“El último y más filoso clavo en el ataúd de la justicia constitucional tal como la conocíamos”. Así fue como catalogó a la nueva Ley de Amparo la jurista Paulina Creuheras en estas páginas. Mientras tanto, el ministro en retiro José Ramón Cossío la calificó como “regresiva”, en tanto que limita la defensa y protección de derechos fundamentales y su espíritu es contrario a la reforma de 2011 que introdujo los derechos humanos al marco constitucional.
Por su parte, el académico Sergio López Ayllón argumentó que la reforma es el más reciente de una serie de “cambios legales que, de manera silenciosa pero constante, están construyendo jurídicamente un Estado autoritario”. Y la abogada Carla Erika Ureña arguyó que la Ley deja “desamparados” a los ciudadanos frente a las autoridades y facilita los actos irregulares, arbitrarios o abusivos de éstas. Puesto que las implicaciones de esta reforma ya están bien analizadas, en lo que resta de este texto me interesa explorar los orígenes ideológicos de la Ley. Considero importante tener claridad sobre el razonamiento ideológico y programático que la presidenta Sheinbaum, su círculo cercano y la mayoría morenista siguieron para aprobar esta reforma, pues entender la motivación nos puede ayudar a comprender el régimen político que se está consolidando y el sistema de justicia que se está inaugurando en México. Morena —al igual que algunos sectores de la izquierda en el mundo— ve con sospecha los derechos humanos y los mecanismos jurídicos para defenderlos. Este juicio parte de una lectura histórica (en parte errónea o simplificada): muchos cuadros de la coalición morenista ligan a los derechos humanos con el giro neoliberal, ya que las reformas para proteger los derechos fundamentales y las políticas de apertura y desregulación del mercado se impulsaron al mismo tiempo (a finales del siglo XX y principios del XXI). Así, Morena concibe los derechos humanos como un paso más en la ofensiva neoliberal contra el Estado. La construcción de órganos autónomos, la desregulación de los mercados, el debilitamiento del Poder Ejecutivo, la aprobación de leyes en beneficio del sector empresarial y la promoción de los derechos humanos, desde esta interpretación, son parte de un mismo conjunto de acciones para fomentar el individualismo entre los ciudadanos, mermar la capacidad de acción colectiva del pueblo, debilitar al Estado —concebido como el instrumento principal para promover el desarrollo social y combatir la pobreza— y fortalecer al capital ante un aparato estatal pequeño y acomodado en torno a sus intereses. Además, Morena considera que las reformas constitucionales que se aprobaron durante el período neoliberal (desde la década de 1980 hasta 2018) deformaron tanto a la Carta Magna que dejó de ser la Constitución de 1917. Es decir, la ley fundamental de México perdió su espíritu revolucionario y su capacidad como instrumento de transformación social. Por tanto, desde esta perspectiva, un movimiento de raigambre popular, con una visión populista de la democracia y de orientación ideológica izquierdista como Morena cuenta con sobrada legitimidad para desmantelar estas reformas y regresarle a la Constitución su espíritu revolucionario y su vocación social. Finalmente, Morena considera que las élites económicas y las grandes corporaciones se han valido de los derechos humanos en general y del amparo en particular para defender jurídicamente sus intereses ilegítimos frente al Estado. Desde esta visión, el Estado, como agente de cambio social, queda inerme frente al gran capital que cuenta con los recursos económicos, las alianzas en el Poder Judicial y los mecanismos jurídicos para garantizar sus intereses particulares frente al interés público. En suma, desde esta lectura de la historia reciente y desde una perspectiva ideológica de democracia populista o mayoritarista, Morena considera que la Reforma de Amparo empodera al Estado —que representa los intereses del pueblo, de la mayoría— frente a los intereses de las élites (la minoría). Y si el Estado es el principal vehículo de transformación social, entonces no es necesario que los particulares cuenten con instrumentos jurídicos para defenderse ante él. Cualquier mecanismo de defensa individual ante los proyectos del Estado tan sólo entorpecen el cambio social y obstaculizan el proyecto político respaldado por la mayoría.
En mi próxima entrega, esgrimiré una crítica desde la izquierda de esta visión histórica-ideológica y argumentaré que, desde una perspectiva republicana, el debilitamiento del amparo no abona a la construcción de un país más justo e igualitario ni a la consolidación de un régimen político progresista, sino al avance de la república mafiosa. Adelanto uno de mis argumentos: Morena parte de la premisa de que, en efecto, los miembros de su coalición defienden los intereses de la mayoría en todos los casos, cuando los hechos recientes han demostrado que no es así, sino que muchos de ellos utilizan sus cargos públicos para beneficio privado (Adán Augusto y compañía), se valen de su autoridad para amedrentar ciudadanos (Noroña y compañía) y se benefician económicamente de los proyectos de infraestructura y obra pública (Tren Maya y otros), acciones que se volverán más fáciles de cometer con total impunidad e inescrutabilidad con la nueva Ley de Amparo. _____ Nota del editor: Jacques Coste es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
]]>
Comentarios recientes