El Observatorio Electoral Judicial (OEJ) detectó que seis de las nueve personas que integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo órgano de justicia del país, se beneficiaron del pago de pauta publicitaria en redes sociales, prohibido tajantemente en la Constitución y en la ley. Aunque se detectaron pagos que suman cuantías reducidas y en total entre 2.3 y 3.2 millones de pesos para potencializar la difusión de un total de 394 candidaturas judiciales, todas ellas estaban impedidas a contratar o pagar ese tipo de pautas por sí mismas o mediante terceras personas en la actual elección judicial.
Destacan entre esas seis presuntas candidaturas infractoras y que además ganaron su elección, cinco a integrar la SCJN: Lenia Batres, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Rodrigo Arístides Guerrero y una abanderada a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Ariadna Camacho Contreras. Otro esquema ilegal detectado por el Observatorio fue que 14 casas encuestadoras publicaron supuestas encuestas de intención de voto sin cumplir los requisitos de transparencia establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), entre ellos registrarse ante ese organismo y presentar su metodología con criterios científicos; por el contrario se trató de un esquema de promoción de ciertas personas abanderadas, sobre todo a la Corte. “No presentaron metodologías claras o que no estaban registradas ante el Instituto”, como exige la ley, expuso Arturo Espinosa Silis, de Laboratorio Electoral. Y además quienes incurrieron en esa conducta ilegal pautaron publicidad en redes para difundir los supuestos resultados sin reportar la existencia de requerimientos científicos, como exigen las reglas, agregó. “Hay un entramado de cuentas que están creadas ex profesamente para esto y creemos que amerita una evolución en el criterio el INE y el Tribunal Electoral porque sin duda esto seguramente también se ventilará ante el Tribunal Electoral. Tienen que actualizarse en sus criterios y atender la realidad”, expuso. Destacó que quienes se beneficiaron de las encuestas “casualmente también son los mismos nombres que coinciden con los que contrataron pauta a través de terceras personas”. De acuerdo con el estudio realizado, mismo que consideró la revisión de la biblioteca de plataformas de Meta: Facebook, Instagram, Threads y Messenger, en cuya candidatura se invirtió más pauta publicitaria fue en la de Loretta Ortiz, hasta 539 mil pesos, seguida por Yasmín Esquivel con un máximo detectado de 483 mil pesos y Giovanni Azael Figueroa Mejía, 197 mil pesos. Pero de manera especial se refirió, sin mencionarlo, a Hugo Aguilar Ortiz, el candidato que presidirá la SCJN los primeros dos años: ”el candidato más votado no aparece en ninguna de esas encuestas, no compró pauta y es el más votado al día de hoy, de acuerdo al cómputo”. Los especialistas que integran el Observatorio reconocieron que el diseño en las reglas de la elección llevó a las candidaturas a utilizar los medios y las herramientas disponibles para promocionarse, pero evidenciaron que se trata de personas que velarán por la ley y aún así la habrían violado. “Al no poderlo hacer directamente gastan a través de terceras personas, lo que identificamos es que gastan a través de medios de comunicación falsos o que se crean solamente para publicitar a un par de perfiles en específico, personas cercanas o de grupos cercanos que son quienes pagan la publicidad para varias candidaturas”, dijo Luis Fernández, de Práctica: Laboratorio para la Democracia. “Lo preocupante es que son candidaturas que tienen que definir, o personas o en un futuro inmediato (serán) personas juzgadoras que tienen que decidir sobre sobre lo que es legal y lo que no es legal”, agregó.
¿Habrá sanciones contra virtuales ministros?
Además de la ilegalidad de la conducta de algunas candidaturas de sus allegados, Espinosa Silis estableció que la evidencia de todos los reportes presentados por el Observatorio sobre errores en las boletas e irregularidades en el diseño general de la contienda y ahora estas evidencias de pago de pauta publicitaria reflejan inequidad. “Hay una violación generalizada a las reglas aprobadas por la propia autoridad electoral y a la propia equidad de la contienda”, dijo. A ello se suma que “la participación ciudadana es sumamente baja y esto demerita, genera un impacto fuerte en la legitimidad de los resultados”, agregó. Esto es porque “en un país de 100 millones de electores que cercano a 12 millones sean los que definen uno de los poderes, nos parece algo no idóneo y nos parece algo preocupante”, anotó. Por eso, advirtió el especialista que los mexicanos “no podemos acostumbrarnos a elecciones de tan baja calidad, con tantas deficiencias, poco presupuesto, inequidad, falta de certeza, mucha confusión para el electorado y sobre todo con tan baja participación”. Fernández recordó que todo el estudio presentado y anexos con las pruebas fueron entregados con todo detalle al INE. »Esperamos que esto tenga consecuencias. De lo contrario, las reglas del juego están para romperse todo el tiempo sin límites y eso genera la idea de que hay personas que pueden pasar esos límites con mucha facilidad y sobre todo sin consecuencia”, dijo. Espinosa Silis expuso que si bien la carga de fiscalización que les ha exigido a muchos de los candidatos ha sido excesiva, indicó que hay reglas muy claras en cuanto al origen del financiamiento y en cuanto a la prohibición de comprar pauta en redes sociales de manera directa o a través de terceros, por lo que ameritan sanciones. Estas van desde sanciones económicas hasta la cancelación del registro de la candidatura. “A mí me parece que aplicaría la causal de si hay un rebase tope de gastos de campaña o si la conducta es lo suficientemente grave de anular la elección”. Este, añadió, “es momento de que la autoridad electoral sea firme, porque si no estas elecciones y cualquier proceso electoral en México se va a volver una simulación”. Por eso planteó que los criterios tienen que actualizarse, por ejemplo, para entrar a fondo pues es evidente que algunas de las conductas referidas no dejan evidencia como algún contrato que evidencie que el candidato o la candidata contrató esa pauta. “Hay que ver la sistematicidad, hay que analizar las cuentas, hay que hacer un análisis mucho más de fondo y hay que saber a quiénes benefició”, valoró Espinosa.
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