A un mes de que Estados Unidos hiciera acusaciones formales en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, otros nueve políticos y funcionarios de esa entidad, solo dos se han entre entregado a las autoridades estadounidenses y siete más siguen ser detenidos y sin ficha de la Interpol. El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que los funcionarios mexicanos eran buscados por narcotráfico, al relacionarlos con la fracción de «Los Chapitos» que comandan los hijos de Joaquín «el Chapo» Guzmán, y por delitos relacionados con armas, señalamiento que ha generado alta presión para el gobierno federal y al interior de Morena.
“Los acusados desempeñaron diversas funciones esenciales para el Cártel: entre otras cosas, presuntamente protegieron a los líderes del Cártel de la investigación, el arresto y el enjuiciamiento; proporcionaron información confidencial de las fuerzas del orden y del ejército a miembros del Cártel y narcotraficantes aliados para facilitar las actividades delictivas del Cártel; ordenaron a miembros de agencias policiales estatales y locales que protegieran cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos”, acusó el Departamento de Estado. A cambio, de acuerdo con el señalamiento, los acusados presuntamente recibieron sobornos provenientes del narcotráfico. Aunque por décadas en México ya hay señalamientos de políticos vinculados con el crimen, las acusaciones procedentes de Estados Unidos escalaron la tensión en la ya compleja relación bilateral. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Gobierno de Estados Unidos pruebas de las acusaciones para que se procediera a la detención con fines de extradición de los políticos señalados o, de lo contrario, dijo, sería «claro» que la intención detrás de las acusaciones era política. “Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, dijo un día después de los señalamientos estadounidenses. A un mes de las acusaciones, algunos de los implicados se separaron del cargo, dos se entregaron ante la justicia de Estados Unidos, otros comparecieron ante la Fiscalía General de la República y a todos les fueron congeladas sus cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca, nunca los traicionaré”
Rubén Rocha Moya Aunque inicialmente el entonces gobernador de Sinaloa rechazó las acusaciones de Estados Unidos, horas después
pidió licencia para separarse por un periodo de 30 días del cargo. En sustitución fue nombrada la entonces secretaria de Gobierno de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde. Rocha fue llamado a comparecer ante la Fiscalía General de la República, en la sede de Culiacán, Sinaloa, donde respondió a las preguntas que le formuló el Ministerio Público de la federación. Aseguró que, cuando sea requerido, asistirá. “Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario. Lo haré porque creo en el Sistema Judicial Mexicano, confío en nuestro Estado de Derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia, que el movimiento de la Cuarta Transformación ha venido saneando y legitimando, a través de múltiples acciones reformadoras que profundizan la vida democrática y de justicia de las y los mexicanos”, escribió en redes. Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que había una ficha roja emitida por Interpol en contra del gobernador con la que, en caso de salir del país, podría ser detenido. Sin embargo, esa versión la corrigió la Secretaría de Seguridad Pública. “La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informa que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con notificación roja emitida por la Interpol. Luego de realizar las consultas correspondientes con las instancias nacionales e internacionales competentes, se confirmó que no existe ninguna notificación en su contra”, informó. La licencia aprobada por 30 días para el mandatario está por vencerse, pero puede solicitar una prórroga.
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Dámaso Castro Saavedra El 5 de mayo, Castro solicitó licencia sin goce de sueldo de su cargo como vicefiscal general de la Fiscalía del estado. El Gobierno de Estados Unidos lo señala de “conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos”. Por estos delitos ameritaría una sanción mínima de 40 años de prisión. El vicefiscal con licencia también acudió a la sede de la FGR en Culiacán para comparecer ante la investigación que se realiza. Sobre las acusaciones desde Estados Unidos, Dámaso Castro aseguró: “Siempre nosotros en el trabajo honesto y en el trabajo institucional”.
Juan de Dios Gámez Mendívi El 1 de mayo el entonces presidente municipal de Culiacán solicitó licencia para separarse de forma temporal de su cargo. Ana Miriam Ramos Villarreal fue nombrada alcaldesa provisional, quien era síndica Procuradora. Juan de Dios Gámez también acudió a comparecer ante la FGR, sin embargo, no hizo ninguna declaración. El alcalde con licencia es acusado de “conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos”, los cuales, en caso de comprobarse, ameritarían una pena mínima de 40 años en prisión o cadena perpetua.
Enrique Inzunza Cázarez El legislador solicitó licencia al Senado este 28 de mayo, luego de resistirse en un par de ocasiones El sábado pasado compareció ante la sede de la FGR, en dónde informó que se representaría asimismo. “El 23 del presente mes, comparecí sin representación legal y como mi propio abogado. Reafirmo mi firme compromiso de atender este y todos los demás requerimientos, sin acogerme a la excepción prevista en el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales por mi condición de legislador”, comentó. Es señalado de los delitos de “conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos” los que ameritan una mínima obligatoria de 40 años de prisión o cadena perpetua.
Marco Antonio Almanza El exjefe de la Policía de Investigación en Sinaloa compareció ante la FGR, en donde se declaró inocente. “Yo no serviría ni de testigo protegido ni de testigo colaborador, porque yo nunca he pertenecido a un grupo delictivo. Toda mi vida: 31 años, seis meses, cinco días, fui policía investigador y me preparé para eso, hice las cosas con bien todo el tiempo”, aseguró. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa de “conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos”.
Las entregas Dos de los 10 acusados ya se entregaron ante las autoridades de Estados Unidos: el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa Gerardo Mérida Sánchez y el exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega. En el caso de Mérida, ocurrió el 11 de mayo en Arizona. Fue puesto a disposición de un juez para ser trasladado a Nueva York, donde compareció ante una corte federal tras ser acusado de “conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos”. En su audiencia, Mérida se declaró no culpable. Días después, también se entregó ante autoridades estadounidenses Enrique Díaz, quien fue señalado de reunirse con Iván y Alfredo Guzmán, hijos de “El Chapo” Guzmán.
¿Y los otros? Hay tres exfuncionarios que aún no han comparecido ante la FGR: Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe de la Policía de Investigación; José Antonio Diocino Hipólito, exsubdirector policial, y Juan Valenzuela Milán, excomandante municipal. A todos los políticos señalados por el Gobierno de Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General de la República les congeló sus cuentas bancarias como un acto preventivo. «Los bancos mexicanos, al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos, emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Públicamente Expuestas, conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo», señaló la UIF.
Los
efectos en la relación bilateral Las acusaciones desde Estados Unidos tensaron aún más la relación con México, la cual llevaba meses con amenazas de imponer aranceles y presiones para dar más resultados en materia de seguridad. Miguel Ángel Sigala Gómez, profesor de la Universidad de Guadalajara, afirma que el caso Sinaloa generó uno de los momentos más complejos para la relación bilateral. “Estamos en uno de los momentos más críticos en la historia de la relación México – Estados Unidos porque formalmente el Gobierno de Estados Unidos acusa a un gobernador en funciones de tener nexos con el narcotráfico y fuerza su renuncia, aunque sea temporal, del gobernador. Un gobernador que es identificado como muy cercano al líder líder moral del movimiento que gobierna el país, Andrés Manuel López Obrador”, sostiene. La presidenta aclaró que no busca una confrontación con Estados Unidos, sin embargo, comentó que, para proceder con la petición de detención con fines de extradición hecha por la justicia estadounidense, es necesario que se presenten pruebas de las acusaciones. Por el momento esa petición se pausó, en espera de que lleguen más pruebas para proceder con la detención –o no– de los políticos acusados.
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