Con un emoji de ojos de corazón al final de su publicación, una aspirante a la UNAM presumió en redes sociales: «Mi primer amparo». El mensaje hacía referencia a la demanda que presentó contra la Universidad, luego de que ésta invalidara el examen de ingreso a licenciatura al detectar trampas, fraude, suplantación de identidad y otras irregularidades durante el proceso de selección. Como parte de las medidas para corregir las anomalías, la UNAM decidió aplicar una segunda prueba de verificación de resultados . Sin embargo, varios aspirantes rechazaron esa determinación y optaron por recurrir a la vía judicial, con el objetivo de defender la validez de su admisión.
Los amparos contra la UNAM Desde el 31 de julio —cuando la universidad anunció que haría un examen de control presencial—, hasta este jueves 6 de agosto, al menos
siete amparos
en contra de esta medida fueron presentados ante juzgados de distrito en materia civil de la Ciudad de México. Las demandas reclaman a la institución por la cancelación del examen de admisión; por su decisión de suspender temporalmente las inscripciones de los seleccionados; la negativa de recibir los documentos para la matriculación en las carreras de Derecho, Arquitectura o Medicina, y por modificar los resultados del proceso de selección. Hasta ahora,
ninguno de estos amparos ha sido admitido , ya que los jueces solicitaron a los promoventes más información y clarificar los actos que reclaman. Solo uno fue desechado «porque se advierte un motivo indudable y manifiesto de improcedencia». A pesar de esto, un grupo de estudiantes continúa organizándose para interponer un amparo colectivo. «No convocaremos marchas ni haremos argüende innecesario. Se actuará por medio de este instrumento jurídico», asegura un aspirante que reserva su identidad. En uno de los expedientes revisados por
Expansión Política en el sistema del Poder Judicial, el amparo sí fue admitido y se fijó fecha para la audiencia constitucional, aunque no se otorgó ninguna suspensión. En ese caso, la UNAM canceló el examen a la persona y le pidió que lo presentará de manera presencial. El juzgado desechó el amparo contra estos actos, pero aceptó la demanda que reclama a la universidad no contestar a una solicitud de revisión de la prueba.
El abogado Jesús Segovia , experto en Ley de Amparo, explica que para detener el examen de control un juez tendría que admitir al menos una de las demandas y ordenar una suspensión, algo posible porque la UNAM debió garantizar la correcta aplicación del examen . «Corresponde a la UNAM acreditar que utilizó los mecanismos disponibles para prevenir y detectar las irregularidades y que actuó conforme al debido proceso, no trasladar automáticamente a los estudiantes la carga de demostrar que no incurrieron en una conducta indebida», subraya. La Máxima Casa de Estudios determinó esta semana que el examen de control se llevará a cabo del 12 al 19 de agosto, por lo que el ciclo escolar para los estudiantes de nuevo ingreso se recorrerá a finales de mes. El abogado Segovia reconoce que será difícil que prospere algún freno al nuevo examen. No solo por los trámites que todavía deben desahogar los promoventes (si no los cumplen, el amparo no procede), sino por los tiempos judiciales, que suelen ser largos, y porque el segundo examen arranca la próxima semana. Sin embargo, si se admite un amparo y un juez resuelve que se violaron los derechos del aspirante, lo que podría esperarse es que les concedan el derecho de inscribirse, aunque con un año de retraso, según el experto.
“La Universidad debía establecer las condiciones, sistemas y mecanismos adecuados para prevenir y detectar irregularidades y, en caso de identificarlas, seguir un procedimiento en el que se informara a cada persona qué conducta se le atribuía, con qué elementos se sustentaba y se le permitiera ejercer su derecho de defensa, antes de determinar cualquier consecuencia” El examen 2.0
«No hicieron nada» La decisión de la UNAM de aplicar el examen de control dividió a los estudiantes. Algunos confían en obtener de nueva cuenta los
aciertos mínimos para ser aceptados en una carrera de la universidad pública más demandada y prestigiosa de México. Pero otros consideran que esta opción obstaculiza su derecho a la educación. Una aspirante, por ejemplo, dejó de lado el proceso de inscripción a otras universidades cuando fue aceptada en la UNAM y ahora deberá repetir el examen. Ya no tiene un lugar seguro para iniciar la licenciatura este año. Por eso busca defender su lugar por la vía judicial. “La verdad, qué coraje la decisión que toma la UNAM de repetir el examen”, reprocha en redes sociales. Asegura que las autoridades universitarias, que cancelaron el 2% de las pruebas mientras los jóvenes las respondían por «conductas indebidas», debieron frenar el proceso de selección en ese momento y no hasta después de emitir los resultados. «Ellos calificaron los exámenes y tuvieron acceso privilegiado a los datos antes que nadie y no hicieron nada. No estoy en contra del examen control, estoy en contra de que la UNAM se haya esperado», indica. Otros aspirantes, en cambio, cuestionan a quienes recurren al amparo y critican a los abogados que acudieron a la marcha del 3 de agosto, en Ciudad Universitaria. Ese día, un grupo de aspirantes se manifestó frente a la Rectoría de la UNAM en contra del examen de control y algunos abogados aprovecharon para ofrecerles sus servicios: un amparo por 7,500 pesos. En ese contexto, el abogado Jesús Segovia explica que la decisión de la UNAM de aplicar un examen de control sí puede considerarse un acto que vulnera derechos. “Por ello, promover un amparo no implica justificar una eventual conducta irregular, sino ejercer un derecho frente a un posible acto de autoridad que vulnera derechos”, agrega. Otros aspirantes consideran que el método para el examen de control es discriminatorio. La UNAM lo aplicará solo en cuatro ciudades: Tijuana, Oaxaca, León y Ciudad de México, lo que implica que los estudiantes foráneos inviertan en el traslado. Algunos de Mérida, Yucatán, sin posibilidades de costear un vuelo urgente, reclaman esto a la universidad y se organizan a contrarreloj para encontrar una solución. «Las sedes más cercanas, Oaxaca y Ciudad de México, se encuentran a más de 20 horas de viaje en carretera. No estamos en contra de la aplicación del examen de control, sino de las medidas discriminatorias que implica exigir su aplicación sin la suficiente apertura de sedes», señala un estudiante. La UNAM dio a conocer esta semana el procedimiento que deberán seguir los aspirantes que fueron convocados a presentar el
Examen de Control Presencial , prueba extraordinaria que forma parte del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1, luego de que la institución invalidara el examen de admisión en línea tras detectar irregularidades. La institución informó que los aspirantes ya pueden consultar en el micrositio del Concurso de Selección los listados por programa académico, entidad y modalidad, donde se
establecen los puntajes mínimos requeridos para ser considerados candidatos a presentar el nuevo examen. La UNAM precisó que el Examen de Control Presencial se aplicará del 12 al 19 de agosto en cuatro sedes del país: León, Guanajuato (12 y 13 de agosto); Oaxaca, Oaxaca (13 de agosto); Tijuana, Baja California (15 y 16 de agosto), y Ciudad de México (17, 18 y 19 de agosto). Asimismo, recordó que cualquier duda podrá resolverse a través del portal de atención a aspirantes y exhortó a los participantes a no compartir su número de folio, ya que este protege sus datos personales y es indispensable para realizar los trámites del proceso de admisión.
Auditorías a «No tenemos ningún interés en proteger a la empresa, pero tampoco en acusarla sin pruebas. Por ello decidimos recurrir a instancias especializadas que revisen a fondo el proceso».
Territorium Life La UNAM anunció esta misma semana la realización de
tres auditorías para revisar la contratación de la empresa Territorium Life, S.A.P.I. de C.V. , responsable de la aplicación de los exámenes de ingreso en línea para bachillerato y licenciatura, en medio de la controversia generada por las irregularidades detectadas durante el proceso de admisión. En conferencia de prensa, el abogado general de la UNAM, Hugo Alejandro Concha Cantú, informó que se llevará a cabo una auditoría tecnológica, la cual será realizada por una firma especializada y revisará el funcionamiento del sistema utilizado por la empresa para la aplicación de las evaluaciones. Además,
el rector Leonardo Lomelí Vanegas solicitó formalmente la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para verificar que la contratación se haya realizado conforme a la normatividad vigente, determinar posibles responsabilidades e identificar áreas de mejora en la planeación, adjudicación y ejecución del contrato. A estas revisiones se sumará una auditoría interna encabezada por la Contraloría de la Universidad. Como parte de las medidas adoptadas, la UNAM también dio por terminado de manera anticipada el contrato con
Territorium Life. La institución señaló que este procedimiento
permitirá deslindar responsabilidades y obligará a la empresa a entregar las bases de datos que pertenecen a la Universidad. El funcionario agregó que la Universidad ha entregado toda la documentación solicitada por la
Comisión Técnica de Personas Expertas , grupo encargado de analizar las fallas registradas en el proceso de admisión y de emitir recomendaciones para fortalecer los mecanismos de evaluación. Durante la conferencia también se dieron a conocer los detalles financieros del
contrato firmado el 23 de marzo de 2026. El acuerdo contemplaba atender entre 154,000 y 385,000 aspirantes, con un costo de 227.85 pesos más IVA por cada examen aplicado. Hasta ahora,
la UNAM ha pagado 69.18 millones de pesos : 41.9 millones por la aplicación de 158,558 exámenes de licenciatura y 27.28 millones por 103,221 evaluaciones de bachillerato. El secretario Administrativo de la UNAM, Tomás Humberto Rubio Pérez, aseguró que estos gastos se cubren con ingresos extraordinarios generados por la propia institución y no con el presupuesto destinado a las actividades académicas, por lo que las auditorías y la aplicación del examen de control no afectarán otras áreas universitarias. Asimismo, subrayó que los aspirantes convocados a la nueva evaluación no deberán realizar ningún pago adicional. Concha Cantú defendió la decisión de aplicar un examen de control a los aspirantes cuyos resultados fueron invalidados y explicó que este mecanismo ya estaba previsto en la convocatoria del Concurso de Selección para el ciclo escolar 2026-2027/1. Recalcó que la Universidad únicamente cancela exámenes cuando existen evidencias de irregularidades, detectadas mediante un sistema de alertas y verificadas por personal de la Dirección General de Administración Escolar.
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