En un país en el que la libertad de expresión ha estado marcada por la estigmatización a la prensa desde el poder y por la la violencia en contra de periodistas, la emisión de los Lineamientos Generales para Garantizar la Protección de los Derechos de las Audiencias pone en riesgo la libertad de expresión y puede atentar contra la democracia en México. A 13 años de la reforma constitucional en la que se incorporaron los derechos de las audiencias en la administración de Enrique Peña Nieto, el gobierno federal puso a consulta pública la los lineamientos con los que se definen cuáles son estos derechos, las responsabilidades y sanciones a los medios, en caso de incumplirlos, lo que ha generado un debate sobre si abre la puerta al control gubernamental de medios concesionados, es decir, la radio y la televisión. Para expertas en medios, estas medidas son comunes en gobiernos que no ven bien los cuestionamientos al ejercicio del poder y, con ellas, buscan tener control sobre los contenidos a través de la «autorregulación» y alertaron que luego de los antecedentes que el gobierno anterior y actual tienen sobre la crítica, la medida puede poner en riesgo la libertad de expresión.
El riesgo para la democracia “Los medios de comunicación están para ofrecer luz, para ofrecer información y las personas tenemos derecho a tener acceso a esos medios de comunicación, cual sea que sea la línea editorial porque nosotros podemos decidir qué es lo que vamos a consultar”. Pareciera que el objetivo es como una mira política para 2030. ¿Qué se va a poder decir y qué no se va a poder decir de las y las candidatas que van a contender? Lo que se busca es que desde el gobierno se controle la información, es algo gravísimo»
Para Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de Artículo 19, en cualquier democracia es indispensable que se salvaguarde el derecho a la libertad de expresión, pero hay gobiernos que les incomoda la prensa y han optado por presentar a los medios de comunicación como «enemigos» de los proyectos. “Al poder le incomoda que exista luz y diferente flujo informativo, contenido noticioso respecto a lo que está haciéndose en el poder, le molesta el escrutinio, la crítica”, afirma Tudón. Sara Mendiola, directora ejecutiva del Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica (CIC Propuesta Cívica), sostiene que a diferencia de otros gobiernos en los que había señalamientos hacia la prensa, en la pasada y presente administración se pasó de los dichos a los hechos. «A Morena le perturba el periodismo crítico, ese periodismo que observa al poder, ese periodismo de investigación, pero no es de este gobierno exclusivamente. El periodismo y sus periodistas incomodan (siempre) al poder, pero de eso a crear mecanismos para agredir o censurar, hay una clara marca en el gobierno de Morena», sostiene. Ante las críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha aclarado que la intención no es censurar ni sancionar a los medios de comunicación, sino asegurar que se garantice el derecho de la ciudadanía de que no se difundirá «información falsa o descontextualizada» en un proceso de «autorregulación». “Ya empezaron hoy a decir que ‘es censura’. No tiene nada que ver con la censura, es el derecho de las audiencias”, aseguró el pasado martes en Palacio Nacional, al señalar que cada medio deberá publicar su código de ética y nombrar su figura de «Defensor de audiencias». Mariana Calderón Aramburu, abogada constitucionalista y especializada en derechos humanos y electoral, sostiene que que con los lineamientos, el Gobierno federal está obligando a que los medios de comunicación acoten la información que dan y la acomoden a ciertos beneficios e intereses. “La tendencia permitiría concluir que lo que van a decir que hay medios que sí hacen bien su trabajo y serán aquellos medios que dan información a fin a los intereses del gobierno. Eso es peligroso en una democracia, no hay nada más peligroso que no poder recibir una pluralidad de noticias y poder elegir qué escuchamos y qué no”, enfatiza. Por ello, Mendiola explica que en una democracia, al gobierno no le corresponde convertirse en el juez de la información y determinar qué información debe circular y considera que esta medida tiene un objetivo más bien con miras al periodo electoral.
Estigmatización desde el poder En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue constante la estigmatización a los medios de comunicación. Desde principios de su administración, el entonces presidente calificó a los miembros de la prensa de “fifís”, “chayoteros”, “mercenarios”, “conservadores” y “hampa del periodismo”. Además, en su gobierno incorporó a la conferencia matutina la sección “ ¿Quién es quién en las mentiras” en junio de 2021, a cargo de Elizabeth García Vilchis, en la que exponía lo que consideraban era fakenews. En 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al gobierno a suprimirla al considerar que impulsaba la violencia y estigmatización hacia la prensa en México. “(Esta) sección continúa siendo un espacio utilizado por el Poder Ejecutivo para estigmatizar y descalificar el trabajo de la prensa», planteó el organismo. Con el gobierno actual se mantuvo una sección en su conferencia de prensa para abordar los desmentidos llamada “El detector de mentiras” , en la que también se exponen las que a su consideración son noticias falsas. El 1 de junio pasado, la presidenta anunció que además que habría una nueva conferencia denominada “Derecho de Réplica”, al considerar que los medios de comunicación no publican las réplicas del gobierno federal.
En el PRI también se incomodaron
¿Qué son los derechos de las audiencias y q No difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual. Permitir el derecho de réplica. Distinguir entre noticia y opinión. Distinguir entre publicidad y contenido. Así como nombrar a una figura defensor de las audiencias.
La crítica, salvaguardada por la SCJN
Pero los gobiernos de la llamada 4T, no son los únicos que se han incomodado con la libertad de expresión, en sexenios anteriores y en el mundo hay claros ejemplos de ello. El tema del derecho de la audiencias nació en 2013 en el gobierno de Peña Nieto. Se cambió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) para facultar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para emitir lineamientos operativos. A lo largo de los años, el alcance de estas reglas ha sido objeto de varias batallas judiciales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) , dividiendo posturas entre reguladores, concesionarios de medios y defensores de derechos humanos. “A Peña Nieto le molestó mucho, por ejemplo, el tema de la Casa Blanca, pero también podemos recuperar estas experiencias en otros países, en Nicaragua, en Venezuela, en Sudán del Sur. También tenemos el ejemplo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que todo el tiempo habla mal de los medios, los estigmatiza, los ridiculiza. Al poder mismo, ya sea de derecha o izquierda le incomoda el trabajo periodístico”, agrega Marta Tudón. En el entonces presidente Peña Nieto fue criticado cuando tras el anuncio de un paquete de medidas anticorrupción, dijo a los periodistas como queja «Ya sé que no aplauden», pero también por haber empujado una «autoregulación» en los medios de comunicación a la cobertura sobre la violencia con la suscripción del «Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia».
ué incluyen los lineamientos? Desde el pasado 27 de julio, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) puso a consulta los Lineamientos Generales para Garantizar la Protección de los Derechos de las Audiencias entre los que se incluyen: Los artículo 10 y 208 de
Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión facultan a la CRT vigilar el cumplimiento de los lineamientos y sancionar sus violaciones. Si los lineamientos son aprobados, el proceso para interponer una queja ante un medio por parte de una audiencia será así: 1. Una persona presenta una queja. 2. La Defensoría recibe la queja y pide un informe al medio contra el que se puso la queja. 3. Si se comprueba que se vulneraron los derechos, se emitirá una recomendación al medio. 4. Si el medio de comunicación no atiende la recomendación, se acudirá a la CRT para que intervenga. 5. En caso de que el medio incumpla, se recurrirá a sanciones. La consulta que se realiza desde el pasado 27 de julio se da en medio de un clima de violencia contra los periodistas. De acuerdo con un conteo de la organización Artículo 19, desde el año 2000 en el país han ocurrido
181 asesinatos de periodistas en posible relación con su labor. Con 48 homicidios, el sexenio de Felipe Calderón fue el de más violencia para la prensa en México. Mariana Calderón Aramburu afirma que con el proyecto de Lineamientos Generales para Garantizar la Protección de los Derechos de las Audiencias hay riesgo de “censura”. “Estos (lineamientos) buscan otorgar facultades al Estado para supervisar la forma en que los periodistas dan las notas, emiten opinión, e incluso se permite que la autoridad pueda revisar si la información que dan está contextualizada o no, o si es verdadera. Lejos de potencializar un derecho (…) lo que hacen es crear un modelo para
castigar, perseguir y disciplinar ”, menciona. Sara Mendiola explica que no es labor de un gobierno intervenir en el flujo de la información ni decir qué información sí y qué información no tiene que circular, incluso aquella que es crítica y recuerda que la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió jurisprudencia al respecto. «La Corte dijo la crítica está protegida constitucionalmente porque es precisamente esa crítica donde el periodismo tiene su mejor expresión y dijo ‘que aguanten las figuras públicas, que aguanten las autoridades’. El problema de estos lineamientos es que puede atentar contra todo eso», indica. En agosto de 2025,
la SCJN determinó que manifestaciones externadas en una columna de opinión publicada por un periodista merecen protección constitucional si cumplen con el estándar de veracidad.
«Lineamientos
light» En caso contrario, Gabriel Sosa Plata, defensor de las Audiencias de Canal 44 y de Radio Universidad de Guadalajara, considera que desde el gobierno federal no se busca censurar y defendió el proyecto de lineamientos que, aseguran, tienen un enfoque “humanista” y representan un “soporte” para una libertad de expresión con responsabilidad. “Son lineamientos bastantes light o ligeros comparados con las necesidades que existen para fortalecer estos derechos (de las audiencias). me parece que es un buen documento en el que se aterriza de manera clara algunos de estos derechos, en cómo se pueden materializar día a día”, plantea. Asegura que este proyecto que presentó el Gobierno Federal tiene una visión autorregulatoria, ya que los propios medios de comunicación llevan a cabo el proceso de revisión de las quejas que presente la audiencia, y sólo en “casos extremos” interviene la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Sosa Plata menciona que la mayor novedad en los lineamientos, radica en la posibilidad de aplicar sanciones. “Esto ya es una medida extrema y sinceramente no veo la posibilidad para que se inicien procedimientos administrativos que vayan hacia una sanción administrativa, aunque sí lo prevé la ley”, sostiene.
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