En las crisis, la comunicación es decisiva. Lo es durante el momento más álgido y, quizá aún más, después de que el primer impacto ha pasado. De una comunicación de crisis eficaz depende la reducción de daños, la contención de la pérdida de legitimidad y, por qué no decirlo, la posibilidad de construir una nueva narrativa —incluso una narrativa de éxito.
Lo que ocurrió el domingo 22 de febrero en 22 estados del país fue, sin matices, una crisis. El abatimiento de “El Mencho”, exlíder del CJNG —la organización criminal más poderosa de México—, sacudió a más de la mitad del territorio nacional. Confrontó al Ejército, a la Guardia Nacional, a las policías estatales y al propio Palacio Nacional con una realidad que durante años se intentó administrar, contener o postergar. Nadie sensato negará que la operación fue un éxito táctico. Tampoco que se trataba de una acción necesaria: el poder acumulado por ese personaje era ya desproporcionado. Lo que sí está en discusión es la capacidad —o la voluntad— del gobierno para abrir canales de comunicación adecuados e informar con claridad al país y, sobre todo, a quienes habitan las zonas afectadas. No sólo sobre lo que estaba ocurriendo, sino sobre las previsiones necesarias ante posibles reacciones violentas. Al día siguiente, en la Conferencia Mañanera, las respuestas llegaron a cuentagotas, insuficientes para la magnitud del evento. Setenta y dos horas después, 130 millones de mexicanas y mexicanos seguimos sin información concreta sobre los siguientes pasos del gobierno federal —el único con capacidad real para contener los eventuales efectos disruptivos del propio cártel— ni sobre una reconstrucción clara de lo sucedido ese domingo. Ese vacío es el caldo de cultivo perfecto para la desinformación, la especulación y, sobre todo, la incertidumbre que permea la vida económica, social y política del país. La gestión de una crisis no se limita a la acción operativa; requiere una arquitectura de comunicación estructurada. De manera general, puede entenderse en cuatro fases. La primera es la etapa preliminar: vigilancia, anticipación y preparación. Implica diseñar planes, definir vocerías y capacitar equipos especializados antes de que estalle el problema. La segunda es la fase aguda, cuando el evento disruptivo irrumpe y la presión mediática alcanza su punto máximo. Aquí la comunicación oportuna y precisa es vital para contener rumores, tranquilizar a los distintos actores y demostrar control. La tercera es la fase crónica, en la que disminuye la atención mediática pero no necesariamente los efectos de la crisis. En este momento, la organización debe sostener canales abiertos, actualizar información de manera regular y comenzar a orientar el discurso hacia la recuperación. Finalmente, la fase de cicatrización busca restablecer la normalidad, evaluar lo ocurrido y extraer lecciones institucionales.
En México carecemos de una cultura sólida de prevención de crisis. Mucho menos existe, de forma sistemática, la creación de equipos especializados para gestionarlas. Sin embargo, en el ámbito gubernamental, aprender a administrar y comunicar crisis no es un lujo: es una inversión en gobernabilidad. Una gestión adecuada puede evitar costos posteriores en legitimidad, credibilidad y estabilidad. No sólo en materia de seguridad, sino también frente a huracanes, terremotos o crisis políticas. Aprender a manejar las crisis —y a comunicarlas con claridad y oportunidad— no elimina los riesgos. Pero sí reduce la incertidumbre, genera certeza y fortalece la autoridad del Estado. En momentos de alta tensión, la información no es un accesorio: es un instrumento de poder y de gobernabilidad. ____ Nota del editor: Saulo Dávila (@SauloDavila) es consultor especializado en seguridad pública en Integralia (@Integralia_Mx). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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