La imagen de una reunión con Júpiter Araujo Bernard, “El Barbas”, identificado como el líder regional del Cártel de Sinaloa, fue clave para que el gobierno federal diera un golpe más al vínculo entre autoridad y crimen. Autoridades detuvieron en Morelos a Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan, a Irving “N”, expresidente municipal de Yecapixtla, y a otros funcionarios por su presunto vínculo con una de las seis agrupaciones criminales, como parte del Operativo Enjambre . El caso dio un impulsó legislativo a la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum con la que busca desmantelar redes de corrupción y crimen para dar paso a una propuesta para facultar al Instituto Nacional Electoral (INE) de revisar las candidaturas de cara a las elecciones de 2027.
El Operativo Enjambre
Freno a candidatos con nexos criminales
Le dejan la responsabilidad al INE de algo que es responsable de los partidos políticos. Son los partidos políticos quienes tienen que hacer una auscultación detallada y minuciosa de los perfiles que postulan. No le corresponde eso al INE, les corresponde a los partidos políticos”.
La presidenta reconoció que la propuesta para frenar la llegada de políticos vinculados con el crimen la tomó a partir del caso de Morelos, un estado gobernado por Morena. “Hemos vivido, desde que entramos, algunos casos ―y lo subrayo: algunos casos— de vínculo entre algunas presidencias municipales y la delincuencia organizada (…) desde que pasó lo de Morelos planteamos: qué se puede hacer para evitar, o que el INE tenga las capacidades para poder saber; por lo menos una investigación”, explicó. Sin embargo, el caso se da en el contexto de las a cusaciones de Estados Unidos en contra del gobernador morenista con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha y otros nueve políticos, funcionarios y mandos policiacos de la entidad, de proteger a «Los Chapitos», la fracción del Cártel de Sinaloa , liderada por los hijos del «Chapo» Guzmán. En el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum han habido acciones para combatir el problema y desde noviembre de 2024 más de 70 funcionarios han sido detenidos en 10 estados como parte del Operativo Enjambre con el que se ejecutan órdenes de aprehensión contra servidores públicos investigados por su relación con redes delictivas. El primer tiro fue al Estado de México, y en los siguientes meses se sumaron funcionarios y políticos de estados como Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Aguascalientes y Chiapas. Con el operativo se han detenido a 14 alcaldes y expresidentes municipales y a 60 funcionarios y exfuncionarios entre ellos policías municipales, directores de seguridad y mandos estatales bajo proceso. Entre ellos María Elena Martínez Robles, exalcaldesa de Amanalco; Pedro Luis Hernández de Paz, alcalde electo de Santo Tomás de los Plátanos, en Estado de México, por sus presuntos vínculos con La Familia Michoacana ; Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, por su vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y recientemente los funcionarios en Morelos. El vínculo entre autoridad y crimen no es un capítulo exclusivo de este gobierno pues en el país durante años varios gobernadores, presidentes municipales fiscales de prácticamente todos los estados han sido señalados por algún tipo de relación con criminales. Además del reciente caso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, ha habido otros mandatarios señalados por vínculos con organizaciones criminales, como Mario Villanueva Madrid (Quintana Roo), Roberto Sandoval Castañeda (Nayarit), así como Tomás Yarrington y Eugenio, ambos de Tamaulipas, entre otros. Aunque desde el gobierno federal se están combatiendo los vínculos entre crimen y autoridad, través de una reforma la presidenta buscará que quienes tengan un “posible riesgo razonable de vínculos con la delincuencia organizada” no sean postulados a un cargo de elección popular. Para ello, la presidenta Sheinbaum propuso la creación de Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas , integrada por consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante la que se revisen presuntos vínculos criminales. Arturo Espinosa Silis, analista político y director del think tank Laboratorio Electoral , considera que de aprobarse la propuesta no resolverá un problema arraigado en el país, además crítica que se deja en manos del INE una facultad que no le corresponde.
Carolina Jasso González, consultora del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, explica que la mayor parte de los vínculos entre autoridad y crimen ocurren ya durante el cargo, por lo que coincide que la propuesta no resuelve el problema. “La propuesta está operando como un filtro de entrada, cuando la evidencia muestra que la mayor parte de las relaciones de colusión entre autoridades y crimen organizado no se forman antes de la candidatura, se pueden incluso formar durante el ejercicio del cargo. Entonces, un candidato puede pasar este filtro y una vez en funciones establecer vínculos ya sea por afinidad o por coerción ”, sostiene. Otra de las debilidades de la propuesta es que será voluntario que los partidos políticos presenten a la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas la lista de los aspirantes a una candidatura y que no sea una obligación, además que el organismo sería integrado por consejeros del INE, por lo que puede no haber parcialidad en la investigación. “En este país ni la procuración de justicia ni la justicia funcionan, entonces pueden haber muchos que no tengan ni siquiera denuncias o investigaciones en su contra, pero que sí tengan señalamientos como ocurrió en su caso con Rocha Moya”, agrega Arturo Espinosa. Además, el consultor político plantea que es irresponsable que una propuesta que busca resolver uno de los problemas más graves del país quiera ser aprobada de forma exprés para ponerse en marcha e las elecciones de 2027 en las que se renovarán 17 gubernaturas y miles de cargos a nivel local. “Me parece bastante irresponsable que pretendan en menos de una semana que se regule uno de los temas más graves de la democracia mexicana. Primero debe haber un análisis, debe haber un diagnóstico y haber un ejercicio de mucha más introspección de cuál es el problema y cuáles son las posibles soluciones”, dice. Y es que la iniciativa de propuesta presentada por la presidenta será discutida como parte del periodo extraordinario de sesiones que iniciará el próximo 26 en la Cámara de Diputados.
La presión de Estados Unidos Antes de cumplir el segundo mes al frente de México, la presidenta Claudia Sheinbaum dio el primer golpe de la que sería una de las cruzadas más fuertes contra los vínculos entre el crimen y la autoridad. La especialista de la Ibero considera aunque el gobierno ya impulsaba Operación Enjambre, las presiones desde Estados Unidos hicieron efecto para hacer más contra la narcopolítica. “Los casos recientes que han ocurrido, tanto en el caso de Sinaloa, como los gobiernos municipales a partir de la Operación Enjambre, son una muestra muy clara, que es una respuesta a estas presiones de que están muy presentes desde el gobierno de Estados Unidos”, plantea. Hace unos días, Terrance C. Cole, jefe de la Administración para el Control de Drogas, aseguró que el caso de Rocha es solo el principio de las acusaciones contra políticos vinculados con el crimen. Y el presidente Donald Trump acusó que en México, gobiernan los cárteles. Por su parte, la presidenta Sheinbaum aseguró que su gobierno no tiene pactos con el crimen y a
dvirtió que habrá cero impunidad.
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