El 13 de febrero de 2026, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, salió a cumplir con lo que cualquier autoridad local debería hacer sin drama: supervisar un operativo de reordenamiento del comercio ambulante en la avenida Ribera de San Cosme. De cinco puestos habían pasado a 22, todos amparados supuestamente en permisos del Gobierno de la Ciudad que nadie pudo exhibir. Lo que siguió fue la síntesis perfecta del caos institucional que padece la capital: alrededor de 200 personas la emboscaron a ella y a su equipo, dejando decenas de trabajadores golpeados y a la alcaldesa con lesiones visibles en el rostro, el brazo y la espalda.
El alcalde sabe, pero no puede
La imagen no era la de una funcionaria descuidada. Era la de una autoridad territorialmente legítima a la que el propio diseño institucional había dejado sin escudo. Rojo de la Vega esperó una hora la llegada de representantes del Gobierno central, quienes supuestamente acudirían a dialogar sobre los permisos irregulares. No llegaron. Ninguna patrulla se pudo detener para apoyarlos, aunque en el lugar se encontraban policías de la demarcación. La escena condensa, en un solo episodio, el problema estructural que este texto analiza: en la Ciudad de México, el alcalde ve el problema, lo conoce, lo padece junto con sus vecinos, pero no manda sobre quienes podrían resolverlo. Cuauhtémoc es la demarcación más densa y compleja de la capital. Concentra el Centro Histórico, los corredores de comercio informal más disputados, las redes de líderes que históricamente han hecho de la vía pública su feudo político. Rojo de la Vega conoce esa geografía criminal con una granularidad que ningún funcionario centralizado en el edificio de Liverpool 123 quiere controlar. Y aun así, las alcaldías, pese a ser el primer nivel de contacto con la población, no poseen mando operativo real sobre las fuerzas policiales. La Secretaría de Seguridad Ciudadana concentra las decisiones estratégicas, los recursos y la operación, reduciendo a las alcaldías a simples instancias de coordinación. El resultado es una autoridad de papel. La alcaldesa puede convocar operativos, puede pedir retiro de puestos, puede transitar en vivo por Instagram; pero no puede girar una orden directa a los elementos policiales para que actúen en su respaldo inmediato.
El centralismo como ideología de control
La ley le otorga funciones de «proximidad vecinal y vigilancia» y le permite «disponer de la fuerza pública básica en tareas de vigilancia», atribuciones tan genéricas que en la práctica resultan vacías. Cuando la turba avanza, el alcalde no tiene el radio, no tiene el mando, no tiene la autoridad operativa. Tiene una transmisión en vivo. El modelo centralizado no es un accidente técnico. Es una decisión política sostenida en el tiempo con argumento: si se descentraliza el mando, se descentraliza también la posibilidad de corrupción y colusión entre policías locales y organizaciones criminales. El antecedente de Ayotzinapa —donde la connivencia entre alcalde, policía municipal y crimen organizado derivó en tragedia nacional— marcó a fuego la narrativa que hasta hoy justifica la concentración del mando en la cúspide. Los presidentes mexicanos han buscado desde entonces cómo subordinar a los alcaldes y a la policía municipal al poder central. El problema es que ese argumento, válido en contextos de alto riesgo de captura criminal en municipios pequeños, se vuelve anacrónico en una megalópolis de dieciséis alcaldías con dinámicas tan distintas como Milpa Alta y Cuauhtémoc.
El costo político de no ceder poder
En una metrópoli de más de nueve millones de habitantes y 16 demarcaciones con dinámicas criminales distintas, este modelo centralizado resulta obsoleto. La falta de mando mixto o coordinado impide diseñar estrategias adaptadas a cada territorio, lo que convierte a la seguridad en un esquema uniforme que no atiende la diversidad urbana ni social de la capital. El centralismo, en este contexto, no previene la corrupción: genera anarquía operativa e irresponsabilidad compartida. La paradoja resulta grotesca: la policía de la ciudad, ya sea la contratada a través de las alcaldías o directamente por la SSC, parece obedecer al contentillo político, y no tanto a una estrategia integral. El mando único existe en los organigramas; en la calle, un oficial patrulla con logotipos de la alcaldía y afirma no saber que pertenece al mando único. El resultado no es orden centralizado: es confusión institucionalizada. Cuando una alcaldesa termina golpeada en una avenida mientras espera que llegue «la ciudad» a respaldarla, el mensaje político que recibe la ciudadanía es devastadoramente sencillo: nadie manda aquí. La percepción de inseguridad no es irracional ni caprichosa. Según la ENSU 2025 del Inegi, el 62% de los capitalinos se siente inseguro en su colonia. Y ese dato coexiste con la existencia de más de 80,000 elementos policiales en la ciudad. El problema no es de cantidad; es de arquitectura institucional. El costo político del modelo centralizado lo paga quien tiene el rostro: el alcalde. El Gobierno central cobra los impuestos, controla la policía, otorga los permisos de comercio —o los niega, o los vende— y cuando la violencia estalla, la imagen que circula en redes es la de la alcaldesa con el pómulo hinchado. La ambigüedad del mando se convierte en un recurso para que el poder central evite rendir cuentas territoriales, mientras la oposición local asume el costo electoral de la inseguridad cotidiana.
Lo que puede y debe cambiar El espejo roto del mando único
La solución no requiere reinventar el Estado: requiere reformas puntuales con voluntad política real. El primer paso es crear un Mando Compartido Territorial mediante convenios operativos entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y cada alcaldía, con protocolos claros de activación inmediata. Los alcaldes no necesitan convertirse en jefes de policía autónomos —ese es el falso dilema del debate—, sino contar con una cadena de mando directa para situaciones de orden público en su demarcación. Esto ya existe en germen: establecer Consejos de Seguridad Local con facultades operativas permitiría a los alcaldes coordinar respuestas rápidas sin perder la supervisión central. El segundo elemento es la transparencia de los permisos de vía pública. Si los 22 puestos de San Cosme contaban con permiso del Gobierno central, ese permiso debía estar en un sistema público, consultable en tiempo real por la alcaldía. La opacidad en el otorgamiento de permisos es el caldo de cultivo donde prosperan los liderazgos como el que señaló Rojo de la Vega. El tercer componente es la responsabilidad diferenciada y medible: que la ciudadanía sepa qué delitos y qué problemáticas de orden público son competencia de la alcaldía, y cuáles de la Secretaría central. Sin ese mapa claro, la rendición de cuentas se evapora en el laberinto de la coordinación interinstitucional. Lo que ocurrió en San Cosme no fue solo la agresión a una funcionaria. Fue la demostración en tiempo real de que la arquitectura institucional de la Ciudad de México produce autoridades visibles sin poder efectivo, y poder efectivo sin rostro visible. Mientras el mando siga concentrado en el Edificio de Liverpool 123 y los problemas sigan ocurriendo en Tepito, en La Merced, en San Cosme, la brecha entre la autoridad formal y la realidad territorial no hará sino agrandarse. La ciudadanía que vive esa realidad lo sabe. Solo falta que el Gobierno central lo admita. _____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
]]>
Comentarios recientes