El regreso sin consecuencias Rubén Rocha Moya no pidió permiso. No lo pidió a la Presidencia, no lo pidió a Gobernación, no lo pidió a su propio partido. Lo anunció en una red social, con la prosa autocompasiva que ya es marca de la casa —»con la frente limpia y en alto»— y se presentó horas después en Palacio de Gobierno a tomarle protesta a su Secretaria de Gobierno como si los últimos 112 días de licencia hubieran sido un paréntesis administrativo y no la consecuencia de una acusación formal por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo señala, junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, de haber pactado con «Los Chapitos» el control de la policía estatal.
Que Morena haya tenido que salir a «deslindarse» de la decisión de su propio gobernador electo es, en sí mismo, un dato político brutal: no describe a un partido sorprendido por un aliado, describe a un partido que ya no controla a sus gobernadores ni siquiera en los gestos mínimos de disciplina institucional. La presidenta de la República, por su parte, no ha emitido opinión alguna de esta decisión por una gripe que le impidió tomar actividades el día de ayer. La Secretaría de Gobernación, por su parte, redujo el asunto a una «decisión de carácter personal», fórmula que en el lenguaje oficial mexicano funciona como un lavado de manos: ni se avala ni se condena, se administra el silencio.
La inacción que ya es cómplice Aquí está el punto que nadie en el aparato de justicia mexicano quiere nombrar: han pasado casi cuatro meses desde que la FGR anunció que abriría una investigación para determinar si existían elementos para proceder contra Rocha Moya, y hasta el día de su regreso la Fiscalía no se había pronunciado sobre el fondo del asunto. Rocha afirma que la FGR le informó que no hay pruebas en su contra. La FGR, la institución que supuestamente hizo ese hallazgo, no lo ha confirmado. Un gobernador acusado de narcotráfico se autoexonera citando a la autoridad que debería exonerarlo o procesarlo, y esa autoridad guarda silencio. La SRE, por su parte, confirmó haber recibido solicitudes formales de extradición de Washington. ¿Qué se ha hecho con ellas en cuatro meses? No hay respuesta pública.
La Cancillería y la FGR se escudan en que Estados Unidos no ha remitido las pruebas que sustentan su acusación —un reclamo legítimo en abstracto, pero que no exime a México de instruir su propio proceso conforme al tratado de extradición vigente entre ambos países. La timidez no es neutralidad: es una decisión política disfrazada de prudencia jurídica, y su efecto es exactamente el mismo que el de la protección explícita.
La hipótesis de Buenos Aires Aquí conviene ser preciso sobre lo que se sabe y lo que se infiere. Del 18 al 20 de agosto se celebró en Buenos Aires la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada por la DEA y el gobierno argentino. Ahí, el director de la DEA, Terrance Cole, calificó públicamente a Omar García Harfuch de «socio de confianza y buen amigo de Estados Unidos» —esto apenas semanas después de que la propia DEA hubiera insinuado en julio vínculos entre redes criminales y el gobierno mexicano.
La propia Sheinbaum reconoció, ante la evidente contradicción, un «doble discurso» de la agencia estadounidense. Rocha Moya retomó el cargo apenas un día después de que concluyera esa conferencia. No existe evidencia pública de una negociación explícita entre Harfuch y la DEA sobre el caso Rocha —y afirmarlo como hecho sería fabricar una prueba que no tengo. Lo que sí es observable, y merece escrutinio, es la coincidencia temporal entre el reposicionamiento diplomático de Harfuch ante Washington y la decisión de Rocha de regresar sin que Estados Unidos moviera un dedo institucional para impedirlo. Es una hipótesis, no una conclusión: pero las hipótesis que la prensa y la clase política mexicana se niegan a formular en voz alta también son una forma de complicidad.
¿Demostración de poder o simple impunidad? La narrativa de que este episodio constituye una demostración de fuerza del círculo de López Obrador —del cual Rocha Moya, académico devenido operador político, fue siempre pieza leal y públicamente respaldada en 2024, en pleno affaire «Mayo» Zambada— es tentadora, pero exige matiz. Rocha gobierna hoy bajo el paraguas de Sheinbaum, no de López Obrador, y es la Presidencia actual la que ha optado por el silencio funcional. Lo que sí revela el episodio, con o sin la lectura facciosa, es que en la estructura real de poder de Morena un gobernador señalado por narcotráfico puede regresar a despachar sin que ni el partido ni el gobierno federal tengan capacidad —o voluntad— de impedirlo. Esa es la demostración de poder que importa: no la de una facción sobre otra, sino la del cargo sobre la ley.
Lo que esto le hace a la acusación estadounidense Para el Departamento de Justicia, el regreso de Rocha Moya es una provocación calculada: un acusado por narcotráfico y delitos de armas, sujeto potencialmente a una pena de 40 años a cadena perpetua, ejerciendo funciones de gobierno con inmunidad de facto mientras el aparato judicial mexicano no mueve el expediente. Si Washington decide escalar —sanciones personales, presión diplomática directa, filtraciones de nueva evidencia— lo hará sobre un terreno donde México ya demostró que no está dispuesto a actuar primero. Y si no escala, quedará una lectura todavía más incómoda: que la acusación fue, como sugirió Sheinbaum desde abril, un instrumento político sin consecuencia práctica alguna, lo que erosiona la credibilidad de la propia justicia estadounidense tanto como la inacción mexicana erosiona la suya. _____
*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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