La confianza que se construye con extradiciones, no con discursos
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum demostró, en los primeros meses de 2025, una disposición real hacia la cooperación bilateral: la extradición de 29 líderes del crimen organizado, incluyendo figuras de alto perfil como Rafael Caro Quintero y los hermanos Treviño Morales, fue calificada por el director del FBI, Kash Patel, como un “hito histórico”. Ese gesto, contundente en la forma, marcó una diferencia notable con los tropiezos y complicidades de administraciones anteriores. En agosto del mismo año, 26 capos adicionales de alto perfil fueron transferidos a Estados Unidos, entre ellos figuras clave del CJNG y del Cártel de Sinaloa.
El victimismo como política exterior de seguridad
La señal era clara: México podía ser un socio confiable cuando la voluntad política lo acompañaba. Pero esa voluntad, como todo en la política de seguridad mexicana, resultó ser selectiva. Porque cuando el 29 de abril de 2026 el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales ante una corte federal de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios y exfuncionarios de ese estado, los cargos incluían conspiración para importar y distribuir fentanilo, heroína y cocaína hacia Estados Unidos; posesión de armamento de grado militar; corrupción institucional en favor de la facción «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa; y presunto apoyo electoral ilícito en 2021, con penas mínimas que van de 50 años de prisión hasta cadena perpetua, la respuesta del gobierno mexicano activó otro mecanismo mucho más conocido y lamentablemente predecible: el escudo soberanista. La presidenta Sheinbaum declaró que solo si existían pruebas «contundentes» se procedería contra Rocha Moya, y que sin esos elementos las acusaciones se inscribían en un contexto político, rechazando de plano cualquier forma de injerencia extranjera en asuntos internos. El propio gobernador acusado calificó los señalamientos como «una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional». Y el senador morenista Enrique Inzunza, también acusado, se apresuró a recordar que apenas un día antes había defendido la soberanía ante la «ilegal actuación de agentes norteamericanos en suelo mexicano». El problema no es la invocación de la soberanía. La soberanía es un principio jurídico fundamental. El problema es su uso selectivo, cínico y políticamente funcional para blindar a figuras del propio partido gobernante.
El patrón que nadie quiere ver en el espejo
La base de la acusación estadounidense son los testimonios orales de Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán, hijos de «El Chapo», que señalan directamente a Rocha Moya como receptor de sobornos, y en el sistema judicial norteamericano ese tipo de testimonio tiene un peso probatorio considerable. Esto no es una filtración política arbitraria: es el resultado de años de cooperación de inteligencia, de infiltración y de trabajo operativo. De la misma inteligencia que México recibe y agradece cuando le ayuda a detener capos, pero que rechaza cuando apunta hacia su propio aparato de gobierno. El caso Rocha Moya no es una anomalía. Es la continuación de un patrón estructural que atraviesa sexenios, partidos y gobiernos. De García Luna condenado a 38 años en una prisión federal estadounidense por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, a Yarrington deportado a México tras cumplir condena en Estados Unidos, pasando por Eugenio Hernández, con extradición solicitada desde 2018 y aún sin concretar, o Edgar Veytia, exfiscal de Nayarit que protegió al CJNG, el patrón que se observa revela un ciclo donde exgobernadores y altos funcionarios operaron en la frontera difusa entre el Estado y el crimen organizado. La cooperación bilateral México-Estados Unidos arrastra un pecado original: nació como respuesta a las prioridades estadounidenses, no mexicanas. Desde la Iniciativa Mérida en 2007, el esquema ha sido consistente: Estados Unidos identifica una amenaza a su seguridad nacional, México se convierte en el territorio donde debe contenerse esa amenaza. Y mientras eso ocurre, los datos del INEGI confirman un promedio de ochenta asesinatos diarios en el primer semestre de 2026, y la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana reporta que el treinta y cuatro por ciento de la población considera que la situación seguirá igual de mal.
Lo que México debe hacer: propuestas reales, no banderas La soberanía que no puede defenderse a sí misma no defiende nada
La cooperación bilateral, en su estado actual, no está diseñada para resolver los problemas de seguridad de los mexicanos. Eso lo paga la ciudadanía, no los funcionarios acusados. El camino no es la capitulación ante Washington ni el refugio en un soberanismo de papel. Hay una ruta de política pública concreta y factible. Primero, México necesita un protocolo institucional de respuesta a las solicitudes de extradición que sea técnico, no político. La SRE y la FGR deben operar con criterios jurídicos uniformes, transparentes y auditables, independientemente de la filiación partidaria del acusado. Exigir el cumplimiento del Artículo 3 del Tratado de Extradición bilateral —pruebas suficientes conforme a las leyes mexicanas— es un acto legítimo de soberanía, siempre que se aplique con el mismo rigor para un gobernador morenista que para un exfuncionario panista o priista. Lo que no puede seguir ocurriendo es que la vara cambie según el color político del acusado. Segundo, la inteligencia debe desvincularse operativamente de la decisión política presidencial. Desde septiembre de 2025, ambos gobiernos establecieron un grupo de alto nivel para dar seguimiento a los compromisos bilaterales en materia de seguridad, basado en principios de reciprocidad y confianza mutua. Ese mecanismo debe fortalecerse con autonomía real, donde los titulares de seguridad nacional, SEMAR, SEDENA y la UIF operen con protección institucional frente a la interferencia política de Palacio Nacional. La reunión de altos mandos militares de ambos países en Chihuahua en mayo de 2025, con intercambio de experiencias sobre operativos espejo en zonas fronterizas, es el modelo que debe expandirse, no el de las conferencias mañaneras donde se procesa políticamente la respuesta a las acusaciones judiciales. Tercero, México requiere una reforma estructural a la FGR que garantice su independencia real frente al Ejecutivo. Mientras la Fiscalía General de la República responda políticamente al gobierno en turno, cualquier acusación que involucre a funcionarios del partido gobernante será procesada con el mismo doble rasero que hoy vemos en el caso Rocha Moya. El mayor riesgo para la relación bilateral no es Trump ni sus declaraciones incendiarias.
El mayor riesgo es que México siga confirmando lo que Washington ya sospecha: que la frontera entre el gobierno y el crimen organizado en este país es porosa, y que la soberanía se invoca para protegerla. Extraditar a Caro Quintero y blindar a Rocha Moya no es una política coherente de seguridad. Es una política de administración selectiva de la impunidad. Y eso, a diferencia de la geografía, sí se puede cambiar. _____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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