El testimonio que incomoda
Cuando un embajador saliente decide escribir sus memorias, lo habitual es la prudencia diplomática, el elogio genérico y el silencio calculado.
Borderlands rompe ese guion. El quiebre Zambada: cuando la comunicación se apaga
Ken Salazar no escribió un libro de cortesía: escribió un ajuste de cuentas con ocho años de política de seguridad mexicana que, leído desde México y no desde Washington, suena menos a reclamo extranjero y más a diagnóstico que ya conocíamos, pero que pocos se atrevían a firmar con nombre y apellido. La tesis de fondo es incómoda mas no infundada: la frontera no es un problema geográfico, es el termómetro de la confianza institucional entre dos Estados. Y esa confianza, según el propio embajador que la administró en primera fila, se erosionó de manera sostenida durante el periodo que el discurso oficial mexicano bautizó como “la Cuarta Transformación”. El episodio más revelador del libro no es una acusación jurídica, es una descripción de silencio. Según el relato de Salazar, Washington no organizó la operación que llevó a la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y de Joaquín Guzmán López; se informó al gobierno mexicano y se ofreció compartir evidencia. La respuesta, sostiene el autor, fue el cierre de comunicación directa por parte de López Obrador. Si ese relato es correcto —y aquí conviene la cautela: es la versión de un actor, no una investigación independiente—, describe algo que quienes trabajamos seguridad pública llevamos años señalando: la sustitución de la cooperación operativa por el orgullo político. Un gobierno que interpreta cada golpe al crimen organizado como un ataque a su narrativa soberana no está defendiendo al país; está protegiendo un relato.
La reforma judicial: la advertencia que no se quiso escuchar Abrazos, balazos y el espejismo de la política social como sustituto de Estado Soberanía como escudo retórico
El capítulo más delicado del libro es también el más certero. Salazar advierte que la elección popular de jueces politiza al Poder Judicial, debilita su independencia y —esto es lo verdaderamente grave— abre una ventana de captura institucional en un país donde el crimen organizado ya ha demostrado capacidad de infiltrar autoridades locales. No hace falta ser embajador para verlo: cuando un cargo judicial depende de una campaña electoral, depende también de quien la financia. Y en regiones donde el dinero ilícito circula con más liquidez que el presupuesto público, la pregunta no es retórica. La “transformación” prometió independencia del pueblo frente a las élites; entregó, en los hechos, un Poder Judicial más vulnerable a las redes que precisamente debía combatir. Salazar reconoce el valor de los programas sociales del gobierno mexicano, pero es tajante: sin capacidad coercitiva efectiva del Estado, la política social no sustituye a la seguridad, la acompaña. “Sin seguridad, no hay prosperidad”, resume el propio autor. Ocho años después, los números de homicidios, desapariciones y control territorial de organizaciones como el CJNG y las facciones del Sinaloa —hoy en disputa abierta tras la muerte de “El Mencho” y bajo el liderazgo emergente de Juan Carlos Valencia González— demuestran que la pobreza y la falta de oportunidades son causa estructural del reclutamiento criminal, pero no son la única variable. Se puede invertir en desarrollo social durante una década y, sin instituciones de procuración de justicia funcionales, el crimen organizado seguirá teniendo más capacidad operativa que el Estado que dice combatirlo. El libro documenta una tensión constante: mientras Washington entiende la seguridad como un problema compartido que exige coordinación permanente, Palacio Nacional ha tendido a leer cualquier señalamiento externo como una violación de soberanía. Ese reflejo defensivo, útil como discurso de política interior, ha tenido un costo real: menos inteligencia compartida, menos cooperación judicial, menos margen de maniobra frente a estructuras criminales que operan sin fronteras ni pasaporte. La soberanía no se defiende negando datos incómodos. Se defiende con instituciones capaces de actuar sin necesitar que un embajador extranjero se los recuerde.
Una advertencia, no una sentencia final
Es justo señalar los límites del ejercicio: Borderlands es una memoria política, no una auditoría independiente. Presenta la mirada de quien ocupó la embajada estadounidense en uno de los tramos más tensos de la relación bilateral, y algunas de sus interpretaciones sobre motivaciones políticas requieren contraste con otras fuentes antes de asumirse como verdad cerrada. Pero incluso con esa reserva metodológica, el patrón que describe —debilitamiento del Estado de derecho, infiltración criminal en instituciones, deterioro de la confianza bilateral y una reforma judicial que multiplica los riesgos de captura— coincide con lo que el propio terreno mexicano ha mostrado en estos ocho años. Cuando la crítica externa y la evidencia interna apuntan en la misma dirección, ignorarla ya no es soberanía: es negación. _____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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