El traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, que el propio líder del Cártel de Sinaloa ha calificado como un “secuestro” , mantiene abierta una controversia política, diplomática y judicial entre los gobiernos de México y Estados Unidos. El caso ha estado marcado por versiones encontradas sobre lo ocurrido, cuestionamientos por una presunta violación a la soberanía mexicana y señalamientos sobre las inconsistencias y errores en la información difundida por ambos países. La disputa también se ha extendido a otros frentes de la relación bilateral. El gobierno mexicano ha rechazado entregar a 10 personas —entre ellas políticos de Morena— que, según autoridades estadounidenses, son requeridas para enfrentar procesos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. México sostiene que las solicitudes carecen de pruebas suficientes y ha acusado a Washington de intentar intervenir en asuntos internos del país.
El caso comenzó el 25 de julio de 2024, cuando Ismael «El Mayo» Zambada fue trasladado a Estados Unidos en un operativo que, de acuerdo con la versión inicial, fue resultado de una traición de su ahijado y socio, Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, ambos integrantes del Cártel de Sinaloa. En ese momento, el gobierno estadounidense sostuvo que no había participado en la captura ni en el traslado del capo. Casi dos años después, esa versión comenzó a desmoronarse. Una investigación periodística reveló el pasado 2 de julio que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) participaron directamente en la extracción de Zambada desde territorio mexicano, lo que reavivó las acusaciones sobre una posible violación de la soberanía nacional y confirmó que la explicación ofrecida inicialmente por Washington era, al menos, incompleta. Las revelaciones también arrojaron nueva luz sobre el papel del piloto que trasladó a Zambada a Estados Unidos. Se conoció que estuvo recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, «El Altiplano», obtuvo un amparo para evitar malos tratos y posteriormente fue entregado por el gobierno mexicano a autoridades estadounidenses sin que, según diversas versiones, se conociera plenamente su verdadera identidad. Desde que ocurrió el traslado, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador exigió a Washington un informe detallado sobre el operativo. Sin embargo, la controversia escaló tras conocerse las nuevas revelaciones y por las declaraciones del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien en su libro afirmó que López Obrador temía que «El Mayo» implicara a funcionarios mexicanos con sus declaraciones ante la justicia estadounidense. Las afirmaciones del exdiplomático provocaron una nueva confrontación entre ambos gobiernos. La presidenta Claudia Sheinbaum acusó a Salazar de haber mentido al negar en 2024 la participación de Estados Unidos en el operativo y advirtió que podrían emprenderse acciones en su contra. Salazar, por su parte, sostuvo sus dichos y aseguró que, pese a que López Obrador exigía públicamente explicaciones, rechazó en cuatro ocasiones reunirse con él y con funcionarios estadounidenses. «Comunicamos al gobierno mexicano que no se trataba de nuestro avión, ni de nuestro piloto, ni de nuestra operación. La verdad es la verdad», escribió Salazar el 8 de julio en su cuenta de X en respuesta a los señalamientos de Sheinbaum. En una entrevista con N+, agregó que hubo una «negativa total de comunicación» por parte del entonces presidente López Obrador y del exfiscal Alejandro Gertz Manero, pese a que intentó contactarlos en cuatro ocasiones.
El piloto del traslado
Las contradicciones en torno al caso de Ismael «El Mayo» Zambada se profundizaron luego de que la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, advirtiera que las presuntas mentiras del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, así como una «serie de violaciones al derecho mexicano e internacional», podrían derivar en responsabilidades. Sin embargo, durante ese mismo anuncio, la Fiscalía General de la República (FGR) reconoció que, pese a reclamar durante meses información al gobierno estadounidense sobre el operativo en el que Zambada fue llevado a ese país, fue el propio gobierno mexicano el que mantuvo bajo custodia al piloto de la aeronave y posteriormente lo entregó a Estados Unidos sin haberlo interrogado sobre los hechos. El hombre identificado como Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias «El Jando», era en realidad Alejandro Ojeda Ávila, nombre con el que fue identificado posteriormente el piloto de confianza de Iván Archivaldo Guzmán, uno de «Los Chapitos» e hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán. Tras el traslado y captura de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López, ocurrido el 25 de julio de 2024, fue detenido por autoridades estadounidenses en Nuevo México y posteriormente regresado a México a petición propia. Meses después, el 8 de febrero de 2025, fue capturado en un operativo realizado en Sinaloa. Días más tarde, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que se trataba del «piloto de confianza del líder de la célula delictiva que tiene que ver con la privación ilegal de la persona que fue entregada en Estados Unidos», en referencia a «El Mayo» Zambada. A pesar de ello, «El Jando» permaneció recluido en el penal federal del Altiplano, obtuvo un amparo e incluso una suspensión para impedir su traslado a Estados Unidos. Finalmente, el gobierno mexicano lo entregó a ese país para que enfrentara cargos penales. La polémica aumentó este 15 de julio, cuando se reconoció que, al momento de enviarlo a Estados Unidos, las autoridades desconocían no sólo que utilizaba una identidad falsa, sino también que era el piloto que trasladó a «El Mayo» Zambada y a Joaquín Guzmán López, pese a que desde 2025 existían investigaciones relacionadas con ese episodio. La admisión abrió nuevos cuestionamientos sobre por qué México dejó ir a un testigo que podía aportar información clave para esclarecer cómo ocurrió el presunto secuestro y extracción del líder del Cártel de Sinaloa. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no participó en la reunión del Consejo de Seguridad que autorizó la expulsión de «El Jando», aunque la decisión fue tomada por un órgano integrado por los principales funcionarios del gabinete de seguridad de su administración. Por su parte, el canciller Roberto Velasco sostuvo que el piloto fue enviado a Estados Unidos antes de que las autoridades mexicanas conocieran su verdadera participación en el traslado de los dos capos. Tanto él como García Harfuch señalaron que corresponde a la FGR explicar las razones jurídicas de esa decisión. Un día antes, el 14 de julio, García Harfuch defendió la expulsión de «El Jando» y de otros 25 presuntos integrantes de grupos criminales requeridos por Estados Unidos. «Fueron personas que para nosotros, para el gabinete de seguridad, hacían muchísimo más daño aquí en México que en ningún otro lado», afirmó, al tiempo que remitió nuevamente a la FGR la responsabilidad de informar sobre el caso.
Cronología del caso «El Mayo», «Los Chapitos», el piloto y Estados Unidos 25 de julio de 2024 26 de julio de 2024 Agosto de 2024
8 de febrero de 2025 11 de febrero de 2025 12 de febrero de 2025 18 de febrero de 2025 26 de marzo de 2025 2 de abril de 2025 12 de agosto de 2025 9 de abril de 2026 29 de abril de 2026
22 de junio de 2026 2 de julio de 2026 7 de julio de 2026 8 de julio de 2026 9 de julio de 2026 10 de julio de 2026 13 de julio de 2026 14 de julio de 2026 15 de julio de 2026
El caso de Ismael «El Mayo» Zambada, que en un inicio fue utilizado como argumento para cuestionar la actuación del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, terminó revelando una cadena de contradicciones, errores y decisiones cuestionadas tanto de funcionarios estadounidenses como de autoridades mexicanas en materia política, de seguridad y procuración de justicia. La controversia se desarrolla además en medio de una disputa entre ambos gobiernos por la soberanía nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum, la Fiscalía General de la República y legisladores de Morena han acusado a Estados Unidos de intentar intervenir en asuntos internos de México mediante solicitudes de entrega de personas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa, entre ellas políticos morenistas, bajo acusaciones que, aseguran, carecen de pruebas suficientes. Ismael «El Mayo» Zambada fue trasladado desde México a Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán. La aeronave en la que viajaron fue piloteada por Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias «El Jando», quien posteriormente fue identificado como Alejandro Ojeda Ávila. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador exigió al gobierno estadounidense un «informe completo» sobre la detención de Zambada y Guzmán López. «Hay que informar, tiene que haber transparencia», señaló el mandatario, quien durante los últimos meses de su administración insistió en conocer si agencias estadounidenses habían participado en una operación dentro de territorio mexicano. Ken Salazar, entonces embajador de Estados Unidos en México, negó que su país hubiera participado directamente en el operativo. «No hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación. No fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta era operación entre los cárteles donde uno se entregó al otro», declaró. Ese mismo mes, Alejandro Ojeda Ávila solicitó regresar a México. Al no enfrentar cargos en Estados Unidos en ese momento, fue enviado al país sin que, según se conoció posteriormente, se revelara su verdadera identidad. «El Jando» fue detenido en la comunidad de Jesús María, Culiacán, Sinaloa. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el detenido era piloto de confianza de una célula criminal relacionada con la privación ilegal de la persona entregada en Estados Unidos, en referencia a «El Mayo» Zambada. Ese mismo día, un juez federal dictó prisión preventiva de oficio contra Ojeda Ávila por posibles delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El juez Augusto Octavio Mejía Ojeda concedió una suspensión de plano para evitar una eventual extradición, deportación o destierro a Estados Unidos, así como posibles malos tratos o falta de medicamentos. Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez vinculó a proceso a «El Jando» por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud. El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México concedió una suspensión definitiva para impedir el inicio del juicio oral, aunque ordenó mantenerlo recluido en el penal federal del Altiplano. La Corte del Distrito de Columbia, en Washington, presentó una acusación contra «El Jando» por tráfico de cocaína. Alejandro Ojeda Ávila fue entregado a Estados Unidos junto con otros 25 presuntos integrantes de organizaciones criminales, sin un proceso formal de extradición. En ese momento, la Fiscalía General de la República estaba encabezada por Alejandro Gertz Manero. Ante una corte federal en Washington, «El Jando» se declaró culpable del delito de conspiración para distribuir cocaína con intención de importarla ilegalmente. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dio a conocer una acusación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas por presuntos vínculos con «Los Chapitos». Estados Unidos solicitó su detención con fines de extradición, petición rechazada por México al considerar que representa un intento de vulnerar la soberanía nacional. En la presentación de su libro «Borderlands: My Fight for an Inclusive America», el exembajador Ken Salazar afirmó que López Obrador temía que «El Mayo» Zambada revelara información sobre funcionarios mexicanos ante autoridades estadounidenses. Sus declaraciones generaron críticas del gobierno federal y dirigentes de Morena. El periodista Luis Chaparro difundió un documento en el que, según su investigación, el FBI reconocía su participación en el operativo denominado «Reyes del Aire» o «Air Kings», relacionado con la extracción de Zambada. También difundió imágenes de la aeronave utilizada en el traslado, exhibida en el War Eagles Air Museum de Santa Teresa, Nuevo México. La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que López Obrador había solicitado información a Estados Unidos sobre el operativo y cuestionó la versión de Ken Salazar. «¿Quién miente? ¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar?», planteó la mandataria, quien anunció una cronología para deslindar responsabilidades. Salazar respondió en su cuenta de X: «Comunicamos al gobierno mexicano que no se trataba de nuestro avión, ni de nuestro piloto, ni de nuestra operación. La verdad es la verdad». Ese mismo día, la Fiscalía General de la República señaló que existían posibles violaciones al derecho mexicano e internacional relacionadas con el caso. La dependencia reconoció además que la identificación del piloto se logró mediante dictámenes periciales de audio, aunque fue cuestionada sobre por qué México entregó a Estados Unidos a una persona que podía aportar información clave sobre el traslado de Zambada. Sheinbaum y el canciller Roberto Velasco abordaron el caso del piloto, pero señalaron que correspondía a la FGR explicar por qué fue enviado a Estados Unidos. Velasco afirmó que la información sobre la identidad de «El Jando» como piloto se conoció después de su entrega. La presidenta anunció que el Gabinete de Seguridad explicaría el caso del piloto. En entrevista con N+, Ken Salazar afirmó que él y Merrick Garland, entonces fiscal general de Estados Unidos, buscaron comunicarse cuatro veces con López Obrador para informarle del caso y proponer una reunión, pero aseguró que recibieron una «negativa total de comunicación». También afirmó que no obtuvieron respuesta del entonces fiscal Alejandro Gertz Manero. La FGR informó que identificó a «El Jando» como el piloto que trasladó a Zambada y Guzmán López un año después de haberlo enviado a Estados Unidos, debido a que habría utilizado la identidad de un primo. La institución señaló que con su nombre real existían carpetas de investigación desde 2016. Ese mismo día, García Harfuch defendió la decisión de enviarlo a Estados Unidos junto con otros 25 presuntos criminales al argumentar que, para el gabinete de seguridad, representaban mayor riesgo en México que en otro país. El titular de la DEA, Terry Cole, afirmó que existe una «conexión mortal» entre cárteles y el gobierno mexicano. Ese mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que «El Jando» fue enviado a Estados Unidos sin que las autoridades mexicanas conocieran plenamente su identidad. Explicó que la decisión fue tomada tras una investigación del Consejo de Seguridad Nacional, aunque aseguró que ella no participó personalmente en la reunión donde se aprobó. Sheinbaum señaló que corresponde a la FGR proporcionar más información sobre el caso. También se informó la renuncia de Ulises Lara a la FGR por «motivos personales». La presidenta evitó pronunciarse sobre su salida y afirmó que será la fiscal Ernestina Godoy quien deberá informar al respecto.
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