, si se despenalizara hoy por completo el aborto y se eliminara del Código Penal, no habría un cambio significativo», explicó la representante de Ipas México. “El hecho de que el aborto esté en el Código Penal habilita investigaciones penales, que a las mujeres y a los profesionales de la salud se les someta a averiguaciones, que las mujeres tengan que probar –en contra del principio de presunción de inocencia– que no cometieron un delito, que estaban dentro de un supuesto autorizado por la ley”, añadió.
La reforma para eliminar el delito de aborto en la capital podría ayudar a aquellas personas más vulnerables, por ejemplo niñas o adolescentes, de origen indígena, en condición de pobreza o sin acceso a la educación. «A esas mujeres el Estado todavía les está diciendo: ‘puedes ser una criminal, te puedo investigar’, antes de pensar que es una persona que tiene una situación y requiere de atención», advirtió Díaz de León. Las organizaciones buscan impulsar la discusión y aprobación de la reforma en la Ciudad de México, pues esto abonaría al avance de los derechos de las mujeres y personas gestantes en el país e incluso a nivel América Latina. “Una vez que avancemos en la Ciudad de México podemos cambiar la dinámica y la perspectiva para seguir avanzando en la eliminación del delito de aborto”, aseguró Aidé García Hernández, directora de Católicas por el Derecho a Decidir.
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