Sin salones y en sillas blancas de plástico apoyadas en piso de terracería, estudiantes de la Telesecundaria Carmen Serdán, en Veracruz, tomaban clases en junio de 2022. La escuela estaba a medio construir y esperaba recursos gubernamentales para terminar la obra que, hasta entonces, constaba únicamente de una barda perimetral en un terreno baldío. Como esta escuela, diversos planteles del país operan sin la infraestructura adecuada y, pese a ello, el gobierno federal disminuyó el presupuesto del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), organismo encargado de la conservación y rehabilitación de los planteles.

Para 2023 se aprobó un gasto de 199 millones 818,958 pesos destinados al Inifed, cifra 49% menor al presupuesto aprobado en 2022, que fue de 393 millones 672,942 pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esto significa que el instituto contará con menos dinero para las labores de mantenimiento, conservación y rehabilitación de escuelas públicas; pese a que el propio Inifed ha reconocido que el desarrollo de la infraestructura educativa del país ha sido “deficiente, insuficiente e inadecuado”. El recorte parece apresurar la desaparición de este organismo, pues en 2019, con la llegada del nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que lo eliminaría. «En términos de montos, ha mantenido una inercia de decrecimiento que ha estado alimentada por la idea de la desaparición del Inifed, que está en ese proceso de liquidación», explicó en entrevista Fernando Ruiz, director de Investigación de la organización Mexicanos Primero. Aunque en otros programas presupuestales también se destinan recursos para la infraestructura educativa, explicó, estos se han centralizado y en la actualidad cada entidad recibe menos dinero para este fin. Actualmente, la SEP apoya la infraestructura de las escuelas a través de un componente incluido en el programa La Escuela es Nuestra. Sin embargo, en otros años existían más programas, como Escuelas de Calidad, Escuelas de Tiempo Completo, con el objetivo de mejorar la infraestructura educativa y los desaparecieron. «Este programa (La Escuela es Nuestra) tiene muchas oportunidades de cubrir un déficit, pero la mala planeación y las mañas decisiones que están tomando podrían echar por la borda esta capacidad del Estado por mantener una infraestructura adecuada para el aprendizaje», advirtió.

Infraestructura educativa antigua En su Programa Institucional 2021-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el propio Inifed expone que, según datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de las 217,611 escuelas públicas de todos los niveles que existen en México, 51% tiene 30 o más años de antigüedad. “Por lo que el estado de la infraestructura física y el equipamiento de las escuelas públicas presentan un grave rezago que se agudiza ante la falta de mantenimiento”, expone el organismo. La antigüedad de las escuelas provoca que su infraestructura requiera reparaciones mayores, como reforzamiento estructural, revisión y cambio de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas o impermeabilizaciones.

Además, todavía hay escuelas afectadas por los sismos de 2017 y 2018 que no han sido rehabilitadas. “Por lo que se requiere la constante inversión de recursos públicos destinados a su atención”, exponía el Inifed.

Escuelas sin agua potable y luz De acuerdo con la SEP, 28.3% de las escuelas primarias y secundarias no cuenta con servicio de agua potable y 13.3% no dispone de electricidad; mientras que sólo 23.1% tiene infraestructura adaptada para personas con discapacidad. Entre las escuelas de educación media superior, 25.2% no dispone de agua potable, 31.2% no cuenta con computadoras y 49.7% carece de conexión a Internet. Además, un objetivo del Inifed fue colocar bebederos de agua potable en las escuelas, con la finalidad de disminuir el consumo de bebidas azucaradas entre los estudiantes y coadyuvar a combatir la obesidad infantil. La estrategia de este gobierno de dar el dinero de manera directa a Comités de Padres de Familia para que decidan en que invertirlo no es una estrategia del todo fallida, consideró Alejandro Calvillo director de El Poder del Consumidor, organización que ha dado seguimiento a la instalación de los bebederos en las escuelas. Sin embargo, hay otras cuestiones de infraestructura educativa que debe garantizar el Estado. «No es una cuestión que pueda dejarse a los comités de padres de familia si invierten en bebederos o en otra cosa», dijo en entrevista.
El impacto de una escuela sin infraestructura Según el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, una escuela equipada con todos los servicios e insumos “influye positivamente en la motivación de los estudiantes, incrementa su sensación de seguridad y los niveles de asistencia, lo que repercute en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje”. Por ello resulta fundamental construir espacios educativos dignos, iluminados, con equipamiento suficiente, servicios básicos, mobiliario y materiales didácticos.

“Sin embargo, se sigue observando un importante grado de precariedad en la mayoría de los planteles públicos, en especial en aquellos ubicados en zonas de alta y muy alta marginación, así como en zonas indígenas”, expuso el instituto en su programa institucional. Y pese al diagnóstico, el Inifed operará este 2023 con un gran recorte presupuestal mientras alumnas y alumnos de distintas entidades federativas toman clases en escuelas inacabadas o a la intemperie.

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