El consejo general del INE, en sesión extraordinaria de este viernes, hizo denuncias y una designación; es decir, se mantuvieron los efectos del «Caso Taddei»; por un lado, los Carla Humphrey y Martín Faz acusaron retrasos en el calendario para los comicios del 2027 y, del otro, en conjunto, hicieron la designación de un nuevo presidente del Comité de Transparencia. «A propuesta de la Consejera Presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz García, el Consejo General aprobó la designación de Ricardo Chincoya Zambrano como presidente del Comité de Transparencia», se lee en el documento.
Sobre la denuncia de demoras, los consejeros Carla Humphrey y Martín Faz expusieron en la mesa del Consejo General que por decisiones, aparentemente injustificadas de Guadalupe Taddei, hoy se registran retrasos en la organización del proceso electoral 2027. Ambos señalaron un proyecto que fue devuelto a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a petición de la expresidenta del INE, y que apenas se aprobó, tras 72 días, con cambios menores impactando el calendario de trabajo.
¿Existía un patrón para forzar adjudicaciones directas en el INE? Los Consejeros Faz y Humphrey advirtieron que a la luz de las
revelaciones de presunta corrupción, hoy existen razones suficientes para cuestionar si la decisión de retrasar un documento “formó parte de un esquema orientado a reducir los tiempos disponibles para licitar” y forzar una adjudicación amañada. Martín Faz aseveró que debido a que ya se
abrieron investigaciones sobre posibles irregularidades con proveedores, el Instituto tiene la obligación de examinar si se trató de una simple deficiencia de planeación o de un
patrón deliberado. “Una urgencia generada por las propias decisiones institucionales no puede convertirse después en justificación para eludir los procedimientos ordinarios de contratación, y mucho menos cuando hablamos de recursos públicos destinados a organizar elecciones”, sentenció. La Consejera Humphrey hizo énfasis en que el acuerdo podría haberse aprobado desde el pasado 3 de septiembre; es decir, hace más de dos meses, lo que hubiera significado para el INE “anticipar el
proceso licitatorio y salir al mercado con calma y en control del calendario”. Ahora, al recibir el nuevo acuerdo, la Consejera anticipó que las condiciones se han transformado y que por el contrario el transcurso del tiempo equivale a
pérdida de competencia y posible sobreprecio. En ese sentido, desde la mesa del Consejo General solicitó al Órgano Interno de Control que “examine los
posibles retrasos injustificados y ordene la preservación de los oficios, versiones y comunicaciones que permitan reconstruir lo ocurrido”. “El
INE debe recuperar la confianza también en la manera de comprar y aquí reitero, más licitaciones y menos adjudicaciones directas. Si ofrecemos elecciones impecables, impecables deberían ser nuestras adquisiciones”, subrayó.
Exigen respuestas de grupo Taddei
La Consejera no solo evidenció el retraso y la posible injustificada decisión de Taddei, sino el respaldo que sus pares le dieron a la expresidenta al acompañar la votación; en ese sentido, eludió a otras consejerías presentes y las llamó a justificarse. “Ninguna mayoría puede quedar exenta de explicar las consecuencias de sus decisiones, ninguna urgencia debe convertirse en una ventaja y debida y ningún proveedor debe ganar por el tiempo que el instituto dejó perder”, dijo. La única que respondió fue la Consejera Frida Gómez, una de las exintegrantes del bloque Taddei, quien declaró que “le parecía grave vincular un tema de integridad con un tema técnico” y aseguró que sí faltaba un análisis más exhaustivo en el proyecto. El partido Somos, en voz de Marco Baños, respaldó la postura de Faz y Humphrey y reconoció que hay un conjunto de situaciones que generan sospecha frente al comportamiento que asumió la expresidenta.
“Si el propósito era dejar que se agotara el tiempo y forzar una adjudicación de manera directa es realmente muy grave”, dijo. Movimiento Ciudadano se posicionó junto a ellos y propuso que junto a cada contrato adjudicado se transparente: ¿quiénes compitieron? Si el Instituto verificó posibles conflictos de interés, ¿por qué se eligió esa oferta y a qué precio? y ¿quién verificará que se entregue lo contratado? Mientras que Ernesto Guerra, el representante de Paz, recordó que desde el jueves pasado se determinaron siete medidas para cualquier contratación , con la idea de sanear “el cochinero que dejó la anterior Presidenta” y destacó que esta es la oportunidad de ponerlas en curso.
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