López Obrador y Morena emprendieron una campaña contra Lorenzo Córdova y los anteriores consejeros del INE . Los acusaban de ganar demasiado, disfrutar de privilegios y administrar una institución excesivamente costosa. Prometieron terminar con los excesos y purificar al árbitro electoral, pero bajo la presidencia de Guadalupe Taddei han aparecido contratos millonarios, proveedores amigos y hasta un chofer convertido en empresario fantasma.
Lo que ha venido sucediendo en el gobierno también ocurre en el Instituto, quienes llegaron prometiendo honestidad y austeridad terminaron envueltos en escándalos mucho más graves que aquellos que denunciaban. Las investigaciones sobre la red de proveedores vinculada con José Alfredo Hernández Casillas ya involucran contratos por 514 millones de pesos. Tan solo TOL Producciones obtuvo más de 300 millones de pesos del INE durante 2025, mientras Corporativo Zeg recibió otros 184 millones, pese a tener apenas cinco empleados registrados. Esta última habría triangulado 167 millones de pesos con otras compañías. La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a siete empresas relacionadas con esta red, bajo sospecha de simular competencia en licitaciones y realizar operaciones con factureras. La relación entre Taddei y Hernández Casillas rebasa ampliamente los negocios institucionales. Fotografías y videos los muestran conviviendo en reuniones privadas, celebraciones y festejos patrios. Incluso, el empresario aparece acompañando a Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la presidenta del INE, durante un viaje a París, donde disfrutan de una suite del exclusivo hotel Le Meurice, cuyo costo puede alcanzar los 200 mil pesos por noche. La cercanía personal no constituye por sí misma un delito, pero resulta difícil justificar semejante familiaridad entre quien preside una institución pública y uno de sus principales contratistas.
Por si fuera poco, apareció el caso del chofer fantasma. Jonathan Navarrete Torres figuraba oficialmente como conductor de la presidenta del INE, con un sueldo mensual de 46 mil pesos, aunque empleados y personal de seguridad aseguraron no conocerlo. Lo verdaderamente extraño es que también aparecía como apoderado legal de Corporativo Zeg, otra empresa proveedora del Instituto, relación que no declaró en su información patrimonial. Taddei terminó reconociendo que trabajó en su oficina como “asistente especializado”. Una explicación que, lejos de disipar las sospechas, plantea nuevas preguntas sobre sus funciones y posibles conflictos de interés. La cercanía de la presidenta del INE con Morena es pública. Desde su nombramiento en 2023 fue cuestionada por tener al menos nueve familiares con cargos públicos vinculados directamente con ese partido. Entre ellos destacan su primo Jorge Taddei, exdelegado federal del Bienestar en Sonora; su sobrino Pablo Daniel Taddei, director de LitioMX; Ivana Celeste Taddei, exdiputada local, y su hijo Luis Rogelio Piñeda Taddei, secretario particular del gobernador Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena. Sus otros dos hijos también han ocupado puestos en instituciones públicas de Sonora.
La Auditoría Superior de la Federación anunció una investigación de oficio sobre las contrataciones del INE y los organismos electorales locales, después de identificar conflictos de interés y triangulación de recursos. Incluso Claudia Sheinbaum, habitualmente decidida a defender con uñas y dientes a los políticos impresentables de su movimiento, tomó distancia y exigió que no exista ninguna sombra de corrupción en el Instituto. Cuando le preguntaron si Taddei debía renunciar, dejó la decisión en sus manos. Y es que no hablamos de cualquier dependencia gubernamental. El INE es el encargado de organizar las elecciones y garantizar que los votos de los ciudadanos sean respetados. La asignación irregular de contratos no demuestra manipulación electoral, pero obliga a preguntarse qué garantías de independencia y transparencia ofrece una autoridad cuyos principales funcionarios enfrentan señalamientos de esta naturaleza. Si las autoridades electorales se corrompen y hacen trampa en las licitaciones públicas, ¿qué garantiza que no harán lo mismo con las elecciones? En cualquier democracia funcional, la permanencia de Taddei era insostenible. Pero su salida tampoco resolverá el problema si Morena pretende sustituirla por otra figura políticamente subordinada. El INE necesita recuperar su credibilidad mediante investigaciones independientes, sanciones cuando correspondan y autoridades que no deban su legitimidad a los intereses del partido gobernante. Durante años, Morena quiso convencernos de que el problema del INE eran sus elevados costos de operación y los salarios de sus consejeros. Ahora tiene que explicar los contratos turbios, el influyentismo y los vínculos políticos de su presidenta. La gran paradoja es que quienes acusaban al antiguo árbitro de vivir en la opulencia terminaron exhibiendo abusos y excesos imposibles de explicar. Mientras se define quién será el relevo de Taddei, la pregunta de fondo sigue sin respuesta. ¿En manos de quién está nuestra democracia? ________________ Nota del editorial: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
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