Recorro la provincia mexicana desde hace años. He visto corporaciones policiales donde los uniformados compran combustible de sus propios bolsillos, municipios que venden predios municipales para pagar nómina policial, y corporaciones donde la capacitación consiste en ver videos descargados de YouTube.
La trampa del financiamiento insuficiente: por qué los municipios no pueden competir
Mientras la Guardia Nacional absorbe miles de millones de pesos con resultados cuestionables, los 2,471 municipios del país sostienen cuerpos policiales con las sobras de haciendas municipales al borde del colapso. Esta no es una historia de negligencia administrativa. Es una arquitectura de abandono institucional que ha convertido a la policía municipal en la frontera más vulnerable de la seguridad pública mexicana. Un municipio típico depende de tres fuentes de ingresos para seguridad pública: impuestos prediales (que raramente superan el 2% de recaudos totales), multas de tránsito (impredecibles y estacionales), y transferencias federales etiquetadas. El resultado es estructuralmente perverso. Una corporación de 150 policías cuesta aproximadamente 18 millones de pesos anuales solo en nómina. Un municipio rural con presupuesto total de 40 millones debe elegir: pagar policías o mantener escuelas. Muchos eligen ambos, dejando a los uniformados con salarios por debajo de la línea de pobreza. No sorprende que estos policías sean fácilmente cooptados por el crimen organizado, que ofrece en una noche lo que el municipio no paga en un mes.
El espejismo de la Guardia Nacional: recursos desproporcionados, resultados limitados Hacia un financiamiento municipal proporcional y sostenible
Desde su creación en 2019, la Guardia Nacional ha recibido aproximadamente 50 mil millones de pesos anuales. Su presencia es visible en carreteras, aeropuertos y operativos mediáticos. Pero los indicadores de inseguridad municipal no mejoraron significativamente. Los homicidios siguen ocurriendo en espacios que la Guardia no patrulla: comercios locales, transporte público, colonias periféricas. Estos espacios son jurisdicción de la policía municipal, la institución más debilitada de la arquitectura de seguridad mexicana. La Guardia Nacional es como instalar cámaras de vigilancia en la puerta principal mientras los ladrones entran por las ventanas municipales. La solución requiere reorientar, no solo aumentar recursos. Propongo un esquema de tres pilares. a) Primero , establecer una línea de financiamiento federal permanente—no discrecional—equivalente al 0.8% del presupuesto federal de Ramos 33 y 28, transferida directamente a municipios según criterios poblacionales e indicadores de inseguridad. b) Segundo , fortalecer recaudos locales mediante reforma hacendaria que permita que prediales y multas de tránsito financien policía municipal, no capital general. c) Tercero , crear fondos de juego cero: cada peso destinado a municipios debe reducirse proporcionalmente en Guardia Nacional.
Distribución proporcional del presupuesto municipal: de la teoría a la práctica Propuestas concretas: del diagnóstico a la reorganización hacendaria
Un municipio con presupuesto de 100 millones destinados a seguridad pública debe distribuir así: 65% a nómina y prestaciones (salarios dignos retienen buenos elementos), 20% a capacitación, tecnología e insumos, 10% a justicia cívica (defensores públicos locales, mediación comunitaria), 5% a evaluación e inteligencia. Esta distribución no es inventada. Replico modelos exitosos de corporaciones municipales en Guanajuato y Coahuila que han reducido corrupción interna mediante estos márgenes. Primero, crear un Fondo Nacional de Fortalecimiento Policial Municipal, financiado con reducción gradual de operativos de Guardia Nacional en zonas de bajo conflicto, transfiriendo esos recursos a municipios. Segundo, condicionar transferencias federales a cumplimiento de metas verificables: capacitación continua, auditorías de integridad, reducción de quejas por abuso policial. Tercero, establecer sistemas de evaluación comparativos por tamaño de municipio, permitiendo aprendizaje horizontal entre corporaciones exitosas. Cuarto, crear incentivos para profesionalización: policías que completen certificaciones nacionales acceden a fondos de jubilación asegurados.
La ruta disponible La crisis de financiamiento policial municipal no es insolventable. Requiere una decisión política: reconocer que la seguridad pública se construye en municipios, no en operativos federales. Mientras México continúe financiando instituciones federales con resultados cuestionables y abandone a policías municipales con salarios que los convierten en presas fáciles de la cooptación criminal, seguiremos observando síntomas en lugar de curar la enfermedad. La pregunta no es si podemos cambiar esto. Es si tenemos voluntad de hacerlo. _____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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