La Trampa del Doble Citatorio: Maru Primero, Rocha Después
La gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, recibió el citatorio de la FGR primero — para declarar el miércoles 27 de mayo como testigo en el caso de la presencia irregular de agentes de la CIA en su estado. Fue una maniobra de comunicación política disfrazada de acto jurídico: hacerla pública primero, dejar que la opinión reaccionara, y después anunciar que ese mismo sábado 23 de mayo, alrededor del mediodía, el citatorio también llegó a Rubén Rocha Moya. El orden no es inocente.
¿Custodia o prisión preventiva encubierta? La «Guarda» de Rocha Moya
Cuando Maru Campos recibió su notificación en las escaleras del Palacio de Gobierno de Chihuahua, reclamó públicamente que Rocha Moya no había sido convocado en los mismos términos. Era la reacción esperada, casi guionizada. Horas después llegó el de Rocha. El efecto: la narrativa oficial pudo decir que «la ley es pareja». El problema es que los supuestos delitos son de naturaleza radicalmente opuesta: a Rocha Moya se le investiga por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa; a Maru Campos, por haber permitido que la CIA operara en su territorio contra ese mismo cártel. En la lógica de este gobierno, combatir el narco con aliados extranjeros es tan grave como ser cómplice del narco. La simetría jurídica es, en realidad, una obscenidad política. El senador Enrique Inzunza había permanecido oculto las tres últimas semanas en algún lugar de Badiraguato, Sinaloa — uno de los territorios históricamente más controlados por el Cártel de Sinaloa. No es un detalle menor. La pregunta que nadie en la prensa oficial se atreve a formular con claridad es si esa «discreción» era voluntaria o si existía alguna forma de tutela institucional, informal o de facto, que garantizara que ni Inzunza ni Rocha cayeran en manos de ninguna autoridad antes de que el gobierno decidiera el momento político correcto para actuar. La FGR había rechazado inicialmente ejecutar las órdenes de detención provisional solicitadas por Estados Unidos, argumentando falta de pruebas documentales suficientes. ¿Falta de pruebas o exceso de conveniencia política? Cuando un gobernador indiciado en una corte federal de Nueva York «solicita licencia» y desaparece del radar oficial durante semanas, y la Fiscalía que debería investigarlo declara que no hay elementos para actuar, la frontera entre protección institucional y complicidad institucional se vuelve inquietantemente delgada.
Corral e Inzunza. El almuerzo que vale más que mil discursos La Segob administra lo que la FGR debería resolver
El viernes previo a los citatorios, Javier Corral Jurado y Enrique Inzunza se encontraron en el restaurante El Álamo del Country Club de Culiacán. El propio exgobernador de Chihuahua reconoció el encuentro: «Sí, fui a ver a mi compañero senador. Estando en Mazatlán fui a escucharlo.» Hay que detenerse aquí. Javier Corral, senador de Morena, exgobernador panista devenido aliado del régimen, se desplaza deliberadamente para reunirse con un colega acusado de narcotráfico por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que llevaba tres semanas en paradero discreto. ¿Fue una visita de apoyo solidario entre compañeros de bancada? ¿O fue Corral el conducto informal para comunicarle a Inzunza que el tiempo político había cambiado, que los citatorios eran inminentes y que era momento de salir del subsuelo y dar la cara? El timing habla solo: el citatorio de la FGR ocurrió en medio de la atención pública sobre Inzunza, quien reapareció en Culiacán junto al senador Javier Corral, luego de varios días sin presentarse en sesiones legislativas. La «recomendación de aparecer» antes del citatorio huele más a coordinación política que a coincidencia. Luego de que la FGR informó de las notificaciones para comparecer, la Secretaría de Gobernación aclaró que los citatorios son «un asunto de procedimiento en las investigaciones para que acudan como testigos» y que «las actuaciones se desarrollan con fundamento en la ley y no tienen interés político». Ese comunicado de la Segob es, en sí mismo, la prueba más contundente de que la FGR no es autónoma. ¿Desde cuándo le corresponde a una secretaría política del Ejecutivo Federal explicar y acotar el alcance de los actos procesales de una Fiscalía supuestamente independiente? La FGR emite un comunicado; Segob sale a «aclarar» qué significa y qué no. Eso no es autonomía institucional: es una fiscalía tutelada, a la que el gobierno le pone subtítulos cada vez que habla. La autonomía jurídica no es un principio que se declara en la Constitución y luego se viola en el comunicado del sábado. O existe o no existe. Y hoy queda claro que no existe.
El efecto Mullin: 48 horas que destruyen meses de discurso soberanista Un Estado que actúa por presión externa no es un estado soberano
El análisis más devastador de esta coyuntura no está en los citatorios ni en los indictments : está en la secuencia temporal. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía habían tenido semanas de margen desde que se hicieron públicas las acusaciones el 29 de abril. Durante ese tiempo, la FGR argumentó falta de pruebas. Durante ese tiempo, Harfuch dijo que Rocha estaba «limpio». Durante ese tiempo, la presidenta Sheinbaum anunció públicamente de qué no iba a hablar cuando recibiera al enviado de Washington. Y entonces llegó Markwayne Mullin. El enviado de Washington llegó con el peso de tres crisis simultáneas sobre la mesa: la muerte de dos agentes de la CIA en la sierra entre Chihuahua y Sinaloa, los indictments federales en Nueva York contra 10 funcionarios mexicanos incluyendo un gobernador en funciones, y una Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 que clasifica el fentanilo como arma de destrucción masiva. Cuarenta y ocho horas después de su salida del Palacio Nacional, los citatorios estaban firmados. La matemática es brutal: lo que semanas de presión diplomática formal no lograron, una visita de 24 horas en Palacio lo resolvió de fin de semana. La advertencia estadounidense tiene coordenadas muy precisas: hay narcopolíticos documentados en el gobierno mexicano, la justicia de Estados Unidos tiene los casos construidos, y México puede elegir entre cooperar ordenadamente o ver cómo sus funcionarios son procesados directamente en cortes federales de Nueva York. Dos exsecretarios del gobierno de Sinaloa — el de Finanzas y el de Seguridad — ya se entregaron voluntariamente en Europa y Estados Unidos. La arquitectura del derrumbe ya está en marcha. Lo que estos días revelan no es una crisis de seguridad ni una crisis diplomática. Es una crisis de carácter institucional de fondo. México tiene una Fiscalía que actúa cuando Washington golpea la mesa; tiene una Secretaría de Gobernación que le pone notas al pie a la justicia; tiene un Ejecutivo que anuncia previamente qué temas no discutirá con potencias extranjeras — y al hacerlo señala exactamente dónde están sus zonas de mayor fragilidad. Tiene senadores acusados de narcotráfico que almuerzan tranquilamente en clubes exclusivos con colegas que los van a «escuchar», y una opinión pública que absorbe el espectáculo como si el problema fuera el orden de los citatorios y no la existencia misma de gobernadores que presuntamente gobernaron para el cártel. La soberanía no se defiende con comunicados que digan «coordinación sin subordinación».
Se defiende con instituciones que actúen sin necesitar que un secretario estadounidense cruce la puerta de Palacio Nacional para recordarles que tienen obligaciones constitucionales. Lo que Mullin dejó claro — y lo que México debería aceptar sin eufemismos — es que el Estado mexicano no está en condiciones de resolver solo su crisis de narcopolítica. Y que mientras eso sea así, Washington no vendrá a cooperar: vendrá a notificar. _____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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