Julio César Chávez Jr., hijo del legendario JC Chávez, tenía una orden de aprehensión en México desde marzo de 2023 por delitos gravísimos: delincuencia organizada y tráfico de armas. La investigación, según la propia Fiscalía General de la República, comenzó en 2019.
A pesar de ello, el boxeador no solo no se ocultó: se paseó tranquilamente por todo el país, posó en alfombras rojas, firmó autógrafos, publicó decenas de fotos en sus redes sociales y hasta compartió ring y reflectores con su famoso padre… en eventos organizados por el propio gobierno. La Fiscalía lo acusa de trabajar como “ajustador de cuentas” para «los Chapitos», bajo las órdenes directas de “El Nini”, jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa. En el expediente se detallan escenas brutales: golpizas ordenadas por el narco donde Chávez Jr. era el verdugo. Y aun así, durante más de un año, nadie lo tocó. No faltaban pruebas. No faltaba información. Faltó voluntad. Mientras la orden de aprehensión dormía en algún cajón de la FGR, Chávez Jr. vivía su vida sin sobresaltos. Viajó libremente entre México y Estados Unidos. Entrenó en el Mayweather Boxing Club, apareció en el Salón de la Fama de las Artes Marciales y anunció peleas estelares, como la que tendría contra Jake Paul. Todo público. Todo documentado. Este caso es otro más que deja al descubierto la permisividad de López Obrador con los criminales. Durante prácticamente todo su sexenio, las autoridades supieron lo que hacía Chávez Jr., conocieron sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, tuvieron pruebas, ubicaciones y testimonios… y prefirieron mirar hacia otro lado. Lo protegieron con silencio y lo blindaron con indiferencia, como a tantos otros aliados incómodos del régimen. Y entonces vino la exhibida: fue el gobierno de Estados Unidos el que hizo el trabajo. Fue la administración de Trump, no la de Sheinbaum, quien lo detuvo. Y no porque México lo solicitara activamente, sino porque Washington actuó por su cuenta. Claudia Sheinbaum asegura que “no sabía” de la orden. Que se enteró apenas tras la captura. Que Chávez Jr. no fue detenido porque “la mayor parte del tiempo estaba en Estados Unidos”. Pero los hechos dicen otra cosa. Las redes sociales del boxeador documentan su estancia prolongada en México, y su cercanía con el poder político fue evidente: hace apenas tres meses, su padre aparecía sonriente junto a la presidenta en El Zócalo, como figura invitada del oficialismo. Es más, Julio César Chávez manifestó públicamente su simpatía por Sheinbaum durante la campaña presidencial de 2024. ¿Qué pasó entonces? ¿Ignorancia? ¿Descuido? ¿Complicidad? ¿O acaso —como muchos ya sospechan— el apoyo político de un ídolo popular valía más que una orden de aprehensión?
Una vez más, Estados Unidos hizo lo que el Estado mexicano se negó a hacer. Y otra vez, el discurso de soberanía queda desnudo frente a la realidad: la justicia en México es selectiva, cómplice y, cuando conviene, ciega. Porque mientras los delincuentes bailan con impunidad en alfombras rojas, la justicia solo se aplica cuando la presión diplomática —o arancelaria— de Estados Unidos se vuelve inaguantable. Chávez Jr. no necesitó soltar un solo golpe: fue su impunidad la que noqueó al gobierno. Y mientras México esquivó su deber, fue Estados Unidos quien tiró un doloroso gancho al hígado. ____ Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
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