En el futbol, las pausas de hidratación se introdujeron para proteger a los jugadores frente a las condiciones extremas. Con el tiempo, sin embargo, también se convirtieron en una oportunidad para reorganizar al equipo, corregir errores, escuchar indicaciones y recuperar la concentración antes de volver a la cancha. Son, en cierta forma, un reconocimiento de que el desgaste existe y de que, a veces, continuar jugando al mismo ritmo sólo conduce a cometer más equivocaciones.
Tal vez la Suprema Corte necesita una. A casi un año del inicio de funciones del nuevo máximo tribunal del país, resulta difícil ignorar una sensación que comienza a extenderse entre litigantes, académicos y observadores de la vida pública: la de una Corte que, además de enfrentar cuestionamientos sobre su independencia, transmite una creciente imagen de improvisación. Naturalmente, los jueces se equivocan. Siempre se han equivocado. La historia constitucional está llena de criterios posteriormente abandonados y de sentencias que el tiempo terminó corrigiendo. El problema aparece cuando los equívocos dejan de percibirse como episodios aislados y empiezan a conformar un patrón. Las polémicas en torno a las camionetas blindadas y las posteriores rectificaciones dejaron la impresión de decisiones adoptadas sin suficiente reflexión y corregidas solamente después del costo reputacional. El episodio de la limpieza de los zapatos del presidente de la Corte, aunque seguramente bien intencionado, terminó ofreciendo una imagen innecesariamente vulnerable para una institución cuya autoridad descansa, en buena medida, en los símbolos y en la percepción de solemnidad que rodea a sus integrantes. Las controversias recurrentes en torno a la ministra Lenia Batres también han contribuido a esa percepción. Las discrepancias públicas sobre la llamada cláusula secreta relativa a la presidencia de la Corte, las interpretaciones incompatibles sostenidas por distintas ministras respecto del propio texto constitucional y la constante exposición de diferencias sobre cuestiones elementales del funcionamiento del tribunal han proyectado una imagen de descoordinación difícil de conciliar con la idea de un órgano constitucional que debería ofrecer certeza jurídica precisamente sobre las reglas que lo gobiernan. A ello se suman otros episodios que, aunque pudieran parecer anecdóticos, poseen una importante dimensión simbólica. Las imágenes de la ministra María Estela Ríos leyendo sus intervenciones desde el teléfono celular, las imprecisiones observadas en algunas sesiones públicas y la sensación de que ciertos argumentos se construyen al mismo tiempo que se exponen han comenzado a alimentar una percepción que ningún tribunal constitucional debería permitirse: la de la improvisación. Más recientemente, las declaraciones de la ministra Loretta Ortiz sobre los hoteles all inclusive y los fideicomisos utilizados para la adquisición de inmuebles por extranjeros en zonas restringidas provocaron una nueva oleada de críticas, no tanto por el lapsus terminológico, sino por la simplificación de una institución jurídica compleja prevista por el artículo 27 constitucional y desarrollada durante décadas por la legislación mexicana. Porque existe una diferencia fundamental entre equivocarse después de estudiar un problema complejo y transmitir la sensación de que se está descubriendo el problema al mismo tiempo que se pretende resolver.
Durante décadas, las críticas dirigidas a la Suprema Corte fueron principalmente de carácter político. Las sentencias podían ser criticables. Los criterios podían resultar equivocados. Pero prevalecía la percepción de que se trataba de errores cometidos después de un proceso de estudio y deliberación relativamente serio. Hoy la preocupación parece distinta. La principal crítica que comienza a formularse respecto de la nueva integración de la Corte ya no es exclusivamente política o ideológica. Es una crítica intelectual. Ello resulta particularmente delicado porque el Poder Judicial es la única rama del Estado cuya autoridad depende casi por completo del prestigio. Su fuerza descansa en algo muy frágil: la confianza que inspira la calidad de sus argumentos y la percepción de que quienes interpretan la Constitución lo hacen después de un proceso serio de estudio, reflexión y deliberación. Por ello, independencia judicial y rigor intelectual constituyen virtudes inseparables. Una Corte rigurosa pero sometida al poder político pierde su capacidad contramayoritaria. Pero una Corte formalmente independiente que actúa con ligereza y transmite una imagen de improvisación tampoco puede aspirar a convertirse en un referente de autoridad moral e intelectual. Las cortes constitucionales pueden sobrevivir a las críticas, a las sentencias impopulares e incluso a los errores. Lo que difícilmente soportan es la pérdida del respeto. Porque si algo resulta más peligroso que una Corte dependiente, es una Corte dependiente que además improvisa. En el futbol, las pausas de hidratación existen precisamente cuando el desgaste comienza a hacerse evidente. Quizá la Suprema Corte debería aprovechar una. _____ Nota del editor: Carlos Enrique Odriozola Mariscal es abogado y activista en la defensa de los derechos humanos. Presidente del Centro Contra la Discriminación. Redes sociales @ceodriozolam Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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