El Gobierno de México ha construido, con insistencia, un relato de éxito: el homicidio doloso cae, la Presidencia y la SSPC reportaron en agosto de 2026 una reducción de 51% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y julio de 2026. Ese dato, si se sostiene estadísticamente, es real y debe reconocerse sin regateos. Pero un gobierno serio no se mide por el indicador que más le conviene, sino por el conjunto de la experiencia ciudadana.
Y ahí, la ENVIPE 2026, publicada por el INEGI el 10 de septiembre, cuenta una historia distinta, incómoda y necesaria. Lo que dice la encuesta En 2025, 23 millones de personas adultas fueron víctimas de al menos un delito. Se estimaron 33.8 millones de delitos, y la incidencia delictiva no cambió estadísticamente respecto de 2024. El 93.4% de esos delitos jamás llegó al conocimiento de una autoridad: es la cifra negra, y no bajó. Sólo 9% se denunció. Esto no es un matiz metodológico: es la prueba de que el aparato de procuración de justicia sigue siendo, para la inmensa mayoría de las víctimas, irrelevante. La extorsión, el fraude y el talón de Aquiles El homicidio ya no es el delito que define la vida cotidiana de los mexicanos. Fraude, extorsión y robo o asalto concentran ya cerca del 60% de los delitos estimados. La extorsión exhibe una cifra oculta de 97.5%: prácticamente ninguna víctima confía en que denunciar sirva de algo. El Gobierno presume 1,847 detenciones por extorsión en agosto de 2026, pero mientras el fenómeno real permanezca invisible para el Estado, contar detenidos es medir la parte más pequeña del problema, no resolverlo. Cuando denunciar no sirve Y cuando sí se denuncia, el sistema tampoco responde: 38.1% de las carpetas de investigación terminó, según las propias víctimas, en absolutamente nada. Sólo 5.3% recuperó bienes, 4.4% vio a un responsable puesto a disposición judicial, 3.5% obtuvo reparación.
La cadena detectar-detener-investigar-judicializar-sancionar-reparar está rota en su tramo final, el que realmente importa a una víctima. El Censo Nacional de Procuración de Justicia 2025 confirma el diagnóstico desde el lado institucional: 2.39 millones de procedimientos seguían pendientes de concluir al cierre de 2024. El miedo como forma de gobierno privado La consecuencia social es más profunda que cualquier estadística delictiva: 62.8% de los hogares dejó de permitir que los menores salieran solos; 44.7% dejó de salir de noche. Las familias gastaron 91.6 mil millones de pesos en autoprotección, más de un tercio del costo total estimado de la inseguridad. Cuando la ciudadanía asume, con su propio dinero y sus propias restricciones, funciones que corresponden al Estado, no hay narrativa oficial que sostenga el término «éxito contundente». Eso es, en el mejor de los casos, una transferencia de la responsabilidad de seguridad hacia el hogar.
Un país desigual también en su violencia La fotografía nacional esconde una geografía muy desigual. Mientras Zacatecas, Chiapas o Querétaro registraron caídas relevantes en incidencia delictiva entre 2024 y 2025, Chihuahua, Hidalgo y la Ciudad de México registraron incrementos superiores al 25%. Michoacán, entidad donde opera el Plan Michoacán con 950 detenciones reportadas, vio subir su incidencia delictiva 17.4% y su tasa de victimización 10.5% en el mismo periodo. Las detenciones, por sí solas, no se han traducido en menos víctimas. Esa es una pregunta que ningún comunicado presidencial ha respondido todavía. De la violencia a la gobernanza criminal La hipótesis más seria que deja este documento no es que el Gobierno mienta: es que México podría estar transitando de una crisis de violencia letal hacia una crisis distinta y más silenciosa, la de gobernanza criminal. Se puede matar menos y, al mismo tiempo, seguir permitiendo que la extorsión, el fraude, el cobro de piso y la corrupción sostengan el poder económico y territorial del crimen organizado. Confiar más en el Ejército, la Marina o la Guardia Nacional —como efectivamente confía la ciudadanía, según la propia ENVIPE— no equivale a confiar en que la justicia funcione: 65.8% considera corruptos a jueces y juezas, y la percepción de corrupción también subió en las instituciones militares. Lo que debería medirse Si el Gobierno quiere demostrar un éxito verdaderamente integral, tendrá que cambiar su tablero: no basta con exhibir detenidos, armas y droga asegurada. Hace falta reportar carpetas judicializadas, sentencias condenatorias, bienes recuperados, reducción de la cifra negra, confianza ciudadana en fiscalías y policías, y —sobre todo— resultados desagregados por víctima y por territorio, no solamente promedios nacionales que maquillan lo que ocurre en Michoacán, en Chihuahua o en Hidalgo. El diagnóstico que falta México puede, en efecto, estar matando menos. Pero está lejos de vivir seguro. La ENVIPE 2026 no niega los avances del Gobierno; los coloca en su justa proporción. Sostener una narrativa de éxito contundente frente a 74% de la población que se siente insegura en su propia entidad, frente a una cifra negra de 93.4% y frente a millones de familias que han privatizado su seguridad, no es optimismo: es negligencia analítica. La próxima etapa de la estrategia de seguridad no se medirá por cuánto bajó el homicidio, ya demostrado, sino por si el Estado es capaz de convertir su capacidad operativa en justicia efectiva, confianza ciudadana y vida cotidiana sin miedo. Esa prueba, todavía, no se ha aprobado. Mientras tanto, cada cifra de homicidios a la baja debería leerse junto a la cifra negra y el miedo cotidiano, no en su lugar, para que el diagnóstico público siga siendo honesto. _____ *Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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