La fachada legal del atraco patrimonial
Durante años tratamos el despojo como una anomalía civil: un vecino invasor, un pariente ventajoso, un conflicto de linderos que se resolvía —mal o bien— en un juzgado local. Esa lectura ya es obsoleta y, peor, es peligrosa, porque mientras las autoridades siguen clasificando el fenómeno como un asunto patrimonial menor, el crimen organizado terminó de construir, frente a nuestros ojos, una industria completa de usurpación de inmuebles con división del trabajo, blindaje jurídico y complicidad institucional. Lo que antes parecía una disputa civil por una propiedad hoy puede estar relacionado con estructuras organizadas que asignan distintas funciones para apropiarse ilegalmente de bienes, y esa transición —de la riña vecinal a la estructura criminal— es la que el aparato de seguridad y justicia mexicano sigue sin querer nombrar con la severidad que exige. En Veracruz la fachada se cayó sola.
La Fiscalía del estado confirmó la existencia de una red dedicada al despojo de inmuebles, identificada como «Cártel Inmobiliario», en la que estarían involucrados abogados litigantes, notarios públicos, jueces, funcionarios judiciales y personal del Registro Público de la Propiedad y de Catastro. No es un cártel en el sentido narco clásico: es algo más incómodo para el sistema, porque no opera desde la clandestinidad sino desde despachos, notarías y juzgados. Los golpeadores que ejecutan las ocupaciones son solo el eslabón visible de una cadena de colusión que integra a agentes del Ministerio Público, jueces, actuarios, notarios, funcionarios del registro de la propiedad y policías. Eso es exactamente lo que las seis premisas de investigación que sostienen esta columna intentan desmontar, y por eso merece una crítica sin anestesia.
Inteligencia patrimonial: la laguna que nadie quiere llenar La primera falla estructural es de origen: no existe, en la mayoría de los municipios y estados de México, un sistema de inteligencia sobre bienes patrimoniales abandonados, intestados o en litigio que cruce información entre tesorerías, registros públicos de la propiedad y áreas de seguridad. Se calcula que alrededor de 600,000 viviendas deshabitadas en el país están expuestas al riesgo de ser invadidas, y esa cifra —aun con la reserva metodológica que amerita cualquier estimación de este tipo— retrata la magnitud de un problema que ninguna corporación policial monitorea de forma sistemática. No hay un padrón, no hay alertas tempranas homologadas, no hay cruce de bases de datos. Se investiga el despojo cuando ya ocurrió el despojo, nunca antes.
La complicidad institucional que nadie audita La segunda falla es aún más grave porque no es omisión, es corrupción activa. En Puebla, se iniciaron 784 carpetas de investigación por despojo durante 2025, lo que equivale a un mínimo de dos despojos diarios en el estado, y las propias autoridades han reconocido que parte de esos despojos contó con respaldo de integrantes del Poder Judicial. En la Ciudad de México, el patrón se repite con otros nombres: redes de operadores jurídicos, abogados, despachos, notarías e incluso jueces que legalizan actos de simulación para que el despojo se pueda ejecutar. ¿Dónde están los controles de confianza para notarios, ministerios públicos y personal de registro público? No existen, o existen solo en el papel. Mientras un policía municipal es sometido a exámenes de control de confianza cada dos años, un notario o un juez civil puede pasar toda su carrera sin una sola evaluación de integridad patrimonial. Esa asimetría es, en sí misma, una política pública fallida.
Modus operandi: la cadena de montaje del despojo Los esquemas documentados ya tienen guion fijo: personas que vigilan viviendas vacías, grupos que ingresan rápidamente al inmueble, supuestos mudanceros que introducen muebles para aparentar posesión, y abogados o gestores que presentan documentos presuntamente falsificados, en ocasiones con actos de corrupción de notarios o funcionarios de por medio. Es una cadena de montaje criminal, no un delito espontáneo. Y frente a esa sofisticación, la respuesta institucional sigue siendo reactiva: alertas inmobiliarias aisladas, coordinaciones ad hoc entre alcaldías y registros públicos, sin un centro de control interinstitucional que integre seguridad, procuración de justicia, tribunales y áreas registrales bajo un mismo tablero de decisión.
Lo que exige una política de Estado, no una ocurrencia local No basta con que la Ciudad de México o Veracruz reaccionen cuando el escándalo estalla. El despojo debe elevarse a la agenda del Sistema Nacional de Seguridad Pública como lo que es: una modalidad de crimen organizado con capacidad de lavar dinero a través de bienes raíces, no un litigio civil menor. Eso exige homologar tipos penales y agravantes entre las 32 entidades, crear controles de confianza obligatorios para notarios y personal registral, y construir el centro de inteligencia patrimonial interinstitucional que hoy no existe en ningún estado del país. Mientras sigamos tratando el despojo como pleito de vecinos, seguiremos regalándole al crimen organizado la vía más limpia y menos vigilada para lavar y controlar territorio: la escritura pública. _____
*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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