El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos por su presunta relación con el Cártel de Sinaloa y se espera que en breve sea extraditado a México. El caso se suma a una lista en la que la delgada línea entre la fama y el crimen organizado quedó expuesta en investigaciones o detenciones de personalidades destacadas como deportistas, políticos y artistas mexicanos.

Deportistas en la mira Artistas bajo la sombra del narco

Cuauhtémoc Blanco, quien fuera jugador del América, seleccionado nacional y gobernador de Morelos, y que actualmente es diputado federal por Morena, es una de las figuras investigadas por supuestos vínculos con líderes del crimen organizado durante su gestión como mandatario estatal. La investigación se abrió luego de que en 2022, se difundieron fotografías en las que posaba junto a Irving Eduardo Solano, alias “El Profe”; Homero Figueroa, “La Tripa”, y Raymundo Castro, “El Ray”, líderes de Guerreros Unidos , grupo criminal señalado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El exfutbolista justificó los hechos aseverando que él se tomaba fotografías “con todo el mundo”, ya que muchas personas lo siguen por su trayectoria futbolística, por lo que sostuvo, esa fotografía no significaba que tuviera relación con los narcotraficantes. Otro deportista que estuvo en la polémica por presuntos vínculos con el crimen fue el futbolista Rafael Márquez, quien en 2017 estuvo e la mira el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por presuntas operaciones ligadas con el tráfico de drogas y lavado de dinero. Las autoridades le señalaron por su presunta relación con Raúl Flores Hernández y la organización criminal »Los Flores» , vinculada a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Debido a esto, el Departamento del Tesoro EU, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incluyó a Rafa Márquez y a varias de sus empresas y fundaciones en su “lista negra”, por lo que su visa fue cancelada, sus cuentas bancarias congeladas, y se le impusieron restricciones para cualquier empresa estadounidense. El exfutbolista aseguró que nunca tuvo relación con actividades ilícitas y se presentó voluntariamente ante la Procuraduría General de la República (PGR) para colaborar con la investigación. En 2018, la PGR cerró la investigación en México tras un amparo concedido por Márquez, que permitió el descongelamiento de sus cuentas. En septiembre de 2021, la OFAC eliminó a Rafa y sus empresas de la lista, exonerándole formalmente de las acusaciones. El mundo del espectáculo tampoco es ajeno de señalamientos por presuntos vínculos con el narco. La cantante Jenni Rivera , fallecida en 2012, fue investigada por la Administración de Control de Drogas (DEA) por supuestos vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva, aunque nunca derivó en cargos formales. Tras registrarse el accidente aéreo en que murió la cantante, surgieron versiones de que Edgar Valdez Villarreal , conocido como ‘La Barbie’, estuvo involucrado en este hecho. El cantante de música regional mexicana Julión Álvarez también fue incluido en 2017 en lista negra del Departamento del Tesoro de EU por supuestos lazos con el narcotraficante Raúl Flores Hernández, alias “El Tío”, acusado de ser testaferro. Como consecuencia, al igual que ocurrió en el caso de Rafa Marquez, sus cuentas fueron congeladas, le retiraron la visa y suspendió varios conciertos en EU, además de que se eliminó su música de plataformas de streaming. El cantante negó tener vínculos directos con el narco, aunque dijo que conoció a Flores solo en contextos sociales. Finalmente en 2022, tras casi cinco años de litigio, Julión fue retirado de la lista negra de las autoridades de EU y su música regresó a plataformas como Spotify. En mayo de 2025, el cantante volvió a estar en la polémica debido a que su visa americana fue cancelada. El caso de la actriz Kate del Castillo también generó controversia en 2016, cuando se reveló que tuvo un encuentro con Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, con la intención de realizar una película sobre su vida donde también estuvo el actor estadounidense Sean Penn, en la sierra de Sinaloa cuando Guzmán Loera permanecía prófugo. Aunque no fue acusada de delitos, sí fue investigada por autoridades mexicanas y estadounidenses por su cercanía con el líder del Cártel de Sinaloa. En 2018, luego de tres años de autoexilio, la actriz regresó a México procedente de Los Ángeles, California, Estados Unidos, y advirtió que demandaría a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por los supuestos daños y afectaciones que le causó ser vinculada con Joaquín “el Chapo” Guzmán. Recientemente varios cantantes y agrupaciones musicales como Natanael Cano, Peso Pluma, Gerardo Ortiz y Los Alegres del Barranco, también están en la mira por presuntos vínculos con el narcotráfico y apología al crimen organizado.

Políticos en la mira

El caso más emblemático es el de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, declarado culpable en Estados Unidos en 2023 por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa. García Luna fue detenido en diciembre de 2019 en Texas, acusado por la fiscalía de Nueva York de haber aceptado millones de dólares en sobornos para proteger cargamentos de cocaína y filtrar información sobre operativos de seguridad. En febrero de 2023 fue declarado culpable por cinco cargos, incluidos conspiración y distribución internacional de cocaína. En octubre de 2024 fue sentenciado a 38 años y 4 meses de prisión (460 meses) y multa de 2 millones de dólares. Actualmente está recluido en ADX Florence, una prisión federal de máxima seguridad en Colorado. Tomás Yarrington, quien gobernó Tamaulipas de 1999 a 2004, fue investigado por la DEA y la fiscalía de EU por presuntos vínculos con el Cártel del Golfo y Los Zetas. Tras permanecer prófugo, fue detenido en abril de 2017 en Florencia, Italia, usando documentación falsa, y extraditado a EU en abril de 2018. El 26 de marzo de 2021, se declaró culpable por conspiración para lavar dinero, admitiendo haber recibido al menos 3,5 millones de dólares en sobornos e invertido esos recursos en bienes raíces, incluyendo un condominio en Texas. Fue deportado a México el 9 de abril de 2025. Actualmente se encuentra privado de la libertad en el penal del Altiplano.

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