El aguacate que delató al Estado Estados Unidos no suspendió la exportación de aguacate michoacano. Suspendió la confianza. Y esa distinción, aparentemente semántica, es en realidad el centro del problema: un gobierno extranjero decidió que no puede garantizar la seguridad de sus propios inspectores fitosanitarios en territorio mexicano, y lo hizo por tercera vez en cuatro años. No es un accidente meteorológico ni una decisión arbitraria de Washington. Es una calificación, fría y recurrente, sobre la capacidad del Estado mexicano —federal y estatal— para sostener el imperio de la ley en una franja de 163 mil hectáreas que representa el 73% de la producción nacional y casi 3,700 millones de dólares en exportaciones anuales.
La cronología que nadie quiere leer completa Febrero de 2022: amenaza telefónica a un inspector, suspensión de una semana. Junio de 2024: dos inspectores retenidos en un bloqueo carretero en Aranza, diez días de parálisis. Agosto de 2026: nueva alerta, tras una ronda de detenciones de operadores criminales que, según la propia Fiscalía estatal, extraían hasta 10,800 millones de pesos anuales solo del cobro ilegal sobre el aguacate. El patrón es inequívoco: cada vez que el aparato de justicia toca a los grupos que controlan el corredor aguacatero —Caballeros Templarios remanentes, células de CJNG, Los Sierra, Los Reyes—, el territorio responde con una demostración de fuerza que obliga a Estados Unidos a retirar a su personal. Eso no es un fallo puntual. Es la prueba de que el Estado mexicano puede golpear la estructura financiera del crimen, pero no puede sostener el territorio después del golpe. Lo que sí funcionó, y por qué no basta Sería deshonesto no reconocerlo: hubo trabajo de inteligencia real detrás de las detenciones de agosto. Coordinación entre Fiscalía estatal, SEDENA, SSPC y Guardia Nacional logró identificar y golpear a nueve estructuras de cobro que movían casi 28 mil millones de pesos al año entre aguacate, limón y ganado. Es un resultado operativo serio. Pero un aparato de seguridad que solo puede desmantelar redes criminales al costo de desatar una respuesta violenta que expulsa a los inspectores extranjeros —por tercera vez— no está resolviendo el problema estructural: está administrando su recurrencia. La captura de cabecillas sin control territorial posterior no es pacificación, es rotación de mando criminal. La gobernanza que falta y el gobernador que explica El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla calificó la suspensión estadounidense como una medida «preventiva». Es una lectura generosa. Preventiva de qué, cabría preguntar, si la alerta de viaje Nivel 4 —la más alta que emite el Departamento de Estado— lleva vigente para todo Michoacán mucho antes de esta semana. Lo que Bedolla presenta como cautela ajena es, leído con rigor, un diagnóstico ajeno sobre una falla propia: la incapacidad de blindar de forma sostenida los corredores carreteros por donde se mueve la fruta, desde el huerto hasta el empaque certificado. El gobierno estatal no necesita explicarle a Washington que trabaja en el problema. Necesita mostrar, con hechos verificables en el terreno —no en conferencias de prensa—, que el corredor Uruapan-Peribán-Tancítaro-Tingüindín puede operar sin cuota criminal de forma permanente, no episódica. El riesgo que no perdona errores: Colombia y Perú ya están adentro Mientras México discute alertas de seguridad, Colombia lanzó su marca sectorial «Aguacates de Colombia» y proyecta crecimientos de exportación de dos dígitos; Perú ya coloca cientos de millones de libras en el mercado estadounidense durante la temporada baja de California. Ninguno sustituye todavía el volumen mexicano. Pero cada suspensión, cada semana de parálisis, es una demostración práctica —para importadores, distribuidores y cadenas de supermercado en Estados Unidos— de que existe una alternativa de origen menos volátil. La ventaja competitiva de México no es solo agronómica; es logística y de confianza institucional. La segunda ventaja se erosiona con cada bloqueo, con cada inspector retirado. Lo que exige una solución estructural, no un comunicado No hace falta reinventar la arquitectura de seguridad: hace falta ejecutarla con continuidad: a) Un esquema de protección permanente y verificable —no reactivo— para el corredor aguacatero, con responsabilidad operativa clara entre Guardia Nacional, SSP estatal y municipios, y métricas públicas de cumplimiento. b) Abrir un canal de comunicación directa y protocolizado entre el gobierno estatal y las autoridades sanitarias y diplomáticas estadounidenses, para que la seguridad de los inspectores no dependa de gestiones improvisadas después de cada crisis. c) La judicialización sostenida de las estructuras de cobro de piso —no solo capturas mediáticas de cabecillas, sino desarticulación de las redes intermedias que garantizan que el cobro se reconstituya en semanas. d) Transparencia total en los resultados: si el Estado puede cuantificar en miles de millones de pesos lo que le quita al crimen, también debe poder demostrar, con datos verificables, cuántas semanas de operación ininterrumpida logra sostener después de cada golpe. El aguacate no es el problema. Es el termómetro. Y ha estado marcando fiebre, con interrupciones cada vez más cercanas entre sí, durante cuatro años. *Alberto Guerrero Baena es Consultor y Estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 am en MVS Noticias en el 102.5 FM de la Ciudad de México.
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