La intención de reducir la “informalidad” ha vivido muchos capítulos con avances muy limitados. Los múltiples significados del concepto “informalidad” lo hacen aparecer como la “hidra de las mil cabezas” (metáfora de Dn. Valentín González de Cossío). Los datos sobre informalidad provienen de dos fuentes estadísticas: los Censos Económicos (CE), y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). La distinción de las fuentes estadísticas y sus características es relevante para entender el problema y su posible solución.
Los CE recuperan información sobre las unidades económicas (UE) con establecimientos en zonas urbanizadas, por tanto, no consideran UE del sector rural (agropecuarias, pesqueras, forestales) ni UE sin establecimiento. En cambio, la ENOE capta información de todas las UE, pero únicamente desde la perspectiva de la ocupación. La definición de los CE para las UE informales es muy precisa: tienen hasta 5 personas ocupadas, no pagan contribuciones a la seguridad social, no forman parte de otra empresa con varios establecimientos, no tienen personal contratado por otra razón social, no pagan servicios de contabilidad, legales, de mercadotecnia. Si reúnen todas esas características, Inegi las cataloga como UE informales y su información se contabiliza en las cuentas nacionales como “economía informal”. El dato más reciente de los CE 2024 contabiliza 3.5 millones de UE informales, que representan 67% de las UE micro y 62% del total de las UE del país. Queda claro: cualquier otra forma o modalidad de “informalidad” -como la evasión fiscal o de la seguridad social- en UE con más de 5 personas ocupadas no se cataloga como UE informal. Por su parte, la ENOE contabiliza a personas ocupadas que tienen “trabajos informales”. La definición de Inegi del “trabajo informal” aplicando estándares estadísticos internacionales combina dos situaciones, sin duplicarlas en la cuenta: personas ocupadas en unidades económicas informales y/o en trabajos que no reconocen la relación laboral y específicamente la afiliación a la seguridad social. La combinación de ambos criterios complica, pero la realidad de vulnerabilidad de los trabajos es la clave, son trabajos precarios, sin protección social, ni derechos laborales. De hecho, 99.9% de los trabajos informales carecen de afiliación al seguro social. El dato más reciente sobre “ocupación informal” contabiliza 32.6 millones de personas (M) esto es una tasa de informalidad laboral de 55% sobre el total de la población ocupada (59.6 M). La ENOE también reporta que 35.9 M carecen de afiliación al seguro social.
Si bien, es indudable que la “bancarización” y medidas de desarrollo emprendedor pueden contribuir a la creación de negocios formales, el nudo gordiano de la informalidad son los incentivos para vincular el registro fiscal de las UE micro (incluyendo el autoempleo) con la afiliación al seguro social de quienes trabajan en ellas. El “Régimen de Incorporación Fiscal” creado en 2014 -en proceso de extinción- y ahora el “Régimen Simplificado de Confianza– Resico” creado en 2022, se concentraron sólo en facilitar y subsidiar el pago de impuestos (ISR). Pero para enfrentar la raíz de la informalidad, el camino es el “monotributo” implementado ya en Uruguay, Argentina y otros países, que establece un pago único para pequeños negocios y trabajadores por cuenta propia, que unifica tanto impuestos: ISR e IVA, como contribuciones al seguro social. Mientras sea posible tener RFC, emitir facturas fiscales (CFDI) y pagar ISR sin afiliarse al IMSS, el principal incentivo a la informalidad provendrá de la política fiscal, peor aún si el Resico es tan generoso en sus límites de ingreso y subsidio de impuestos. (Por ejemplo, el Resico cobra 3% de ISR a personas físicas con ingresos mensuales de ¡290,000 pesos al mes!, mientras que si son asalariadas pagan 15%, si ganan la décima parte: 30,000 al mes). Para enfrentar la informalidad de raíz, urge crear un pago único, como el “monotributo” que combine inseparablemente los impuestos y las contribuciones. Si además creamos un monotributo con un subsidio gradualmente decreciente como era el RIF, el impacto sería múltiple y mayor el alcance. Para ello, se podría asignar una parte del subsidio para “IMSS Bienestar” a este propósito. Es hora de arreglar el Resico, creando el “monotributo”, crear un acceso subsidiado al IMSS para micronegocios y autoempleados es el incentivo imprescindible para la formalidad. _____ Nota del editor: Rogelio Gómez Hermosillo es Presidente Ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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