El disparo que nos desnudó a todos
El martes 24 de marzo de 2026, un estudiante de 15 años ingresó armado a la Preparatoria Antón Makarenko de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y asesinó a balazos a dos profesoras en la recepción del plantel. Sus nombres eran María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla. Mujeres que eligieron pararse frente a un salón de clases en uno de los municipios más violentos del país, y que pagaron esa vocación con su vida.
La ciencia que los políticos no leen
Antes de apretar el gatillo, el adolescente, conocido en redes como «vodka.com», había publicado historias en Instagram posando frente a un espejo con el fusil AR-15 que usaría horas después, con música de apología del delito de fondo, el rostro cubierto por un dibujo de anime. Las señales estaban ahí. Nadie las vio. O nadie quiso verlas. Lo que siguió al crimen fue predecible y aterrador por su vulgaridad política. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla adelantó que impulsará una iniciativa para modificar los procedimientos penales a fin de que menores de edad puedan ser enjuiciados como adultos en casos de delitos graves. Desde el Congreso local, el legislador independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla fue más lejos y declaró que el crimen merece la pena de muerte. Dos políticos, dos declaraciones, cero política pública. Puro circo romano. El pulgar hacia abajo buscando al público, no a la solución. Hay algo gravemente deshonesto en proponer que juzgar a un adolescente como adulto resuelve el problema de la violencia juvenil. No es una opinión: es lo que dice la evidencia acumulada durante décadas. En el marco jurídico de Estados Unidos, un informe de 2012 demostró la alta probabilidad de reincidencia cuando menores fueron juzgados como adultos en vez de en sistemas especializados para adolescentes, así como elevados riesgos de abuso y daño.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recordado reiteradamente que el derecho internacional exige un sistema especializado de justicia juvenil para todas las personas menores de 18 años, con enfoque rehabilitador, no punitivo. Meta-análisis criminológicos muestran de manera consistente que las intervenciones orientadas a la disuasión y el control son ineficaces, y que las intervenciones punitivas en ausencia de tratamiento social aumentan la reincidencia. Así de simple. Así de ignorado. El caso de Osmar no es el de un criminal nato. Es el de un adolescente de 15 años que se declaraba simpatizante de los grupos radicales incels, convergencia de discursos de violencia contra la mujer que operan principalmente en redes sociales, que creció en un entorno donde había acceso a un fusil AR-15 de uso militar, y cuyas señales de alarma digitales fueron invisibles para su familia, su escuela y el Estado. Encarcelarlo como adulto no le devolverá la vida a ninguna maestra. Pero sí nos permitirá seguir sin construir el sistema de prevención que este país le debe a sus jóvenes desde hace décadas.
El bachillerato, el último puente que dejamos caer Lo que sí hay que hacer: políticas públicas reales
Quienes hemos impartido clases en preparatoria sabemos que esos pasillos son el último territorio institucional donde el Estado puede todavía hablarle a un joven antes de que el mundo lo tragué. Es el último filtro. Y en México ese filtro está roto, mal pagado, sin protocolos, sin psicólogos suficientes, sin autoridad moral frente a familias ausentes y sin respaldo legal ante situaciones de riesgo. Los docentes de bachillerato en Michoacán no tienen mecanismos reales de detección temprana de conductas de riesgo. No existe un protocolo estandarizado obligatorio de atención a señales de violencia en planteles privados. No hay seguimiento psicológico sistemático ni para los alumnos ni para los propios maestros, que acumulan cargas emocionales enormes sin ningún tipo de contención institucional. El propio gobernador reconoció que las escuelas deben fortalecer la atención psicológica en infancias, adolescencias y juventudes. Bien dicho. ¿Pero dónde está el presupuesto? ¿Dónde está el programa? ¿Dónde está la ley que lo garantice? Las palabras sin estructura son solo ruido electoral. México necesita dejar de improvisar su respuesta a la violencia juvenil cada vez que ocurre una tragedia. Las propuestas existen, son viables y no requieren reformar la Constitución para colgar a un adolescente. Requieren voluntad política real. Primero, implementar un Programa Nacional de Salud Mental Escolar en nivel medio superior, con psicólogos adscritos permanentemente a cada plantel público y privado, con financiamiento mixto y obligación legal de reporte ante señales de riesgo. Segundo, crear protocolos de detección temprana de conductas violentas, radicalizadas o de ideologías misóginas en entornos digitales, articulados entre escuelas, ministerio público y servicios de salud, bajo un enfoque de corresponsabilidad entre el Estado, las familias y las instituciones educativas. Tercero, establecer una reforma a la Ley General de Educación que garantice estabilidad laboral, capacitación continua en prevención y atención psicológica obligatoria para los docentes de bachillerato, que son los actores más expuestos y los menos protegidos del sistema. Cuarto, fortalecer el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes con centros de internamiento especializados, programas de reinserción con base en evidencia científica y evaluaciones periódicas independientes, en lugar de desmantelarlo en favor de una lógica penitenciaria adulta que la criminología internacional ha demostrado que fracasa.
La tragedia que no debemos desperdiciar
María del Rosario y Tatiana no deben convertirse en el pretexto para un show punitivo que nos haga sentir bien por 48 horas. Su muerte debe ser el catalizador de una reforma estructural al sistema educativo y de salud mental que este país le viene debiendo a sus jóvenes y a sus maestros. Cada vez que un político propone pena de muerte o cárceles de adultos para adolescentes en lugar de construir política pública de fondo, está confesando su incapacidad de gobernar. Está eligiendo el graderío sobre el escritorio de trabajo. En Michoacán, esa elección ya tiene nombre y apellido. Y el costo lo pagamos todos, incluidas dos maestras que ya no podrán exigir nada. _____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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