La reciente ola de violencia en Michoacán y Sinaloa ha expuesto con crudeza una realidad que trasciende las fronteras nacionales: México enfrenta una crisis de gobernabilidad en el nivel más básico de su estructura democrática. El asesinato de alcaldes, la intimidación sistemática de autoridades municipales y el control territorial ejercido por grupos del crimen organizado no son fenómenos nuevos, pero su intensificación y visibilidad internacional marcan un punto de inflexión crítico.
Impacto geopolítico y comercial de la violencia Consecuencias para las negociaciones del T-MEC y confianza de inversores Medidas punitivas y legales necesarias
Cuando la Casa Blanca emite pronunciamientos específicos sobre la situación de seguridad en México, no estamos ante un simple ejercicio diplomático. Estamos presenciando cómo la fragilidad institucional municipal se convierte en un asunto de seguridad regional que afecta directamente la percepción de estabilidad del país. Los municipios, como primera línea de contacto entre ciudadanos e instituciones, representan el termómetro más sensible de la capacidad estatal para garantizar el orden público. Su debilitamiento sistemático envía señales inequívocas a observadores internacionales: si México no puede proteger a sus alcaldes, ¿cómo garantizará la seguridad de inversiones, cadenas de suministro y operaciones comerciales? El impuesto criminal que grupos fácticos cobran en zonas estratégicas no es únicamente un problema de extorsión local. Constituye un sistema paralelo de tributación ilegal que socava la autoridad del Estado y genera costos ocultos que distorsionan la competitividad económica. Cada empresa que paga cuotas criminales para operar, cada comerciante que negocia con grupos armados su permanencia en el mercado, confirma la existencia de una estructura de poder alternativa que compite directamente con las instituciones legítimas. La violencia en estados como Michoacán y Sinaloa no ocurre en un vacío geográfico ni económico. Estas entidades son nodos críticos en corredores comerciales que conectan centros de producción con puertos del Pacífico y rutas terrestres hacia Estados Unidos. La inseguridad en estas zonas representa un riesgo operacional tangible para empresas que dependen de cadenas de suministro just-in-time, donde cualquier interrupción genera pérdidas millonarias. Los inversores internacionales evalúan México no solo por sus ventajas competitivas —ubicación geográfica, tratados comerciales, costos laborales— sino por la certidumbre jurídica y la estabilidad operativa. Un país donde alcaldes son asesinados con impunidad y donde grupos criminales ejercen control territorial es un país donde los contratos pueden no cumplirse, donde la infraestructura puede verse interrumpida y donde el costo real de hacer negocios incluye variables de riesgo difíciles de cuantificar pero imposibles de ignorar. Esta percepción tiene consecuencias directas en decisiones de nearshoring. Mientras México compite con naciones del sudeste asiático y con otros países latinoamericanos por inversiones productivas, cada episodio de violencia visible alimenta narrativas que cuestionan la viabilidad del país como socio confiable. La competencia global por inversión extranjera directa no perdona debilidades estructurales en seguridad y gobernabilidad. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) descansa sobre premisas de reciprocidad, transparencia y capacidad de cumplimiento de compromisos. La revisión del tratado en 2026 no evaluará únicamente indicadores económicos o disputas comerciales específicas. Examinará la capacidad estructural de México para sostener un entorno de negocios predecible y seguro. Estados Unidos y Canadá observan con creciente preocupación cómo la violencia en México amenaza cadenas de valor integradas. Empresas norteamericanas con operaciones en territorio mexicano enfrentan presiones de sus propios gobiernos y accionistas para garantizar la seguridad de empleados y activos. Cada asesinato de un funcionario público, cada batalla territorial entre grupos criminales cerca de parques industriales, alimenta argumentos proteccionistas que cuestionan la profundización de la integración económica. La confianza no se reconstruye con declaraciones políticas sino con resultados sostenidos. Los inversores requieren evidencia tangible de que México puede revertir la tendencia de violencia, fortalecer instituciones de seguridad y justicia, y recuperar el monopolio legítimo de la fuerza en territorios disputados. La ausencia de esta evidencia no solo frena nuevas inversiones; provoca la revisión de compromisos existentes y la diversificación de riesgos hacia otras geografías. Enfrentar esta crisis requiere acciones concretas que trasciendan diagnósticos. a) Es imperativo endurecer las sanciones contra funcionarios públicos que colaboran con estructuras criminales o que toleran su presencia por omisión. La colusión entre autoridades municipales y crimen organizado no puede tratarse como una simple falta administrativa; debe perseguirse como traición a las instituciones democráticas. b) México necesita una reforma profunda a su sistema de protección de funcionarios municipales. No es aceptable que alcaldes electos democráticamente operen sin esquemas de seguridad efectivos o que enfrenten amenazas sin respaldo institucional adecuado. La democracia local requiere condiciones mínimas de seguridad para ejercerse. c) Se requiere coordinación real entre niveles de gobierno. La fragmentación actual entre municipios, estados y federación genera vacíos que los grupos criminales explotan sistemáticamente. La cooperación interinstitucional no puede depender de voluntades políticas coyunturales sino de protocolos legales vinculantes. d) La impunidad debe combatirse con reformas al sistema de justicia que garanticen investigaciones efectivas, protección a testigos y jueces especializados en delitos cometidos contra autoridades y funcionarios públicos.
Estabilidad interna como condición de oportunidad internacional
La paradoja mexicana es evidente: el país tiene ventajas estructurales extraordinarias para convertirse en epicentro manufacturero de América del Norte, pero su inestabilidad interna hipoteca estas oportunidades. La violencia municipal no es únicamente un problema humanitario o de seguridad pública; es una barrera directa al desarrollo económico y a la inserción competitiva de México en mercados globales. El momento actual exige claridad brutal: sin gobernabilidad municipal sólida, sin capacidad estatal para garantizar seguridad en territorios estratégicos, México perderá la ventana de oportunidad que representa el nearshoring y la reconfiguración de cadenas globales de valor. La confianza internacional no se negocia; se construye con instituciones sólidas, justicia efectiva y estabilidad demostrable. El costo de la inacción no se mide solo en vidas perdidas sino en décadas de oportunidades económicas desperdiciadas. ____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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