La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad de la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar al asegurar que la transferencia de las afores al Estado no significa que las personas pierdas sus ahorros para el retiro. Lo anterior porque el Pleno aprobó el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf en el que declaran infundada la acción de inconstitucionalidad que presentaron 185 legisladores de oposición al acusar que la reforma, impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en abril de 2024, vulnera el derecho de propiedad sobre los ahorros.
La reforma ordena pasar al Fondo de Pensiones para el Bienestar casi 45,000 millones de pesos de cuentas individuales inactivas de Afores de personas mayores de 70 años que ya no trabajan y cotizan en el régimen del IMSS, o mayores de 75 años si fueron servidores públicos y estuvieron en el ISSSTE. La Corte concluyó que esta medida no significa una “confiscación o expropiación” de los ahorros, sino lo único que cambia es la institución encargada de administrarlos para fortalecer el sistema de seguridad social. Ello porque los recursos están en un fideicomisos constituido por el Banco de México. Además, sostuvo que las personas no pierden sus recursos para el retiro, sino estos siguen siendo propiedad de los trabajadores o de sus beneficiarios, quienes pueden reclamarlos en cualquier momento. «Esta modificación recae en el esquema de administración de esos recursos y no altera su titularidad ni el derechos de sus legitimos propietarios para reclamar dicho recursos», enfatizó la ministra Loretta Ortiz Ahlf. La ministra ponente sostuvo que la reforma no autoriza la apropiación por parte del Estado de los ahorros ni extingue los derechos de sus titulares, solo modifica la forma en que determinados recursos no reclamados son administrados. La Corte también determinó que este esquema ofrece elementos de certeza y seguridad jurídica, ya que el Fondo de Pensiones para el Bienestar está obligado a contar con una reserva a fin de garantizar una suficiencia de recursos para devolver ese dinero cuando sea solicitado. Así como establecer un Comité Técnico que dicte reglas claras para administrar, invertir y entregar los recursos y rendimientos, y sujetarse a mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Durante la discusión, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, señaló que la creación de este fondo generó “inquietud”, por lo que rechazó las críticas, como que con esta medida se confiscaba y expropiaba los ahorros de los trabajadores. “Yo creo que lo único que está ocurriendo es que se cambia de administrador hacia un mecanismo, este es distinto, pero con todas las garantías; como ya ustedes han señalado, se mantiene la propiedad de los recursos a favor de los trabajadores, se mantiene la posibilidad de que quien pueda recuperarlos se pueda prever”, declaró.
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