El presidente Donald Trump firmó decretos que declaran la inmigración ilegal en la frontera con México como una emergencia nacional y apuntan a la ciudadanía automática para los hijos nacidos en Estados Unidos de inmigrantes en el país ilegalmente. Trump también firmó un decreto que se espera suspenda el programa estadounidense de reasentamiento de refugiados durante cuatro meses, aunque el texto de las órdenes ejecutivas no estaba disponible de inmediato. Con la declaratoria de emergencia en la frontera se enviarán tropas para evitar el ingreso de personas no estadounidenses, y proceder a la deportación masiva de migrantes, “millones”, según ha dicho.
Declaratoria de la frontera sur en emergencia El regreso de “Quédate en México”
En la Casa Blanca, el magnate neoyorkino firmó varias órdenes ejecutivas, entre ellas las migratorias y ahí declaró “estoy a favor de la migración legal, necesitamos gente». También dibujó cómo será la relación que tendrá Estados Unidos con América Latina: «la relación va a ser genial. Nos necesitan más de lo que necesitan a nosotros. Todo el mundo nos necesita”. Esa orden permitirá la militarización de la frontera sur de Estados Unidos para impedir la entrada de personas sin documentos provenientes de México. Desde la primera gestión de Trump en la Presidencia estadounidense (2017 a 2021) se aplicó esa declaratoria, que incluyó entonces el destino de 2,500 millones de dólares para poder construir su “muro”. En 2021 el ahora expresidente Joe Biden la rescindió. Para Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora, la declaratoria tiene más efecto mediático y “escenográfico”, pues lo relevante son las políticas de detención inmediata de entradas ilegales y expulsión de migrantes. También esta estrategia fue aplicada por Trump en 2019 y consiste en que todos los solicitantes de asilo deben esperar en territorio mexicano mientras se resuelven sus casos en Estados Unidos. Ese plan oficialmente es conocido como Protocolo de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés) y se aplicó con el argumento de que se requería ese cierre de fronteras por el riesgo que representaba la pandemia de Covid. Ese plan terminó en febrero de 2021 y durante su aplicación generó que cientos de personas vivieran en albergues y campamentos improvisados en la zona fronteriza, pero del lado mexicano, lo que generó una crisis migratoria en México. A la llegada de Biden al gobierno de Estados Unidos, éste informó que ese MPP derivó en la devolución a México de 68,700 personas para que esperaran sus citas ante las cortes migratorias estadounidenses. De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en ese periodo 112, 391 personas permanecieron en albergues en diversas ciudades fronterizas.
Fin a la estrategia “cacht/release”
En su discurso de toma de posesión, el presidente Trump ratificó que ya no se aplicará esa política, consistente en la captura y liberación de personas migrantes Las leyes de Estados Unidos establecen protocolos de detención de personas migrantes, y cómo se desahogan los casos. Es decir, hasta ahora cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detiene a una persona no estadunidense se inicia un proceso de investigación y resolución de su situación migratoria. En este se investiga si esa persona tiene papeles o no, si tiene familia o no, por qué lado de la frontera entró; si por primera vez es detenida, o si es reincidente, pero en el curso de ese proceso se le dejaba en libertad Esa estrategia ya no se aplicará y ahora sólo habría capturas y reclusión de migrantes en centros de detención.
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