Trabajadores del Poder Judicial iniciaron un paro indefinido de laborales en al menos 10 estados del país para protestar en rechazo al nuevo mecanismo de evaluación del desempeño de la carrera Judicial, aprobado por el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 5 de noviembre, y que algunos juzgadores consideran va contra sus derechos. El Órgano de Administración rechazó que los resultados afecten la situación laboral de los trabajadores, como el despido o la pérdida de plazas, y afirmó que la evaluación no pone en riesgo la permanencia de ninguna persona que forma parte de la carrera judicial.
“Es falso que los exámenes programados para diciembre de 2026 puedan provocar el despido de trabajadores o la pérdida de sus plazas», sostuvo. Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) advirtió que el nuevo mecanismo puede poner en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores, lo que motivó protestas en al menos 15 estados del país. En la Ciudad de México, trabajadores bloqueron la calzada Ignacio Zaragoza y también mantienen protestas en la sede de San Lázaro y en las oficinas del Poder Judicial de la Federal en Insurgentes Sur.
¿En qué estados hay protestas? El paro se realiza en las sedes de Tijuana, Ciudad Juárez, en Baja California; en Monterrey, Nuevo León; en Guadalajara y Zapopan, en Jalisco, así como Morelia y Uruapan, en Michoacán. En Toluca, en el Estado de México y Acapulco.Las protestas se registran también en Coatzacoalcos, Xalapa y Boca del Río, en Veracruz; en Ciudad Victoria y Tampico, en Tamaulipas; en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y en Chilpancingo y Acapulco, en Guerrero. Además hay protestas de trabajadores de Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.
La evaluación que desató las protestas El Acuerdo General AG-POAJ-025/2026 publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece las reglas para evaluar el desempeño del personal de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.
El mecanismo contempla evaluaciones periódicas para medir conocimientos, competencias profesionales, productividad, calidad del trabajo jurisdiccional, cumplimiento de plazos, conducta y desempeño laboral. Entre los instrumentos previstos en el documento, están exámenes de competencias, cuestionarios, informes institucionales y revisiones técnicas. El acuerdo establece que la primera evaluación correspondiente a 2026, prevista entre el 4 y 15 de diciembre, tendrá carácter exclusivamente diagnóstico y servirá para identificar necesidades de capacitación y áreas de mejora, sin generar consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal. Sin embargo, para los siguientes ejercicios, los resultados podrán derivar en constancias de permanencia , acciones de fortalecimiento profesional y, cuando no se alcance el estándar de desempeño, mecanismos de revisión o evaluaciones extraordinarias bajo determinados supuestos. De acuerdo con el Órgano de Administración, el propósito de los exámenes es identificar necesidades de capacitación, fortalecer los conocimientos profesionales y mejorar el servicio de impartición de justicia, mientras que la siguiente evaluación que se haga –una vez concluidas las capacitaciones– sí contempla otras medidas.
https://x.com/jufed_org/status/2118735228655083648
Trabajadores acusan desmantelamiento de la carrera judicial La JUFED consideró que el nuevo esquema de evaluación busca desmantelar lo que queda de la carrera judicial y pone en riesgo la estabilidad laboral de sus trabajadores, pues establece mecanismos discrecionales para evaluar a secretarios, actuarios y oficiales judiciales. Además advirtió en un comunicado que, bajo el argumento de implementar evaluaciones de carácter diagnóstico, se pretende establecer un sistema que podría utilizarse posteriormente para justificar la separación de trabajadores de sus cargos. «Con el pretexto de implementar un proceso de evaluación para secretarias, secretarios, actuarias, actuarios y oficiales judiciales, con un supuesto carácter diagnóstico en las próximas semanas, se enmascara un mecanismo arbitrario que pone en riesgo la estabilidad de la función jurisdiccional», señaló.
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