El gobernador de Nuevo León, Samuel García , vuelve a estar bajo señalamientos por presuntas operaciones de triangulación de recursos públicos. Esta vez, fue la Auditoría Superior de la Federación ( ASF ) la que detectó irregularidades en las f inanzas estatales , con operaciones que involucran al menos 728.1 millones de pesos.
¿De qué señalan al gobierno de Samuel García? ¿A cuánto ascienden los recursos involucrados?
El auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios, informó que, durante las auditorías practicadas al Gobierno de Nuevo León, se identificaron diversas irregularidades, entre ellas posibles esquemas de triangulación de recursos públicos y simulación de operaciones. Sin mencionar directamente el nombre del gobernador , el funcionario explicó que detectaron patrones de dispersión de dinero público mediante pagos a proveedores , cuyos recursos presuntamente terminaron en cuentas bancarias de familiares de servidores públicos. “Tenemos mapeado (…) cómo llegan los recursos públicos a ciertos proveedores que presentan servicios a los estados y, una vez que van pasando las cadenas, a través de las cuales administran los recursos, hay una dispersión con muchos patrones que nos indica que hay un posible acto ilegal para que estas transferencias caigan en manos de familiares de (servidores públicos)”, dijo el auditor. Aunque la ASF continúa con los cálculos para determinar el posible daño al erario, el auditor aclaró que todavía no existe una cifra definitiva sobre los recursos presuntamente desviados mediante estos mecanismos. Sin embargo, de acuerdo con la gráfica presentada por el funcionario, las operaciones identificadas en Nuevo León involucran al menos 728.1 millones de pesos. “Estamos haciendo los cálculos correspondientes. Lo que tenemos es la conducta y sobre la conducta es que estamos actuando. Cuando tengamos la cifra, procederemos a aplicar los mecanismos legales correspondientes”, declaró.
Durante la presentación de la segunda entrega de la Cuenta Pública 2025, también se expusieron operaciones que muestran cómo se dispersaron recursos públicos entre distintas empresas y un despacho jurídico. La operación de mayor monto involucra 5,851 millones de pesos que la administración estatal entregó a una constructora. Posteriormente, esta empresa transfirió 5,154.6 millones de pesos a otra compañía, desde la cual se enviaron 385.3 millones de pesos a un despacho jurídico fundado por un funcionario o familiar del funcionario. En otro caso, el gobierno de Samuel García pagó 964 millones de pesos a una empresa comercializadora. De ese monto, 237 millones fueron transferidos a una compañía de alimentos, que a su vez envió 202.9 millones de pesos al mismo despacho jurídico, fundado por un funcionario o un familiar de un funcionario. Las operaciones señaladas por la ASF se suman a investigaciones periodísticas que documntaron presuntas transferencias de recursos hacia el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, del que Samuel García es socio. El periódico Reforma publicó investigaciones en las que señala que el despacho recibió recursos de una empresa proveedora del Gobierno de Nuevo León.
El antecedente de la triangulación durante su campaña de 2021
Desde 2024, el medio dio a conocer que el gobernador presuntamente trianguló más de 200 millones de pesos hacia el despacho jurídico, creado por el mandatario y su padre, Samuel Orlando García Mascorro. Los señalamientos actuales no son los primeros relacionados con presuntas operaciones de triangulación de recursos vinculadas a Samuel García. En 2021, cuando era candidato a la gubernatura de Nuevo León, el Instituto Nacional Electoral (INE) detectó un mecanismo similar durante la revisión del financiamiento de su campaña. De acuerdo con una investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, Samuel García presuntamente financió su campaña mediante una triangulación de recursos que involucró a su madre y a sus hermanos. Por estos hechos, la autoridad electoral le impuso una sanción de 28 millones de pesos. El INE acreditó que la campaña del emecista recibió 14 millones de pesos de su madre, Bertha Silvia Sepúlveda Andrade, y de sus hermanos, Silvia Catalina y Roberto García Sepúlveda, quienes previamente recibieron recursos de tres empresas dedicadas a actividades litigantes y de bienes raíces. “Se trata de un esquema de simulación o triangulación para financiar a un candidato o partido”, señaló el consejero Jaime Rivera en 2021.
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