En Estados Unidos , la privación de la libertad también puede ser un negocio . La expansión de las cárceles y centros privados de detención, particularmente aquellos que reciben a personas migrantes bajo custodia de Immigration and Customs Enforcement (ICE), ha convertido el encierro en una industria multimillonaria cuyo crecimiento vuelve a acelerarse con la política migratoria de Donald Trump .
El fenómeno debe observarse con cuidado: no todas las instalaciones donde se encuentran personas detenidas son prisiones privadas . Sin embargo, las compañías privadas administran una parte relevante del sistema penitenciario estatal y federal y tienen una presencia dominante en la detención migratoria . Según el Bureau of Justice Statistics, en 2023 había 88 mil 618 personas bajo jurisdicción estatal o federal alojadas en prisiones privadas, equivalentes a 7.1% de la población penitenciaria. Dos empresas concentran buena parte de este mercado: GEO Group y CoreCivic. GEO administraba o poseía, al cierre de 2025, unas 75 mil camas en 95 instalaciones de corrección, detención y reinserción. Ese año, GEO Group obtuvo ingresos por 2.6 mil millones de dólares, mientras que CoreCivic, reportó ingresos de 2.2 mil millones de dólares en 2025, 13% más que el año anterior, y una utilidad neta de 116.5 millones, un incremento de 69%. Esta última vendió en 2026, dos de los mayores centros de detención de inmigrantes de California al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en una operación valorada en 1,500 millones de dólares y tiene programadas próximas ventas de otros centros de detención. A pesar de la venta, mantendrá la operación. No hay que perder de vista un elemento adicional, la migración se ha convertido en uno de los motores centrales de esta expansión. Para CoreCivic, ICE representó 35% de sus ingresos totales en 2025; las autoridades federales de corrección y detención, en conjunto, aportaron 54%. No es casual que el endurecimiento de la política migratoria coincida con mejores resultados financieros para estas empresas.
El costo humano, sin embargo, resulta difícil de conciliar con el lenguaje de los balances corporativos. En 2025 murieron al menos 30 personas bajo custodia de ICE, la cifra anual más alta desde 2004. La Organización de la Sociedad Civil Internacional Human Rights Watch documentó que entre el 20 de enero de 2025 y el 19 de enero de 2026, 39 personas murieron bajo custodia migratoria, el mayor número desde la creación de ICE en 2003. Las denuncias sobre alimentación son igualmente graves. En Camp East Montana , el mayor centro de detención migratoria del país, con capacidad para 5 mil personas, Human Rights Watch y la American Civil Liberties Union documentaron hacinamiento, desnutrición, falta de atención médica y condiciones insalubres. Personas detenidas describieron alimentos insuficientes, de mala calidad y, en algunos casos, podridos o con insectos. Incluso existen denuncias de muertes cuya investigación ha levantado interrogantes sobre negligencia, suicidio y posibles homicidios. El problema no es solamente la existencia de un centro en malas condiciones, sino un modelo en el que el Estado delega funciones esenciales de custodia a empresas cuyo incentivo primordial es económico y donde los derechos humanos no existen. La dimensión migratoria es enorme. En 2025 ICE llegó a mantener alrededor de 70 mil inmigrantes detenidos en unas 225 cárceles y centros de detención. Los centros con fines de lucro albergaban a la mayoría de las personas detenidas por ICE y concentraron una proporción considerable de las muertes: datos citados por la reconocida Revista semanal Time señalan que 71% de 38 fallecimientos registrados desde enero de 2025 ocurrieron en instalaciones con fines de lucro. Todos los detenidos por ICE son, por definición, personas no ciudadanas sujetas a procedimientos migratorios. En el sistema penitenciario federal tradicional, el Bureau of Justice Statistics contabilizó 21 mil 948 personas que no eran ciudadanos estadounidenses al cierre de 2024. Esta distinción es importante: no debe confundirse la población extranjera en prisiones federales con la población migrante detenida administrativamente por ICE. El debate, por tanto, no puede reducirse a si las empresas privadas son más eficientes que el Estado. La pregunta fundamental es otra: ¿puede la libertad humana convertirse en una fuente legítima de ganancias cuando existen incentivos para mantener ocupadas las camas, ampliar contratos y reducir costos? Una democracia puede privar de la libertad conforme a la ley, pero no puede privatizar la dignidad. Cuando una persona detenida recibe comida en mal estado, atención médica insuficiente, sufre violencia o muere sin una investigación independiente, el problema deja de ser administrativo y se convierte en una crisis de derechos humanos. Estados Unidos enfrenta ahora una disyuntiva: continuar ampliando un mercado basado en el encierro o recuperar la custodia como una responsabilidad indelegable del Estado, sometida a transparencia, supervisión pública y estándares internacionales de derechos humanos. Porque detrás de cada cama ocupada, contrato y millón de dólares facturado, hay una persona cuya dignidad no debería tener precio o una vida arrebatada.
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