Como parte del combate frontal a la delincuencia y de la “política de cero impunidad”, en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum la población privada de la libertad se incrementó 9%. Con las 21,000 personas que ingresaron a prisión, el 2025 se convirtió en el año con el mayor número de personas privadas de su libertad en la última década.
Especialistas consultados por Expansión Política consideran que el repunte en la población recluida responde al viraje en la política de seguridad que pasó de ser pasiva a una confrontativa, pero también a la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. “Hay un tema de encarcelar por encarcelar. Desafortunadamente se volvió a aplicar el tema de la prisión preventiva, eso les facilita a las autoridades capturar a mansalva y lo venden como un resultado, pero hay una consecuencia al mandar a muchísima gente a la cárcel”, explica Carlos Rodríguez, experto en seguridad pública e integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede). De acuerdo con cifras del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (OADPRS) del gobierno federal, la población privada de la libertad pasó de 234,514 en septiembre de 2024 –último mes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador– a 256,127 en diciembre pasado, es decir 9% más.
Por presión de EU, suben detenciones en México En el gobierno de la presidenta Sheinbaum se aceleraron las detenciones de presuntos delincuentes, y parte de ello responde a la presión ejercida por la administración de Donald Trump quien ha exigido más de México para dar resultados en el combate a cárteles del narcotráfico. De acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, en el país habían sido detenidos más 40,735 presuntos delincuentes, que en promedio representan 2,909 las aprehensiones cada mes. La cifra de detenciones es 79% mayor a las 1,624 que en promedio se realizaron al mes en el gobierno de López Obrador. El sexenio anterior concluyó con 94,240 detenciones, de las que en un año, la administración de Sheinbaum reporta un 43%. En el ritmo de ingresos a prisiones también se puede ver este crecimiento. Antes de la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, el promedio de ingresos en los primeros meses de la presidenta Sheinbaum era de 744, sin embargo, en enero fue de 2,915, y se ha mantenido entre 1,000 y 2,000 cada mes.
Simulan una efectividad y ante el número de detenciones hacen ver como que su eficiencia fuera muy efectiva»
“El aumento a las detenciones obedece, en gran medida, a la presión de Estados Unidos… el gobierno mexicano tendrá que encontrar el equilibrio de hasta dónde no solo obedecer a la presión de ellos, sino la estrategia que planea el gobierno mexicano. Pero de momento están actuando por la presión”, considera Miguel Garza, director del Instituto para la Seguridad y Democracia. Pese a que México aceleró las detenciones, el especialista Carlos Rodríguez, considera que para Estados Unidos no es suficiente. “No es suficiente, Trump va a pedir más. Va a pedir más porque le está hablando a su público, el personalismo de Trump tiene una contra cara y es el público MAGA (“ Make America Great Again ”), su base política, y esa base política quiere ver cosas más fuertes como el tema de Venezuela”, indica.
Prisión preventiva oficiosa, el otro elemento En 2024 se aprobó una reforma constitucional al artículo 19 para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. A partir de 2025 delitos como extorsión; actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, fueron incluidos en los que implican prisión aún sin sentencia. Daniel García Rodríguez, integrante del colectivo Pena Sin Culpa, considera que mandar a prisión, permite al gobierno dar la idea de que es eficaz en su combate a la inseguridad, pero no es así. García Rodríguez es uno de los que ha luchado contra la prisión preventiva oficiosa en el país. Él pasó 17 años en prisión preventiva oficiosa y su caso llevó a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por el uso de esa medida. “Hemos exigido al Estado Mexicano su cumplimiento de esta sentencia que ordenó la eliminación de esa figura en la Constitución junto con el arraigo. No obstante que fueron gobiernos priístas y panistas que los que la impusieron en la Constitución, ahora este gobierno de Morena pues se ha aferrado a no eliminarla”, cuestiona. En el país hay 106,294 personas (41%) que están en prisión sin sentencia. Mandar a prisión a más personas sin que aún se compruebe su responsabilidad no logra pacificar al país. “No es suficiente porque entonces al descabezarlo, es como una ‘hidra’, lo descabezas y crecen dos o más y la violencia vuelve a crecer. Se necesita una estrategia mucho más robusta para realmente combatir la violencia”, sostiene Rodríguez Ulloa.
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