La visita de Isabel Díaz Ayuso a México volvió a demostrar que Hernán Cortés sigue provocando más reacciones políticas que muchos gobernantes contemporáneos. Bastaron algunas declaraciones sobre la hispanidad y el legado español para reabrir una discusión que, en realidad, México nunca ha terminado de resolver. Porque la Conquista no es solamente un episodio histórico. Sigue siendo una herida política, social y cultural que aparece una y otra vez en el debate público nacional.

Sin embargo, el verdadero problema no es lo que dijo Ayuso. El problema más profundo es que 500 años después las estructuras de desigualdad que nacieron desde la colonia siguen presentes en México. Cada vez que surge una polémica sobre Hernán Cortés, las discusiones suelen reducirse a extremos cómodos. De un lado, quienes intentan romantizar la conquista española bajo discursos de civilización, mestizaje o hispanidad. Del otro, quienes convierten toda la relación histórica entre México y España en una narrativa absoluta de opresión. Pero mientras el debate se queda atrapado en símbolos, estatuas y declaraciones mediáticas, millones de personas indígenas y campesinas continúan viviendo en condiciones de exclusión que ningún gobierno ha logrado corregir realmente. Las regiones con mayores niveles de pobreza en México siguen coincidiendo, en buena medida, con aquellas donde históricamente se concentraron comunidades indígenas y campesinas. Los rezagos en acceso a justicia, salud, infraestructura, educación y desarrollo económico siguen teniendo un componente profundamente territorial y étnico. Cambiaron las constituciones. Cambió el sistema político. Cambió el discurso oficial. Pero no ha cambiado la estructura profunda de la desigualdad. México aprendió a reivindicar discursivamente a sus pueblos indígenas. Lo que todavía no aprende es a redistribuir poder, riqueza y acceso efectivo a la justicia. Por eso resulta insuficiente reducir el debate únicamente a si Hernán Cortés debe ser condenado o reivindicado históricamente. La pregunta verdaderamente incómoda es otra: ¿qué hizo el México independiente con las poblaciones históricamente sometidas desde la colonia? Porque después de la Independencia, después de la Revolución e incluso después de décadas de gobiernos que se asumieron cercanos a las causas sociales, las comunidades indígenas y campesinas siguen siendo las más vulnerables frente a la pobreza, el abandono institucional y la exclusión. Incluso las propias instituciones mexicanas parecen atrapadas en una lógica más simbólica que transformadora.

Hace apenas unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebró un convenio de colaboración con los tribunales agrarios bajo el discurso de fortalecer el acceso a la justicia para comunidades campesinas e indígenas. El problema es que México lleva décadas firmando convenios, anunciando programas y construyendo narrativa institucional alrededor de los derechos agrarios e indígenas sin modificar realmente las condiciones estructurales que producen exclusión. La precariedad de la justicia agraria, los conflictos por tierras, la desigualdad territorial y el abandono histórico del campo mexicano no se resuelven con ceremonias institucionales ni con discursos políticamente correctos. Y esa es precisamente la contradicción que la polémica de Ayuso vuelve a exhibir. México convirtió la Conquista en una referencia política permanente, pero muchas veces sin transformar las consecuencias sociales que dejó la propia estructura colonial. Por eso la discusión sobre Hernán Cortés sigue despertando tanta tensión emocional. Porque en el fondo no se trata solamente del pasado. Se trata del presente. Se trata de un país donde millones de personas siguen viviendo bajo condiciones de desigualdad histórica mientras las élites políticas discuten símbolos, identidades y relatos nacionales. Tal vez por eso la figura de Cortés nunca desaparece del debate mexicano. Porque la Conquista no terminó realmente en el siglo XVI. Sus consecuencias siguen presentes en la distribución de la riqueza, en el acceso al poder, en la justicia agraria y en las profundas desigualdades que todavía atraviesan a México.

Y mientras eso no cambie, cualquier discusión sobre la hispanidad seguirá siendo mucho más que un debate histórico. Será un debate sobre el país que todavía no hemos logrado construir. _____ Nota del editor: Carlos Enrique Odriozola Mariscal es abogado y activista en la defensa de los derechos humanos. Presidente del Centro Contra la Discriminación. Redes sociales @ceodriozolam Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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