En vísperas de que inicie la discusión de la iniciativa presidencial en materia electoral, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó su apoyo económico a los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), administrados por el Partido del Trabajo (PT). Además del financiamiento público, el PT recibe los recursos para permitir la operación de dichos centros, los cuales han alcanzado fondos de hasta 500 millones de pesos. Los recursos federales son entregados a las entidades para la dispersión y operación de esos centros, y la enseñanza la reciben los niños, sin embargo, es el PT el que administra, vía sus organizaciones, como el Frente Popular Tierra y Libertad, CENDIS en 17 entidades.
En algunos de ellos hay señalamientos de irregularidades, el cobro de servicios que el gobierno financia con servicios, nómina e inmuebles o bien, ejercicio opaco de recursos. El lunes próximo la presidenta remitirá su iniciativa de reforma electoral, que incluye recorte al financiamiento de los partidos y reducción de legisladores de representación proporcional, medidas que el PT y el Partido Verde (PVEM), han rechazado y generarían un golpe a las finanzas de esas fuerzas políticas aliadas de Morena. Hasta ahora el PVEM ha sido claro en su rechazo a que una reforma incluya ambas decisiones y el PT, que en el último año se ha distanciado de algunas posturas legislativas de Morena y lo ha criticado abiertamente, ha guardado silencio durante al menos dos semanas en que el gobierno federal intensificó sus esfuerzos para lograr respaldo a la iniciativa presidencial. En ese marco, el 24 de febrero, la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos de Operación del Programa Presupuestario U312 Expansión de la Educación Inicial (PEEI) para 2026, por el que se determinan los apoyos a cuatro rubros: Centros de Atención Infantil (CAI) Federalizados, la Estrategia de Visitas a Hogares, Centros Comunitario de Atención a la Primera Infancia (CCAPI) y CENDI. De acuerdo con la publicación, ese programa atendió en 2025 a 63,064 niñas y niños. Sin embargo, del total de los Centros (CAI, CCAPI y CENDI) que son 437, es a través de la modalidad “voluntaria” que una parte de ellos, vinculados al PT, reciben recursos estimados en 496 millones de pesos, que ejercen fuera de la administración de la SEP. Estos 88 CENDIS “en proceso de regularización con apoyo voluntario” y vinculados al PT se encuentran en por lo menos los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sonora y Zacatecas, en donde se paga con recursos federales la nómina de los voluntarios, y además mantenimiento, equipamiento y otros apoyos. La administración de recursos y la operación de esos centros estuvo bajo investigación en 2017 por presunto lavado de dinero por 100 millones de pesos, indagatoria emprendida por la extinta Procuraduría General de la República (PGR), pero que se suspendió en 2018, al triunfo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, postulado por Morena, Encuentro Social (PES) y PT. Por esos hechos estuvo señalada María Guadalupe Rodríguez Martínez, directora General de los Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular «Tierra y Libertad», hoy diputada de Nuevo León y quien es esposa de Alberto Anaya, líder nacional del PT y también de esa asociación civil. Además en algunas entidades existen denuncias que vinculan al PT con irregularidades en la operación de esos CENDIS por pagos a personas ajenas, y ausencia de trabajos de mantenimiento y pago de servicios para los cuales hay recursos públicos. Es el caso de Baja California, en donde en 2022 se acusó penalmente a María Mercedes Maciel Ortiz, integrante de la Coordinadora Nacional del PT y exdirectora general de CENDI, según la carpeta de investigación LPZ/6251/2022/NUC, en la que se incluyó a toda la estructura de los CENDIS del estado. En diciembre de 2021, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó una multa al PT por 119.8 millones de pesos, por la sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) por triangulación de recursos públicos que eran para CENDIS uy se fueron a las cuentas bancarias de líderes petistas. “Se tiene certeza de la triangulación de recursos entre un ente prohibido y miembros del PT. Esto, pues durante el periodo del 2015 al 2017 la directora general de los CENDI le hizo diversos depósitos a un directivo del PT que dan un total de, aproximadamente, 60 millones de pesos. A su vez, ese directivo depositó esos recursos en la cuenta de otra persona vinculada al PT”, determinaron por unanimidad los magistrados. También la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha observado opacidad y montos pendientes por comprobar -lo que sin embargo no ha ameritado medidas legales- en la revisión a las cuentas públicas de 2017 y 2022, cuando menos, aunque una parte de las observaciones las ha considerado “solventadas”.
Las reglas de operación según la SEP AMLO y los CENDIS
Por ejemplo, en el reporte de la ASF sobre lo ejercido en 2022 por los CENDIS “en proceso de regularización con apoyo voluntario”, la SEP informó haber dado recursos a 100 CENDIS, “sin embargo, el resultado reportado difiere de la información registrada en las bases de datos”. “La secretaría registró que benefició a 88 CENDI en proceso de regularización con apoyo voluntario, y no a los 100 reportados en la Cuenta Pública” y en el periodo de aclaraciones no se concluye que pasó con al menos nueve centros adicionales y sus recursos, pues la ASF reporta solo que la SEP “implementó un mecanismo de seguimiento de indicadores y metas” en 2023 y al final cumplió el 100% de la meta, que eran 91 centros. Entre otros elementos, se acreditó que la SEP entregó 472.1 millones de pesos a las autoridades educativas para 88 CENDI en proceso de regularización para el pago de los 2,662 voluntarios, el pago de los servicios básicos (luz, agua y gas) y el pago de los insumos para la alimentación de las niñas y los niños matriculados, pero no se produjo información sobre el monto a cada uno. De acuerdo al reporte final de esa auditoría, que concluyó en 2024, se destinó a esos 88 CENDIS 472.1 millones de pesos en 2022 para el pago de los voluntarios, el pago de los servicios básicos (luz, agua y gas) y el pago de los insumos para la alimentación de las niñas y niños atendidos en dichos centros, pero se atendió solo a 6,854 niñas y niños de 0 a 2 años 11 meses de edad. La ASF observó retrasos en el proceso de regularización, y esto es relevante, pues en tanto no se cumpla el proceso de regularizar el terreno donde se ubican aún no pasan a ser propiedad de la SEP o de las instancias homólogas de los gobiernos de los estados. En estos centros ya regularizados el personal educativo y de apoyo se incluye en el catálogo de personal oficial de la SEP o de las secretarias locales, por lo que dejan de estar a la libre administración del PT. Como todo programa social, en el DOF se establece que en este caso de los CENDIS y en aras de “garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos” la papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción del programa contarán con la leyenda: «Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa». Sin embargo está acreditado que la operación de los CENDIS con personal voluntario están bajo la esfera del PT. Prestan servicios en colonias marginadas, pues el objetivo desde su creación, ha sido permitir que las madres trabajadoras cuenten con un apoyo para que sus niños desde su nacimiento hasta los dos años 11 meses tengan educación inicial. Conforme a las reglas publicadas en el DOF, en esos CENDIS no regularizados el apoyo es de hasta 700,000 pesos para mantenimiento preventivo, correctivo, protección civil y seguridad, a excepción de los CENDI de nueva creación; hasta 300,000 pesos para la adquisición de enseres de cocina y hasta 77,500 pesos para pago de servicios básicos en los CENDI. Además hay montos por 25,000 pesos “para el fortalecimiento de los procesos administrativos” y recursos para comprar insumos necesarios para brindar el servicio de alimentación de cada niña y niño matriculado en el CENDI. Además sumas adicionales y que representan el mayor monto, se dedican al pago de nómina de las personas ”voluntarias”. El 1 de diciembre de 2018, horas después de asumir la Presidencia, el exmandatario López Obrador asumió en el Zócalo sus 100 primeros compromisos de gobierno. Dedicó el número tres a su aliado el PT: “se mantendrán las estancias infantiles de la antigua Secretaría de Desarrollo Social y se regularizarán los CENDIS promovidos por el Partido del Trabajo; ambos programas tendrán recursos garantizados en el presupuesto y pasarán a formar parte de las secretarías de Bienestar y de Educación Pública”. Sin embargo el exmandatario eliminó las estancias infantiles, y afectó a los CENDIS, aunque se mantuvieron recursos sobre todo para que operaran en algunos estados. En 2024 el PT reprochó el incumplimiento, y en sus preguntas parlamentarias a la ya entonces presidenta Sheinbaum, la bancada petista expuso: “Conforme al tercer compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cuándo se garantizará presupuesto para los CENDIS promovidos por el Partido del Trabajo, para el mantenimiento de los mismos, pago de las y los maestros y cuándo se regularizarán y pasarán a formar parte de la Secretaría de Educación Pública?». Los recursos se mantuvieron recortados pues al menos en 2025 no rebasaban los 250 millones de pesos para el Programa Expansión de Educación Inicial, que incluye a los CENDIS y todavía en 2024 la ASF reportó que la información de la SEP sobre esos centros estaba desactualizada, con datos de 2018. Pero en la madrugada del pasado 6 de noviembre, vía reservas al dictamen de Presupuesto de Egresos se autorizaron 828.1 millones de pesos, es decir un aumento de 600 millones de pesos a lo propuesto por la presidenta Sheinbaum en el proyecto degasto 2026. El diputado del PAN Theodoros Kalionchiz de la Fuente denunció en esa ocasión: “el presupuesto se convierte en una recompensa por obediencia».
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