El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, insistió en que apenas se concluya en el Senado el proceso legislativo que dejó pendiente el Plan B de la reforma electoral, ese organismo y los 32 órganos locales electorales, además de miles de trabajadores, emprenderán la defensa jurídica de “los pilares” de la democracia y de los derechos laborales. Esa reforma no generará condiciones de competencia democrática, pues constituye “una constelación de inconstitucionalidades”, dijo Córdova. “Si no va a haber certidumbre, lo que nos espera es un horror, porque una parte de la población no va a creer en esa elección (la de 2024) y no la va a legitimar”, aseguró.
Trabajadores del INE temen recorte
Córdova impartió la conferencia inaugural del seminario “Los estados en 2022, la nueva distribución partidista”, en el marco de la Cátedra Francisco I. Madero, coordinada por la catedrática de la UNAM Rosa María Mirón Lince. Ahí refirió que las enmiendas afectan a las cinco grandes conquistas democráticas que se han alcanzado en el país: la primera, la autonomía y la independencia de los órganos electorales; la segunda, la existencia de un Servicio Profesional Electoral, es decir, de un cuerpo de profesionales que ingresan a este servicio por concurso público. La tercera, dijo Córdova, la presencia permanente del INE en todo el territorio a través de oficinas desconcentradas y permanentes, lo que permitirá que se cumpla puntualmente la función de expedir la credencial para votar con fotografía y la actualización del padrón electoral. La cuarta, refirió, la existencia de un padrón electoral manejado con criterios técnicos bajo la supervisión de los partidos políticos, pero construido sin criterios políticos y administrado de manera autónoma e independiente de los partidos y el gobierno. Y en quinto lugar, las condiciones de la equidad de la competencia. Córdova recordó que al inicio del periodo ordinario de sesiones, en febrero, el Senado podría ratificar los cambios hechos por los diputados al Plan B de reforma electoral, y con ello enviar las enmiendas para su promulgación. El INE irá en acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Y “es muy probable que se presenten, no digo cientos, no digo miles, decenas de miles de amparos, de juicios laborales, de amparos laborales e incluso de recursos ante el Tribunal Electoral, porque esta reforma lo que pone en riesgo en este ejercicio pleno de los derechos políticos de las y los mexicanos”, apuntó. Incluso podrá acudir a esa vía “cualquier ciudadano que considere que esta reforma pone en riesgo su derecho de votar o incluso de ser votado en elecciones auténticas, podrá y seguramente impugnará por las vías legales a su alcance, amparos, juicios ante el Tribunal Electoral. Así que, no, no todo está perdido, le toca a la ciudadanía y le toca a las instituciones detenerla”, anotó. En tanto, los consejeros, el Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo; funcionarios integrantes de la Junta General Ejecutiva ampliada, y vocales ejecutivos de las 32 entidades, se reunieron para analizar los impactos de la reforma electoral a discusión en el Congreso. “Como integrantes del Servicio Profesional Electoral, las y los vocales ejecutivos mostraron preocupación sobre las afectaciones que tendrían los cambios propuestos por la reforma en la organización de los procesos electorales”, se informó.
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