Un penal en el aire, un comunicado en tierra El jueves 8 y el viernes 9 de octubre, el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, dejó de ser una cárcel para convertirse en un campo de batalla. Los reportes de prensa difieren en las cifras, entre diez y doce personas muertas, incluido según algunos medios un niño de dos años que visitaba a su familia, pero coinciden en lo esencial: dos episodios violentos en menos de veinticuatro horas dentro de un recinto que el Estado dice custodiar.
Este sábado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció en X que el Gobierno federal construirá, con recursos federales, un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, “moderno, seguro”. La gobernadora Graciela Domínguez Nava ofreció los terrenos. No se informó dónde, cuándo empezará la obra ni cuándo terminaría. Ante una jornada letal en una cárcel que existe, la respuesta es otra cárcel que todavía no existe. Un penal que, en el mejor de los casos, tardará años en proyectarse, construirse, equiparse y dotarse de personal. Mientras tanto, los vivos de El Castillo seguirán en el mismo edificio, con la misma custodia y las mismas complicidades. El anuncio no resuelve la crisis: la archiva dentro de una promesa de concreto. El propio anuncio admite la fragilidad: mientras se concreta el proyecto, El Castillo fue reforzado con elementos de la Guardia Nacional y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social. La Federación reconoce que el penal estatal no se sostiene por sí solo.
El mando no se compra con ladrillos Quien ha caminado un Cereso estatal sabe que el problema rara vez es la falta de muros. Es la falta de mando. Un penal se gobierna con conteo exacto de población, clasificación de internos, separación de grupos rivales, revisiones sin aviso, custodios formados, bien pagados y rotados, y una cadena de responsabilidad que llegue hasta el director.
Cuando eso falta, entran armas, drogas y teléfonos, y el orden interno lo imponen quienes tienen dinero o fusiles. Se llama autogobierno, y ningún edificio recién inaugurado lo cura. Se muda con los mismos internos, los mismos custodios y los mismos arreglos. Los precedentes son incómodos. En 2016, el penal de Topo Chico, en Nuevo León, vivió una riña con cuarenta y nueve muertos, en un recinto cuyo autogobierno era señalado desde mucho antes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos publica cada año su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria y, cada año, documenta deficiencias de gobernabilidad, hacinamiento y personal. La información existe. Lo que falta es voluntad de leerla y de actuar.
Primero el diagnóstico, después el concreto Propongo lo que cualquier consultor sensato exigiría antes de licitar un solo ladrillo: una auditoría de gobernabilidad penitenciaria, entidad por entidad, con metodología y resultados públicos. Que mida cuatro cosas: población frente a capacidad real, grado de control estatal sobre las áreas internas, integridad de autoridades y custodios, con pruebas de confianza y revisión patrimonial, y capacitación efectiva del personal.
Con ese tablero se decide dónde hace falta un penal, dónde una intervención de mando y dónde una reforma de la política de ingreso. Una auditoría tiene un defecto político: produce evidencia, y la evidencia compromete. Podría revelar qué gobiernos cedieron de facto el control de sus cárceles, dónde hay corrupción de directivos y qué centros operan con plantillas que no alcanzan para cubrir un turno. Un anuncio de obra, en cambio, no compromete a nadie: se corta un listón y se pasa a la siguiente crisis.
Treinta y un penales más, y una política que los llena Si la lógica es que una crisis amerita una cárcel, la pregunta es qué pasa con las otras treinta y una entidades. Muchas arrastran sobrepoblación, según el propio diagnóstico de la CNDH. Y la política criminal alimenta el flujo: una prisión preventiva oficiosa con catálogo ampliado y una proporción importante de personas privadas de libertad sin sentencia. Ninguna cantidad de cemento alcanza si la puerta de entrada permanece abierta de par en par. Construir sin cambiar la política de ingreso es vaciar el mar con una cubeta agujerada. Si hoy se levanta un penal para descongestionar Sinaloa, el sistema volverá a llenarlo con prisión preventiva, procesos lentos y sentencias tardías. Sin racionalizar la preventiva, sin fortalecer las medidas cautelares alternas y sin agilizar la justicia, se fabrica el siguiente hacinamiento.
La soberanía que no entra a la celda El discurso oficial repite hasta el cansancio la palabra soberanía. Hay una forma elemental de medirla: ¿quién manda dentro de la prisión? El artículo 18 constitucional establece que el sistema penitenciario se organiza sobre el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte como medios para la reinserción. Una cárcel donde se dispara con armas de fuego es la negación de ese mandato. Si el Estado no controla el espacio que construyó, vigila, alimenta y paga, solo puede hablar de soberanía como adorno retórico. Hay además una paradoja que nadie explica. Si la Federación paga lo que corresponde a los gobiernos estatales, el mensaje implícito es que los estados fracasaron. Entonces, ¿por qué se les premia con obra pública en lugar de exigirles cuentas por haber abandonado la custodia? Quien incumple su responsabilidad constitucional no debería recibir, como respuesta, un regalo federal sin condiciones ni evaluación.
Lo que sí se debe hacer Hay una ruta distinta. a) Intervenir El Castillo con mando civil profesional y no solo con refuerzos de la Guardia Nacional, que resguarda perímetros pero no sustituye a un cuerpo penitenciario formado. b) Censo biométrico y clasificación de toda la población interna. c) Auditoría pública nacional de gobernabilidad penitenciaria. d) Profesionalización de la carrera penitenciaria: ingreso, formación, salario digno, rotación y control patrimonial. e) Revisión de la prisión preventiva y de las medidas cautelares. f) Si el diagnóstico justifica una obra nueva, licitación transparente, calendario y presupuesto públicos, y modelo de gestión definido antes del primer ladrillo. La pregunta de fondo es si cada crisis penitenciaria se resolverá con un mensaje en redes y un terreno donado. Un país que no controla sus cárceles no puede presumir control de nada más. Las víctimas de Mazatlán, y los internos que siguen adentro, merecen mucho más que un render y una fotografía oficial de primera piedra con aplausos.
*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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