Ubicado como el segundo estado más violento del país, Chihuahua enfrenta un repunte en la violencia desde 2018 . Su territorio de 247,455 kilómetros cuadrados es disputado por organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez , quienes en su lucha por el tráfico de drogas, sus rutas y otras actividades criminales dejan un promedio de cuatro homicidios por día. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) , 8% de los homicidios que se registran en el país ocurren en la entidad gobernada por la panista Maru Campos . Pero no se trata de un problema nuevo, pues desde 2017 el estado se encuentra entre los más violentos.
En 2018, en el gobierno de Javier Corral la violencia fue en aumento y en 2020 se marcó un nuevo récord en el número de homicidios al alcanzar los 2,296 homicidios dolosos, en promedio 6.2 al día.
Sinaloa y Juárez, los cárteles detrás de la violencia Al igual que las otras cinco entidades del norte del país, Chihuahua es un territorio estratégico para el crimen. Su
vecindad con Estados Unidos convierte al estado en un territorio
clave para el trasiego de droga hacia territorio estadounidense. En esa entidad se tiene identificados principalmente al Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez, aunque hay otras agrupaciones locales que también contribuyen a la violencia. Un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional, obtenido por Guacamaya Leaks, ubicó que en ese estado tenían operaciones organizaciones como La Empresa, Los Mexicles, Mexicles FEM, Aztecas Cártel de Sinaloa, Aztecas viejos, La Línea (brazo armado del Cártel de Juárez), Artistas Asesinos, Gente Nueva, Jaguares, Gente Nueva del Tigre, Los Salazares, Los Salgueiros, Los Hs, Clica Fénix y Los Sureños. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) también confirmó la operación del Cártel Jalisco Nueva Generación en esa entidad, en su
Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas de 2025. Entre las principales zonas de conflicto está la frontera, en particular Ciudad Juárez-El Paso y la Sierra Tarahumara, en ésta última hace unos días se desmanteló un laboratorio de drogas sintéticas y en el que presuntamente participaron dos agentes estadounidenses.
Las organizaciones criminales se disputan el tráfico de drogas y mercados ilícitos como el tráfico de migrantes y la extorsión. En esa entidad del país organizaciones como el Cártel de Sinaloa tienen laboratorios para la producción de drogas sintéticas.
La colaboración con EU y el conflicto En los últimos días, la
gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se vio envuelta en la polémica debido a que, en un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas, intervinieron agentes del Gobierno de Estados Unidos, por lo que ya se investiga si se violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Fue un tuit del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, el que reveló el presunto acuerdo en materia de seguridad que no fue informado a la presidenta Claudia Sheinbaum. “Lamentamos profundamente la trágica pérdida de dos miembros del personal de la Embajada de Estados Unidos, el Director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y un miembro de dicha agencia en este accidente. Reconocemos su dedicación y sus incansables esfuerzos para afrontar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Nuestras oraciones y pensamientos están con ellos y sus seres queridos”, escribió.
Horas después, el lunes 20 la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se tenía que investigar la presunta participación de los agentes estadounidenses, pues su gobierno no tenía conocimiento sobre ese hecho. Desde ese lunes, Chihuahua es tema de conversación y polémica en el Poder Ejecutivo y también en el Legislativo. La presidenta Claudia Sheinbaum intentó conversar con la gobernadora sobre la participación de los funcionarios estadounidenses, pero no la localizó. Fue entonces que el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, se reunió con la mandataria estatal. Este martes el secretario expuso que la gobernadora le dijo que no sabía de la participación de los funcionarios. “La gobernadora de Chihuahua me dijo que ella no tenía conocimiento de que se estuviera llevando una operación con agentes norteamericanos en campo”, dijo. Mientras tanto, Campos fue invitada por integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública en el Congreso para exponer lo acontecido con el desmantelamiento del laboratorio de drogas en la comunidad de El Pinal, sin embargo, rechazó la invitación. “A fin de salvaguardar el adecuado desarrollo de las diligencias en curso, evitando en todo momento comprometer información de carácter confidencial o clasificada, en resguardo de la propia investigación y de la Seguridad Nacional, así como la debida reserva y conducción institucional de la información, les informo que en este momento no es posible atender la invitación en los términos planteados”, dice la carta que envió a la Cámara de Diputados. El gobierno federal ya tomó otras medidas como el envío de una nota diplomática a la administración de Estados Unidos –por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum– para manifestar su extrañamiento. Además, renunció el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, se abrieron carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General de la República y se creo en Chihuahua una Unidad Especializada para investigar el operativo y la participación de los agentes .
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