Una y otra vez, escuchamos a diversos actores expresar preocupación por la incertidumbre jurídica a raíz de diversas reformas aprobadas en el Congreso de la Unión en los últimos años. Un estado de derecho funcional, advierten los libros de texto, requiere leyes accesibles, inteligibles, claras y predecibles. Pero no es necesario ostentar un título en Derecho para entender por qué resulta preocupante la incertidumbre jurídica en un contexto dado. Como en cualquier juego o deporte, si no hay claridad sobre las reglas, los encargados de ejecutarlas y las consecuencias por su incumplimiento, parecería haber pocos incentivos y hasta algunos riesgos tan solo por jugar. En ese sentido, se puede afirmar que la calidad y la claridad sobre las reglas y regulaciones resultan fundamentales para garantizar un juego en el que cualquiera que quiera pueda jugar.
Pero calidad y claridad no parecen ser elementos prioritarios para quienes se encargan de hacer leyes en México. Por varios años a lo largo de diversas legislaturas, no ha sido raro enterarnos de premuras innecesarias para sacar reformas; procesos legislativos viciados; la utilización de sedes alternas como maniobra política; debates estériles y cerrados a la participación diversa; datos engañosos para sesgar argumentos; frivolidades políticas; y hasta contradicciones dentro del mismo cuerpo normativo y con otras normas ya existentes. Todas estas situaciones, ciertamente, trascienden el anecdotario legislativo y producen leyes mal hechas o ambiguas que generan incertidumbre jurídica para los diversos sujetos obligados. A su vez, los jugadores se ven orillados a recalcular costos, reacomodar fichas y tomar medidas especiales para mitigar riesgos. Sin embargo, hasta ahora, no se tenía una medida clara de los costos que produce la incertidumbre jurídica. En una investigación reciente, los académicos italianos Luigi Guiso, Massimo Morelli, Tommaso Giommoni y Claudio Michelacci buscaron medir la incertidumbre jurídica generada por la calidad de la redacción de las leyes y estudiar sus efectos. De este modo, brindaron una primera cuantificación de cómo la ambigüedad en las leyes y las diversas interpretaciones que pueden surgir de ellas en los tribunales afectan la certidumbre y, en consecuencia, el desempeño económico en Italia. A través de una evaluación de más de 485,000 sentencias de la Suprema Corte, un análisis textual de todas las leyes existentes, así como de las sociedades de responsabilidad limitada (LLCs) en el país europeo, los investigadores aportan evidencia de que la incertidumbre jurídica por leyes ambiguas y mal redactadas reduce el crecimiento de estas unidades económicas, así como la inversión. Estiman que el producto interno bruto (PIB) italiano sería casi 5% más alto si todas las leyes estuvieran redactadas bajo el estándar de la Constitución. Asimismo, concluyen que las leyes mal hechas son producidas principalmente en contextos de inestabilidad política y como resultado de los incentivos perversos que enfrentan los políticos –particularmente los menos competentes– quienes priorizan el activismo o protagonismo sobre la atención de problemas sustantivos. A menudo escuchamos a diversos actores políticos alardear de la alta producción legislativa de los últimos meses. Esta semana en una reunión en Puebla, líderes del Congreso se mostraron satisfechos por haber logrado “algo único en la historia del Congreso”, al referirse a 18 reformas constitucionales y 57 reformas legales en un año. También, ya se advirtió que, a partir del 1 de septiembre, fecha en que inicia el nuevo periodo ordinario de sesiones, se espera la aprobación de al menos 30 nuevas leyes, además del paquete económico 2026. Pero no olvidemos que estas reformas han implicado diversos atropellos que no se deben normalizar ni repetir. Tan solo en el último periodo ordinario de sesiones, las y los legisladores debieron corregir una contradicción vergonzosa aprobada en la reforma judicial que generó incertidumbre sobre la presidencia de la nueva Suprema Corte. Tampoco se detuvieron a analizar las contradicciones de diversas reformas en materia de simplificación administrativa con nuestras obligaciones establecidas en el TMEC. Acabamos de vivir la elección más regresiva en décadas por omisiones legislativas en torno al apresurado proceso electoral judicial y hasta se terminaron nombrando nuevos jueces que no cumplen los requisitos constitucionales para acceder a los cargos. Y cómo olvidar a aquella diputada que abiertamente confesó depender de la inteligencia artificial para leer solo resúmenes de las iniciativas que debe votar en el pleno. Como han demostrado los investigadores italianos, estos atropellos tienen consecuencias reales y costosas para el país y para quienes estamos obligados a cumplir las leyes. No es momento de seguir dándose esos lujos.
]]>
Comentarios recientes