Cuando el Estado ya no puede proteger tu casa Durante mucho tiempo pensamos que la mayor garantía sobre una casa era tener las escrituras. Que bastaba acudir ante un notario, inscribir el inmueble en el Registro Público de la Propiedad y conservar la documentación para que nuestro patrimonio estuviera seguro. Hoy esa certeza empieza a desmoronarse. Cada vez son más frecuentes las historias de personas que descubren que alguien ocupa su inmueble, que una escritura fue falsificada, que apareció un supuesto contrato de compraventa, un poder inexistente o incluso un juicio del que nunca fueron notificados. Lo más preocupante no es que existan delincuentes capaces de intentar apropiarse de una propiedad ajena. Eso ha ocurrido desde hace décadas. Lo verdaderamente alarmante es que el Estado mexicano parece haber perdido la capacidad de proteger eficazmente el patrimonio de sus ciudadanos.
El delito de despojo no es nuevo. Lo novedoso es la forma en que ha evolucionado. En muchas ocasiones ya no se trata de una invasión espontánea de un terreno baldío. Detrás de numerosos casos aparecen documentos falsificados, identidades suplantadas, operaciones registrales irregulares, litigios simulados y, en ocasiones, redes de corrupción que aprovechan las debilidades institucionales para convertir el despojo en un negocio altamente rentable. El incentivo es evidente. Quien despoja un inmueble sabe que la víctima enfrentará un camino largo y costoso para recuperarlo. Entre denuncias penales, juicios civiles, recursos, apelaciones y procedimientos administrativos pueden transcurrir años antes de que el verdadero propietario recupere aquello que nunca dejó de ser suyo. Mientras tanto, el ocupante ilegal disfruta del bien, obtiene rentas o simplemente utiliza el tiempo como herramienta de negociación. Paradójicamente, nuestro sistema jurídico protege con intensidad la posesión. Esa protección tiene una explicación histórica: evitar que las personas se hagan justicia por propia mano y garantizar que los conflictos patrimoniales sean resueltos por los tribunales. En abstracto, el principio es correcto. Sin embargo, cuando las instituciones son lentas o ineficaces, ese mismo diseño puede terminar beneficiando a quien actuó de manera ilícita. El problema, por tanto, no es únicamente jurídico. Es institucional. Un Estado de derecho no se mide solo por la existencia de leyes que reconocen el derecho de propiedad. Se mide, sobre todo, por su capacidad para hacerlas efectivas en un plazo razonable. Cuando recuperar una vivienda tarda años, la protección constitucional de la propiedad comienza a convertirse en una promesa vacía. El impacto trasciende a las víctimas directas. La incertidumbre sobre la seguridad del patrimonio afecta el mercado inmobiliario, desalienta la inversión y erosiona la confianza en las instituciones. Una economía no puede desarrollarse plenamente cuando las personas dudan de que aquello que compran seguirá siendo suyo si alguien decide apropiarse de ello mediante la fuerza, el fraude o la manipulación del sistema. Por ello, la discusión pública no debería concentrarse únicamente en endurecer las penas del delito de despojo. México ya cuenta con tipos penales que sancionan estas conductas. El verdadero desafío consiste en lograr que las autoridades reaccionen con rapidez, que los registros públicos sean más seguros, que exista coordinación entre las instituciones y que los jueces cuenten con herramientas eficaces para restituir de manera inmediata la posesión cuando el derecho resulte evidente. La propiedad privada no representa únicamente un bien económico. Para millones de familias constituye el esfuerzo de toda una vida, el lugar donde crecieron sus hijos, el patrimonio que esperan heredar y, muchas veces, la única fuente de estabilidad frente a la incertidumbre. Cuando el Estado no puede proteger ese patrimonio, no solo fracasa una institución. Se debilita uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa la confianza de cualquier sociedad democrática. Tal vez esa sea la pregunta que deberíamos hacernos: si tener una escritura ya no basta para sentirse seguro, ¿qué significa realmente ser propietario en México? *El autor es abogado y activista en la defensa de los derechos humanos. Presidente del Centro Contra la Discriminación. Redes sociales: @ceodriozolam
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