El principal objetivo de la reforma a la reforma judicial es separar las elecciones de cargos judiciales de las de posiciones políticas para evitar que en junio de 2027, los ciudadanos tengan que elegir por miles de candidatos en un escenario de confusión y sin conocer ni quiénes son, ni qué cargos se vota. La fórmula es aplazar al 2028 la elección de cargos judiciales y que no se empate con los comicios del próximo año, en que se elegirá a 500 diputados, 17 gobernadores, miles de diputados locales, alcaldes y regidores en las entidades.
El segundo objetivo es incorporar la certificación judicial y garantizar que quien llegue a cargos judiciales cuente con experiencia y conocimientos, con más requisitos de los que hay y que prácticamente son licenciatura, título con cinco años de antigüedad y experiencia de igual lapso. La iniciativa consiste en reformar diez artículos de la Constitución : 76, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 116 y 122 y los promoventes son los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar, Mariana Benítez Tiburcio, Olga Sánchez Cordero Dávila y Alfredo Vázquez Vázquez, con el acuerdo de los senadores Javier Corral Jurado y Susana Harp. Por ejemplo se plantea que sea requisito indispensable para ministras, ministros, magistraturas y personas juzgadoras la certificación de competencias vigente emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial. A eso se añade la eliminación de la exigencia de promedios académicos específicos de ocho en licenciatura y nueve en la materia de especialización o posgrado, como se establece hoy en la Constitución. También se haría necesario establecer como requisito que los integrantes del Órgano de Administración Judicial (OAJ) tengan una antigüedad mínima de diez años de título profesional y una experiencia comprobada de al menos cinco años dentro del Poder Judicial. De acuerdo con la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, diputada federal de Morena y una de las promotoras de la iniciativa, si van a para magistrados y jueces de 7 años de ejercicio profesional en el área jurídica afín a su candidatura, lo menos que se requiere es que “ cuando menos cinco años de experiencia deben ser dentro del Poder Judicial. “Y si son ministras y ministros deben tener 10 años de experiencia y cinco de ellos dentro del Poder Judicial” , señaló. Otra medida dirigida a la profesionalización , explica, es que “solamente habría un Comité de Evaluación y no tres comités . Y ese comité va a estar representado por el Poder Judicial, por el Poder Legislativo y por el Poder Ejecutivo, ese único comité va a evaluar a los candidatos que hayan reunido los requisitos”. La iniciativa plantea además la eliminación de “requisitos documentales” pues no constituyen parámetros objetivos de evaluación, entre ellos estaría la “ carta de referencia emitida por cinco vecinos, como se incluyó en la reforma judicial de 2024. Conforme a la propuesta, todos los aspirantes serán examinados y el examen sería aplicado por la Escuela Nacional de Formación Judicial. “Una vez concluida esta fase, el Comité valorará la idoneidad tomando en cuenta los resultados de los exámenes de conocimientos, trayectoria profesional, buena fama pública, honestidad, competencias, antecedentes académicos, así como el desempeño en la entrevista».
Otra modificación planteada es que el Senado tenga la facultad de aprobación de renuncias y licencias de las personas ministras y magistradas del OAJ, del Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En el caso del TEPJF , cada dos años se renovaría su presidencia de entre sus integrantes, “sin posibilidad de reelección para el periodo inmediato posterior”. De igual forma, el TDJ renovaría su presidencia “sin posibilidad de reelección”, en tanto que los integrantes del Órgano de Administración Judicial tendrían renovación escalonada. Esta iniciativa de reforma, sin embargo, tiene futuro incierto. Aunque fue registrada en la Cámara de Diputados y en general ha tenido amplio apoyo de expertos en materia judicial e incluso electoral, aún no ha sido turnada a alguna comisión dictaminadora, ni tiene el apoyo de toda la bancada morenista en ambas cámaras. El Instituto Nacional Electoral (INE) y el TEPJF han promovido también que no se realicen el mismo año las elecciones por cargos políticos y las de cargos judiciales. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el pasado miércoles que el tema de la reforma es de “recursos”. Esto porque la razón por la que se estableció que la segunda mitad del Poder Judicial fuera a las urnas en 2027, en que se realizan elecciones federales, fue la necesidad de no gastar doble en instalar urnas y capacitar funcionarios electorales . “Estamos analizando. Tiene que ver con recursos. La secretaria de Gobernación ha tenido algunas reuniones con el INE. Entonces, lo estamos analizando . Tendría que haber una reforma constitucional para ello”, declaró la presidenta.
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