La soberanía que se negocia en el pasillo
Cada vez que un penal estalla , el libreto se cumple con puntualidad litúrgica : comunicado, traslado de cabecillas, “operativo de revisión” , decomiso de celulares y armas punzocortantes , y la promesa de que “se recuperó el control”. Pasan las semanas y todo regresa a su sitio . Quien ha conocido CEFERESOS y CERESOS, sabe que el control no se recupera en una madrugada de cateos: se ejerce todos los días, o se cede todos los días.
Custodios abandonados por el Estado
La soberanía, palabra que gobiernos federal y estatales pronuncian con solemnidad, empieza literalmente en la reja. Un Estado que no decide quién entra, dónde duerme cada interno, quién cobra por qué y quién vive con miedo dentro de sus propios muros no monopoliza nada: administra la ficción de que lo hace. Apodaca en 2012, Topo Chico en 2016 y el ataque al Cereso 3 de Ciudad Juárez en enero de 2023 no fueron accidentes; fueron la factura de un abandono sostenido. El autogobierno, con cuotas, tienditas y áreas privilegiadas, no existe sin la complicidad, activa o resignada, de quien porta uniforme de custodio. Los estados han sido omisos de forma brutal: buena parte de la población privada de la libertad reside en centros locales y recibe la menor atención política. Responden con rotación de internos, descabezamiento de liderazgos y declaraciones que nombran el problema sin resolverlo. Cada líder trasladado deja una vacante que alguien ocupa en horas; el modelo que fabrica liderazgos criminales permanece intacto. Pregunta incómoda que ni la Federación ni las entidades responden: ¿tienen el personal adecuado? El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH ha documentado de forma reiterada deficiencias de personal, capacitación e infraestructura. Un servidor público que gana poco, trabaja sin protección y vive en el mismo barrio que las familias de los internos no es incorruptible: es vulnerable. Exigirle integridad sin darle condiciones es hipocresía de escritorio. Hace falta un servicio profesional penitenciario de verdad: evaluaciones de confianza permanentes y no solo de ingreso; formación en ejecución penal, derechos humanos y seguridad dinámica; carrera con ascensos por mérito; rotación obligatoria de directivos y áreas sensibles; y salarios y seguros equiparables, como mínimo, a los de la policía estatal. La Ley Nacional de Ejecución Penal ordena buena parte de esto. En el territorio, es letra muerta.
La reinserción que nadie financia El populismo punitivo y su factura
El artículo 18 constitucional organiza el sistema penitenciario sobre trabajo, capacitación, educación, salud y deporte. Cinco pilares. Busque usted, en un centro estatal promedio, talleres funcionales, clasificación técnica seria, equipos interdisciplinarios completos y preliberación con seguimiento. Encontrará con frecuencia hacinamiento, ocio forzado y una economía interna donde el único “programa” que opera es el mercado ilegal. Así, la prisión deja de rehabilitar y se vuelve el lugar donde el primodelincuente recibe su posgrado. La alternativa tiene nombre técnico: clasificación por riesgo y perfil criminógeno desde el ingreso; separación real entre procesados y sentenciados, y entre delincuencia organizada y población común; planes de actividades individualizados y evaluados; trabajo remunerado con empresas; y acompañamiento postpenitenciario. Sin empleo, familia y comunidad al salir, la reinserción es consigna de campaña. Y la autoridad penitenciaria no puede ser apéndice de la policía: necesita presupuesto, perfil técnico y metas propias. La prisión preventiva oficiosa, ampliada en 2019 y otra vez en 2024, contradice la lógica del sistema penal acusatorio, que la concibió como excepción y no como regla. En 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros contra México, determinó que esta figura y el arraigo son incompatibles con la Convención Americana. El Estado mexicano respondió ampliando el catálogo.
Ladrillos no; concesiones, tampoco Lo que sí toca hacer
El efecto en las cárceles es directo: población sin sentencia que presiona la capacidad instalada, clasificación imposible, procesados mezclados con sentenciados y fiscalías que detienen primero e investigan después, cuando investigan. La cifra exacta de personas sin condena varía según el corte; debe consultarse en el cuaderno estadístico penitenciario oficial vigente. Lo que no varía es la lógica: quien llena las celdas de presuntos inocentes no combate el delito: lo recluta, lo organiza y lo gradúa en serie. ¿Más cárceles? Construir sin cambiar el modelo es multiplicar el problema con pintura fresca. Un penal nuevo, sin custodios formados, sin clasificación y sin presupuesto de operación, se corrompe en meses. Antes de colocar la primera piedra, cada entidad debe someterse a una auditoría pública: capacidad real, sobrepoblación, control interno, ingresos prohibidos, plantilla, formación y condiciones laborales. Si el diagnóstico no precede a la obra, la obra es escenografía. ¿Privatizar? La pregunta confunde servicios con soberanía. Alimentación, mantenimiento, lavandería y hasta salud pueden contratarse con indicadores medibles y sanciones reales. Pero la custodia, el uso de la fuerza y la disciplina son funciones indelegables del Estado. México ya ensayó esquemas de asociación público-privada en prisiones federales, y su evaluación honesta sigue pendiente. La experiencia internacional advierte: en Manaus, Brasil, en enero de 2017, una masacre de decenas de internos ocurrió en un penal de gestión compartida con una empresa. Delegar sin supervisar es abdicar con factura. a) Auditoría nacional y estatal con publicación de resultados. b) Servicio profesional penitenciario con carrera, salario y protección. c) Clasificación objetiva y separación efectiva desde el primer día. d) Reducir el uso de la preventiva oficiosa, cumpliendo la sentencia interamericana. e) Control de ingresos con tecnología: escáneres, bloqueo de señal, registro biométrico de visitas, y vigilancia de los vigilantes, porque el contrabando entra por la puerta principal. f) Presupuesto etiquetado para reinserción, con metas verificables como reincidencia y empleo posterior a la liberación. Séptimo, rendición de cuentas ante los congresos locales. La soberanía no se decreta ni se anuncia: se demuestra con inventarios, bitácoras, listas de asistencia veraces y celdas abiertas a la supervisión de comisiones de derechos humanos, academia y sociedad civil. Nada de esto vende en una conferencia matutina. Tampoco produce fotografías de capturas ni sirve para anunciar un penal nuevo. Pero es lo único que devuelve a la autoridad lo que ha perdido: la capacidad de mandar donde dice que manda. Mientras tanto, seguiremos escuchando hablar de soberanía desde afuera de unos muros que, por dentro, tienen otros dueños. Biografía: Alberto Guerrero Baena es Consultor y Estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán. Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com
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