El gobierno de la Ciudad de México anunció que ya trabaja en un protocolo para mediar entre el Poder Judicial y los propietarios de edificios habitacionales cuando un inmueble esté en litigio o en proceso de desalojo, con el fin de prevenir actos de violencia, abusos y que las familias queden en situación de desamparo.
Vivienda y apoyo para rentas
El protocolo estará acompañado de reformas a la ley para obligar a las autoridades judiciales a informar con antelación sobre las órdenes de desalojo para que la Comisión de Derechos Humanos y otros organismos de la administración local acompañen las diligencias. “Vamos a mediar hasta que se agote el desalojo como última instancia. No nos gustó para nada lo que sucedió con el desalojo de República de Cuba”, afirmó la jefa de gobierno, Clara Brugada, en rueda de prensa. El martes 26 de agosto, 22 familias fueron desalojadas de un edificio habitacional ubicado en la calle Tonalá 125 de la colonia Roma Norte. Los vecinos argumentaron que elementos de la policía de la Ciudad de México y otras personas que no se identificaron, entraron al inmueble sin previo aviso por la madrugada y ordenaron con violencia el retiro de los habitantes. El miércoles 27 de agosto, otro edificio en el que vivían en su mayoría personas de la tercera edad y comerciantes en la calle República de Cuba 11 en pleno centro histórico fue desalojado, lo que causó conatos de violencia entre uniformados y habitantes. En este contexto, la jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que distintas dependencias de su administración ya desarrollan mecanismos para proteger los derechos humanos de las personas y evitar actos violentos durante los desalojos. Explicó que el protocolo establece que el Poder Judicial no solo solicitará el apoyo de la fuerza pública para ejecutar un desalojo, sino que también notificará al gobierno central sobre las diligencias u ordenamientos judiciales y verificará que los habitantes hayan recibido los avisos previos, o, en su caso, promoverá mediaciones entre todas las partes involucradas. “Otro punto para este protocolo tiene que ver con reformas legislativas para revisar la participación de las personas auxiliares de los promoventes del desalojo, lo decimos porque son personas que ayudan a cargar pero se convierten en golpeadores”, señaló. El secretario de Vivienda, Inti Muñóz, detalló que, como parte del protocolo propuesto es que en caso de que las familias desalojadas sean de escasos recursos, estas puedan recibir apoyo para renta e incluso iniciar los procedimientos para acceder a vivienda popular. Aclaró que para las familias afectadas por desalojos en Tonalá y Cuba, respectivamente, se dará un apoyo de 4,000 pesos mensuales por un primer periodo de seis meses con posibilidad de extenderlo por varios meses más. “En los los dos casos (desalojo de Tonalá y República de Cuba) hemos iniciado las gestiones para la posibilidad de que la secretaría de Vivienda adquiera ambos inmuebles con la finalidad de que ahí se generen proyectos de vivienda en favor de quienes ahí habitaban”, afirmó. La mandataria capitalina explicó que el protocolo para casos de desalojo estará listo a más tardar en 15 días el protocolo y las reformas legislativas se enviarán próximamente para que sean discutidas en el periodo ordinario y queden aprobadas en diciembre de este año.
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