La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá mañana un proyecto elaborado por la ministra Estela Ríos González, que perfila eximir de responsabilidad al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal tras no haber emitido una Ley o una partida presupuestaria en atención a las víctimas de desplazamiento forzado interno. El Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE) fue quien promovió un juicio de amparo para responsabilizar a estas instituciones, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda de la falta de mecanismos de atención y protección para las víctimas.
¿Qué dice el proyecto sobre el desplazamiento forzado?
La Suprema Corte atrajo el asunto y es su deber pronunciarse sobre la demanda; sin embargo, el proyecto anticipa que las instituciones del Estado no incurrieron en omisiones y niega el amparo a la asociación civil. En el amparo a revisión 269/2025 , la ministra María Estela Ríos admite la existencia del desplazamiento forzado interno, lo define como las personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares a consecuencia de conflictos armados, situaciones de violencia o desastres naturales, pero sostiene que no existe el Congreso de la Unión no está obligado legislar en la materia. “En el marco normativo interno no existe precepto constitucional o convencional que pueda determinar, material o formalmente, de manera concreta y precisa las facultades y competencias que obliguen al Congreso de la Unión a legislar en materia de desplazamiento forzado interno”, concluye. Respecto de las omisiones atribuidas a las autoridades del Poder Ejecutivo Federal llega a la misma conclusión. Además, la Ministra indica que este fenómeno ya ha sido reconocido y atendido por distintas autoridades del Estado mexicano, que -dice- no están obligadas a legislar al respecto. Bajo este razonamiento, propone negar el amparo y descartar la omisión reclamada.
Piden Corte cercana a víctimas de desplazamiento forzado
El Consejo Nacional de Litigio Estratégico exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a “no aprobar el proyecto en sus términos y a reconocer las obligaciones del Estado para atender el desplazamiento forzado interno”. En un comunicado, pidió garantizar la protección efectiva de las víctimas y aseguró que es ahora cuando la Suprema Corte debe demostrar que su lema es efectivo. “Una Corte cercana al pueblo no se define por su discurso, sino por sus decisiones cuando las víctimas acuden en busca de justicia (…) Todavía está a tiempo de abrir la puerta”, sentenció la organización. El Consejo afirmó que lo que está en juego va más allá de este caso y le recordó a las y los ministros que con este amparo a revisión tienen la oportunidad de reconocer la responsabilidad del Estado y “establecer una respuesta integral frente a la crisis”.
“Sin una ley federal, una institución y un presupuesto específico, las personas desplazadas carecen de un sistema que garantice su reconocimiento como víctimas, su atención y los apoyos para reconstruir sus vidas o regresar a sus comunidades en condiciones de seguridad”, dice la circular. Asimismo, subrayó que reconocer que las personas desplazadas tienen derechos y negar que exista una obligación de legislar es una paradoja que puede perpetuar la falta de respuesta integral del Estado.
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