El Estado ya debe saber a dónde mirar La pregunta territorial conduce directamente al corazón del nuevo modelo: inteligencia e investigación. El informe intenta demostrar que México está dejando atrás la lógica de patrullaje sin información para construir una política criminal capaz de identificar objetivos, redes y mercados. Sobre el papel, es el cambio correcto. En la práctica, los resultados presentados todavía no permiten saber si esa transformación institucional está alcanzando al crimen organizado en su dimensión financiera y territorial.
La investigación cómo “premisa” y cómo resultado El documento reporta que las unidades de investigación de la Secretaría realizaron detenciones y aseguramientos derivados de acciones propias y coordinadas. De las detenciones atribuidas a esas unidades, 80% derivó de acciones directas y 20% de colaboración. El dato muestra capacidad. Pero una lectura estrictamente criminalística obliga a preguntar qué hay detrás de cada captura. Detener a un operador puede reducir temporalmente una amenaza; desarticular una organización exige identificar mandos, sicarios, financieros, prestanombres, proveedores, rutas, inmuebles, comunicaciones y mecanismos de corrupción.
¿Y el ataque crucial al crimen organizado? Aquí aparece uno de los grandes silencios del informe: la inteligencia financiera. El texto menciona coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, Hacienda, Pemex y otras instituciones, particularmente en investigaciones penitenciarias y contra redes criminales. Sin embargo, el balance general está dominado por kilos de droga, armas, vehículos y personas detenidas. Hay mucho menos información sobre cuentas bloqueadas, empresas fachada, beneficiarios finales, decomisos de activos, extinción de dominio o recuperación económica derivada de las investigaciones. Esta ausencia es estratégica. Los grandes grupos criminales mexicanos no son únicamente organizaciones armadas; son sistemas empresariales ilícitos. Pueden perder operadores y conservar capital. Pueden perder cargamentos y conservar rutas. Pueden perder sicarios y reclutar nuevos. Si el Estado no golpea la infraestructura financiera, el decomiso se convierte en costo operativo absorbible. La Operación Frontera Norte ilustra este mapa. En menos de once meses reporta más de 109 toneladas de droga, 6,143 armas y más de 1.5 millones de cartuchos asegurados. El volumen revela eficacia de intercepción, pero confirma la profundidad del mercado que se intenta contener. El informe no ofrece una estimación de cuánto representa lo asegurado respecto del flujo criminal total. Sin ese denominador, el número puede ser espectacular y estratégicamente insuficiente.
¿Y los detenidos? Lo mismo ocurre con los 31,191 detenidos por delitos de alto impacto. El número es enorme, pero la estadística de captura no informa sobre permanencia delictiva, reincidencia, vinculación a proceso o sentencia. En una política seria, la detención es una etapa, no el resultado final. El resultado es una condena sostenible, la reducción de capacidad criminal y, cuando corresponde, la reparación del daño.
Inteligencia que debe probarse El informe sí muestra un avance institucional relevante: se elaboraron modelos nacionales para academias, unidades de investigación criminal y centros de comando y control. También se desarrollaron registros de incidencia delictiva, eficiencia ministerial y carpetas sobre personas desaparecidas. Esa infraestructura puede convertirse en un cambio estructural. Pero todavía se presenta principalmente como producto terminado. Falta medir su interoperabilidad real, la calidad de los datos, la velocidad de consulta, la trazabilidad de las investigaciones y el porcentaje de casos en que una alerta o registro produjo una acción efectiva.
La coordinación con Estados Unidos El mismo problema aparece en la coordinación internacional. La Secretaría reporta 50 reuniones con agencias estadounidenses como FBI, DEA, ATF, ICE y CBP, además de intercambios con servicios europeos y latinoamericanos. Esto demuestra cooperación intensificada. Pero reuniones, capacitaciones y canales de comunicación no equivalen automáticamente a cooperación estratégica efectiva. El indicador sería cuántas investigaciones binacionales concluyeron en desarticulaciones, decomisos, extradiciones, condenas y recuperación de activos. Hay, además, una cuestión geopolítica. El informe utiliza cuidadosamente el lenguaje de soberanía y coordinación sin subordinación, mientras reconoce un intercambio creciente de inteligencia con agencias estadounidenses. Esa relación es necesaria para enfrentar mercados transnacionales, pero exige controles y trazabilidad. Cuanto más depende México de información compartida, más importante resulta garantizar quién la produce, cómo se valida, quién puede explotarla y qué ocurre cuando la inteligencia extranjera entra en una investigación nacional.
¿Nueva arquitectura estructural de seguridad? La nueva arquitectura es prometedora pero incompleta. México parece haber entendido que el crimen organizado no se combate únicamente con presencia territorial. Ahora necesita demostrar que sabe convertir inteligencia en investigaciones, investigaciones en procesos penales y procesos en desarticulación permanente. Y ahí aparece el siguiente eslabón de la cadena: la prevención y la extorsión, donde el éxito ya no puede medirse por capturas, sino por la capacidad de impedir que el ciudadano vuelva a quedar solo frente al delincuente.
La extorsión como prueba La extorsión es el laboratorio más exigente para esta estrategia. El informe registra 227,365 llamadas recibidas por los servicios 089 y 088 durante el periodo: 212,237 al 089 y 15,128 al 088. En 2026, 87.9% correspondió a intentos no consumados y 12.1% a extorsiones consumadas. La cifra demuestra demanda ciudadana de protección y que muchas amenazas pueden ser neutralizadas. Pero llamadas atendidas no equivalen a extorsiones investigadas. Tampoco permiten conocer cuántos casos terminaron con identificación de responsables, judicialización y sentencia.
La metodología para la evaluación: la medición de la extorsión El problema metodológico es central: cuando un gobierno utiliza registros administrativos como prueba de reducción, debe explicar si el cambio refleja menos delitos, más denuncia, mejor clasificación o variaciones en la capacidad de registro. Una disminución en carpetas puede ser éxito; también puede ser subregistro. Una llamada al 089 puede representar prevención; también puede mostrar que la víctima no confía todavía en denunciar formalmente. El informe no resuelve la incertidumbre. Además, la extorsión golpea economías locales mediante mecanismos que rara vez aparecen completos en una estadística policial. El cobro de piso puede provocar cierres, desplazamientos, cambios de ruta o informalidad. Su costo social excede la carpeta. Por eso la política debería medir pérdidas evitadas, negocios protegidos, territorios recuperados y redes financieras desmanteladas. _____
*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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