La presidenta Claudia Sheinbaum defendió su segunda estrategia para reformar el sistema electoral mexicano y aseguró que para su gobierno es fundamental acabar con los privilegios de los funcionarios públicos. Esta nueva iniciativa, denominada “Plan B”, está en construcción en la Secretaría de Gobernación (Segob) y se estima que será enviada al Congreso de la Unión la próxima semana.
Sheinbaum propone en esta enmienda limitar el presupuesto de los Congresos estatales para evitar diferencias entre las entidades federativas; reducir el número de regidores municipales y organizar consultas populares sobre temas electorales. También plantea la revocación de mandato en el tercer o cuarto año de gobierno, y continuar la política de austeridad en el sistema electoral para ahorrar unos 4,000 millones de pesos anuales y destinarlos a obras y servicios públicos. “No estamos de acuerdo con los grandes salarios de los consejeros del INE, y que congresos estatales, gobernadores, tengan presupuestos tan desproporcionados, o que el Senado tenga un presupuesto tan alto cuando hay tantas necesidades en el país”, declaró este martes. El “Plan B” de Sheinbaum podría “invadir” el pacto federal, infringir lo establecido en la Constitución en materia de consultas populares y transgredir la soberanía de los estados, de acuerdo con especialistas consultados por Expansión Política . Pero la presidenta defiende su segunda iniciativa de reforma electoral, diseñada luego de que la primera fuera desechada en la Cámara de Diputados debido a que no obtuvo los votos necesarios para su aprobación. “Vamos a seguir trabajando para acabar con los privilegios y, esencialmente, seguir el principio juarista de la austeridad republicana , de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, subrayó en su conferencia de prensa matutina, realizada en Colima.
El primer plan electoral de Sheinbaum fue vetado porque su partido Morena no consiguió que sus principales aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se posicionaran a favor de la iniciativa. Y es posible que tampoco se unan para avalar el “Plan B”. A la presidenta como a su antecesor Andrés Manuel López Obrador, les ha costado sacar adelante una reforma electoral, a pesar de que sí han conseguido otras varias modificaciones constitucionales.
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